El gobierno provincial publicó este martes en el Boletín Oficial los decretos 133 y 135 que disponen la revisión de la deuda heredada de la gestión anterior. Si bien ambos textos fueron firmados el viernes 21 de febrero por el gobernador Omar Perotti y el ministro de Economía Walter Agosto, entraron en vigencia recién este martes a partir de su publicación oficial.
A través de esas herramientas, el Ejecutivo “consolida” las deudas que mantiene con proveedores de servicios y empresas de obra pública con el objetivo de revisar los montos y reprogramar los pagos en planes mensuales, anuales o plurianuales.
El decreto 135 le permite al gobierno patear la pelota para adelante: la “consolidación de deudas” es un mecanismo para cancelar los pasivos a través un nuevo préstamo o crédito que le permite al deudor (en este caso el Estado) cubrir otros préstamos o deudas ya vencidas. En tanto, el decreto 133 indica que los pagos que se realicen por deudas vencidas anteriores al 31 de diciembre de 2019 serán efectuados “a cuenta del mayor monto que pueda ingresar y reconocerse en el procedimiento reglamentario del artículo 54 de la ley N°13.938 (presupuesto 2020)”.
El artículo 54 del presupuesto vigente dice consolida en el Estado Provincial, entes descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas, sociedades y otros entes del Estado, municipios y comunas, las obligaciones vencidas anteriores al 31 de diciembre de 2019 y autoriza al Poder Ejecutivo y a los municipios y comunas a afectar los recursos fiscales, créditos, emitir títulos públicos o instrumentar otros medios sucedáneos de pago, que resulten necesarios para cancelar las obligaciones que se consoliden en jurisdicción provincial, municipal o comunal.
En otros términos, el decreto firmado por Perotti y Agosto es una herramienta fáctica que se otorga el Ejecutivo para poder cancelar las deudas a través de los mecanismos que el propio gobernador ya había anunciado semanas atrás: pagarés y cheques diferidos.
Previo a esa instancia, habrá una etapa de revisión a cargo del propio Poder Ejecutivo. De acuerdo al decreto 135, los acreedores de la provincia tendrán tiempo hasta el día 31 de marzo para gestionar sus cobros, informando al Estado cuánto se les debe para que esas acreencias sean sometidas a revisión. Luego, el gobierno les dirá a sus acreedores cuál es el monto de la deuda que reconoce y cómo se pagará.
“Transcurridos 30 días del término para la registración se procederá a la remisión de los trámites administrativos a la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a los efectos de opinar sobre la admisibilidad y procedencia de la petición y controlar la liquidación de la acreencia invocada y, de corresponder, la compensación de deudas a favor de la provincia”, agrega el decreto 135. Con ese trámite el gobierno pretende reducir el monto de las deudas y sacarse de encima aquellas que considera irregulares o infundadas.
Por último, se establece que una vez reconocida la deuda y establecido el mecanismo de pago, el Ministerio de Economía notificará a los acreedores la aceptación del monto y la forma de pago y, dentro de los 30 días corridos de recibida esa notificación, el beneficiario deberá aceptarla y renunciar “en forma expresa a ejercer cualquier vía de reclamo o recurso por cobro de la misma”.
La publicación de los decretos coincide con las dificultosas negociaciones entre oficialismo y oposición, en la Legislatura, por la Ley de Necesidad Pública que reclama el gobierno de Perotti. Desde el Frente Progresista interpretaron que de esta manera la provincia ingresa en una virtual “cesación de pagos”.
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