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Encuentran a 120 personas en condiciones de esclavitud

Fue en el marco de una serie de allanamientos que realizó la Justicia en estancias de la localidad de Ramallo.

Alrededor de 120 trabajadores rurales provenientes de la provincia de Santiago del Estero fueron encontrados ayer en una estancia de la localidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, cumpliendo tareas “en condiciones ilegales y de esclavitud”, como consecuencia de un allanamiento que realizó la Fiscalía Federal de San Nicolás, según informó el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato.

“Se encontraron 120 personas trabajando en condiciones de esclavitud, entre ellos niños, en un campo de Ramallo”, señaló Piumato. La empresa involucrada en este hecho ilícito es la alimenticia Status Ager SA, productora de semillas de maíz y soja desde 1996.

Piumato, quien está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, precisó que en el lugar del allanamiento –en la estancia Santa Celestina, en el kilómetro 195 de la ruta 9, de la localidad bonaerense de Ramallo–, se extendió el operativo judicial para detectar las condiciones de trabajo que tenían los empleados rurales de la estancia.

Los responsables de la empresa, al ser consultados sobre el tema, prefirieron no responder las preguntas de la prensa, ni hacer un descargo ante las denuncias.

En la página de internet de la firma figura que posee dos instalaciones de acondicionamiento, que emplea a más de 100 personas, que cultiva 6.500 hectáreas anualmente en la Pampa Húmeda, y que sus exportaciones a Estados Unidos, Canadá y Europa la colocan como “la empresa líder en exportación de semillas”.

Por su parte, Piumato informó que los trabajadores estaban divididos en dos cuadrillas, una de 40 personas y otra de 80, que trabajaban a ambos lados de la ruta 9, a la altura del kilómetro 195, en tareas rurales. Además, agregó que estos trabajadores “viven en condiciones de esclavitud y duermen en carros”. Asimismo sostuvo que “se sospecha que podría haber trata de personas, ya que se encontraron micros en los que los trabajadores podrían haber sido trasladados” desde la provincia de Santiago del Estero.

En los últimos quince días, el Ministerio de Trabajo junto al fiscal Nicolás Rubén Giagnorio, titular de la UFI 6 de San  Nicolás, realizaron dos operativos en los que también se encontró a 189 personas, en total, oriundas de Santiago del Estero que estaban trabajando “en condiciones infrahumanas” en dos estancias del municipio de San Pedro. A raíz de estos hallazgos, se está investigando la posibilidad de la existencia de una organización criminal dedicada a reclutar personas con el fin de que trabajen como esclavos para establecimientos rurales.

En estos dos allanamientos, durante el mes de diciembre, las empresas que estuvieron involucradas fueron la multinacional Nidera, y Southern Seeds Production SA (SSP).

Según dan cuenta los funcionarios de las fiscalías que intervienen en estos expedientes, los trabajadores duermen hacinados en trailers de chapa, sin baño, sin agua corriente y, en algunos casos, sin luz. Además, no cuentan con condiciones mínimas de higiene, salud y seguridad para realizar sus tareas.

Durante la investigación se pudo comprobar que estas personas trabajaban durante todo el día, sin que pudieran abandonar la finca debido a que el camino más cercano está a 15 kilómetros de distancia. Incluso, en uno de los casos de San Pedro, además de reducción a la servidumbre, se detectó una posible malversación de fondos públicos porque estaban utilizando para alimentar a los trabajadores productos de distribución gratuita que el ministerio de Desarrollo Social de la provincia asigna para atender a los indigentes.

Los trabajadores son trasladados desde provincias del interior del país –en especial del norte, como Santiago del Estero– para la cosecha del maíz, que es habitual a esta altura del año. La desfloración del maíz es una tarea que debe realizarse totalmente en forma manual, por lo que requieren de una gran cantidad de gente.

Las empresas involucradas tienen, a partir de los allanamientos, un plazo para presentar la documentación que acredite a los trabajadores y, de no tenerla, se les aplicará una multa de 5 mil pesos por cada trabajador contratado en forma irregular.

La representación sindical de estos trabajadores la tiene la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que conduce a nivel nacional Gerónimo “Momo” Venegas, alineado políticamente con la mesa sindical que respalda la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde.

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