Ana Laura Píccolo
Hace dos meses, una sentencia definitiva confirmaba las denuncias contra la empresa Atanor, la productora de herbicidas más grandes del país, por niveles escandalosos de contaminación en el río Paraná y su entorno ubicado en pleno radio urbano de San Nicolás. El fallo hizo lugar a un recurso de amparo tramitado hace una década por la Asociación Civil Foro Medio Ambiente (Fomea) y por vecinos de los barrios Química y Ponce de León, linderos a la planta industrial, ante numerosas enfermedades crónicas y muertes de cáncer atribuidas al contacto con productos altamente tóxicos para la salud y el ambiente. En consecuencia, la Fiscalía federal solicitó esta semana la indagatoria de seis directivos de la firma y de ocho funcionarios de organismos de control provincial. Además, la querella pidió que sea citado a declarar el fiscal provincial Rubén Darío Giagnorio por su presunta connivencia con la firma de agrotóxicos en el archivo de una denuncia penal tras celebrar una “remediación” que los ambientalistas tildaron de fraudulenta.
El pedido de indagatoria fue solicitado este martes ante el juez Carlos Villafuerte Ruzo por el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, quien imputó a seis directivos de la empresa agroquímica Atanor SCA y a ocho funcionarios de dos órganos de control de la provincia de Buenos Aires por distintos grados de responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná, el agua, el aire y el suelo de la zona.
La causa penal está en trámite desde 2014 cuando denunciaron que Atanor generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados, entre otras acusaciones vinculadas a deficiencias edilicias y tecnológicas.
El expediente acumuló 13 cuerpos con material probatorio confeccionado por crudos testimonios de vecinos que relatan el padecimiento de vivir rodeados de enfermedad y muerte, e incluye un relevamiento realizado en uno de los barrios linderos a la planta industrial donde detectaron 200 fallecimientos por cáncer en un radio de seis manzanas.
La investigación cuenta además con la declaración de especialistas en la materia como científicos, médicos y hasta una enfermera del hospital de niños Garrahan que brindó cuidados paliativos a una vecina del barrio que falleció de cáncer a los 6 años de vida.
En total, el pedido de indagatoria ocupa 117 páginas de acusaciones.
Imputación
La Fiscalía federal informó que la investigación penal cuenta con pruebas fehacientes sobre la presencia de herbicidas e insecticidas en la zona: atrazina en las muestras químicas del agua, y cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.
Ante ello mencionó que el directorio de Atanor quedó imputado por haber contaminado (hasta mediados de 2020) el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río con residuos peligrosos”, poniendo en riesgo la salud la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de San Nicolás.
El pedido de indagatoria de la Fiscalía recayó sobre el gerente de la planta Atanor, Roberto Germán Goncebat y otros cinco directivos que tuvieron cargos ejecutivos entre 2016 y 2019: César Emilio Rojas (presidente), Sebastián Canavese (vicepresidente), Agustín Herrera (director, vicepresidente y asesor legal), Raúl Alberto Lluy (director) Ángel Daniel Vergara del Carril (síndico).
El fiscal Di Lello también imputó a ocho empleados públicos de organismos de control provincial por “haber incumplido con la misión y función impuesta” en lo atinente a la preservación de los recursos naturales y la fiscalización de todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, el agua, el suelo y pudieran afectar el ambiente.
Se trata de los directores ejecutivos del Ministerio de Medioambiente de Buenos Aires (Hugo Javier Bilbao, Ricardo Eduardo Pagola, Rodrigo Aybar Perlender y Juan Ignacio Bradinelli); y otros tres funcionarios de la Autoridad del Agua, un organismo de supervisión provincial encargado de reglamentar y vigilar la conservación de ese recurso (Norberto Daniel Coroli, Pablo Rodríguez y Luis Alfredo Siri).
En tanto, la querella dio a conocer que ampliarán el pedido de imputación al fiscal provincial Rubén Darío Giagnorio, titular de la UFI 6 de San Nicolás, por la presunta comisión de tres delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público.
Archivo ilegal
Desde la Asociación Civil Foro Medio Ambiente de San Nicolás (Fomea), querellantes en la causa, informaron que las conductas mencionadas se relacionan a que el fiscal Giagnorio “archivó una denuncia contra Atanor idéntica a la que está en curso ante la Justicia federal”, tras celebrar “un ilegal acuerdo con los directivos de la empresa que consistió en un fraude de remediación”.
Fomea dijo a El Ciudadano que respecto a su pedido aportarán nuevas pruebas y recordaron que durante años le exigieron al fiscal Giagnorio que se declare incompetente y envíe la causa al fuero federal, en vez de archivarla.
Se trata de una causa penal que inició la empresa Atanor en 2009 contra un grupo de sus propios trabajadores, a los que denunció penalmente porque supuestamente “coaccionaban” a la firma con denuncias de contaminación.
Según Fomea, cuando esa causa llegó a la Cámara de Apelaciones provincial, los jueces, lejos de condenar a los trabajadores, les quitaron todo tipo de responsabilidad y ordenaron que se abra una investigación penal por el testimonio que habían brindado sobre el tratamiento de residuos peligrosos y el volcado de efluentes ilegales al río Paraná.
Así, la causa continuó en manos del fiscal provincial que, según Fomea, acordó una solución alternativa del conflicto penal con los abogados de Atanor, “algo completamente ilegal que resolvió sin citar a las víctimas del barrio ni a los trabajadores”. Asimismo, los ambientalistas aseguran que el archivo de la causa se basó en un supuesto plan de remediación que fue “un fraude” y que se demostró días después cuando la Justicia Federal allanó Atanor y tomó muestras en 13 lugares distintos que dieron resultados positivos de contaminación.
Esos operativos se dieron en el marco de un recurso de amparo ambiental solicitado por Fomea en 2014 ante la Justicia federal en su intento de poner freno a la “masiva contaminación del ambiente con agroquímicos y la grave afectación en la salud de los vecinos de San Nicolás”, informaron. Por esa causa la Fiscalía pidió esta semana la indagatoria de 14 personas.
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