“Este año habrá más listados, con nombres de suboficiales”, adelantó el titular del ANM, Ramón Torres Molina a Télam, a casi dos meses del más significativo aporte efectuado a la justicia con los nombres de más de 4.200 civiles y militares que reportaba al Batallón 601, la más grande estructura de inteligencia del Ejército que operó entre 1976 y 1983.
Desde la oficina donde funcionara la Escuela de Guerra Naval de la ESMA, en el predio recuperado como espacio de la memoria, el abogado platense, ex fiscal y ex preso político de las dictaduras de Roberto Levingston en 1968 y de la junta militar que irrumpió el poder el 24 de marzo de 1976, tiene la oportunidad de ponerse al frente de la reivindicación de la memoria histórica.
“Hay una memoria que a través de la historia trató de imponer a la sociedad conceptos que son necesarios revertir con otro tipo de valoración”, señaló al poner como ejemplo que la dictadura militar “impuso la lucha contra la subversión, que pierde fuerza con la recuperación de la democracia”.
Sin embargo, Torres Molina consideró que entre 1983 y 1984, se instala la concepción de “lucha entre dos aparatos, el represivo y las guerrillas, que se representaba con la teoría de los dos demonios” y que tenía como pretensión “separar al conjunto de la población”.
Para el funcionario, la reforma de la Constitución Nacional en 1994, con la incorporación del artículo 36 que consagra el derecho a la resistencia “se contribuye a reivindicar las luchas contra la dictadura con independencia de su efectividad”.
Entusiasmado por el trabajo “complicado, lento y minucioso” de los equipos técnicos del ANM, adelantó que está en plena elaboración “una nueva lista con nombres de suboficiales” que completará la que entregara al juez Ariel Lijo con la nómina de oficiales y civiles que revistaron en tareas de inteligencia durante la dictadura.
“Creemos que la nómina de civiles está completa, pero falta una lista de suboficiales con nombres de sargentos primeros, oficiales mayores, suboficiales, mayores, cabos y soldados que tras cumplir el servicio militar obligatorio pasaban a revistar como personal de inteligencia”, señaló el titular del ANM.
Respecto de la Fuerza Aérea y la Armada, Torres Molina estimó que “hay menos personal civil”, según la información que disponen hasta ahora.
Responsable del organismo desde 2008, al reemplazar por un decreto de actualización de funciones al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, Torres Molina precisó que el ANM almacena en su acervo “unos mil doscientos metros lineales de documentación en soporte gráfico y más de 4 millones de fojas digitalizadas”.
El Archivo fue creado en diciembre de 2003, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con el fin de obtener, clasificar y preservar documentos, información y testimonios sobre las rupturas institucionales en el país y sus consecuencias en las violaciones a los derechos humanos.
El acervo está compuesto por el fondo documental de la Secretaría de Medios de la Presidencia de la Nación de 1934 a 1994; los archivos CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y SDH (Secretaría de Derechos Humanos); documentación sobre leyes de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, y material digitalizado donde constan la mayoría de causas por delitos de lesa humanidad.
“El material del ANM no está limitado a la dictadura militar, sino a las acciones que promueve o tolera el Estado y a la lucha contra esas violaciones a los derechos humanos por parte de las organizaciones sociales” aclaró, y adelantó que al finalizar las obras de remodelación todo el material podrá ser consultado por el público.
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