Rodrigo Arévalo
El presidente Mauricio Macri visitó este lunes Rosario y volvió a reclamar a la Legislatura santafesina la adhesión a la ley nacional de ART. En un acto sin aviso previo, relámpago (13 minutos desde que bajó del helicóptero hasta que volvió a subir), y sin la participación de las autoridades locales ni provinciales. Macri inauguró un tramo de la Circunvalación que conecta con la ruta nacional 34, donde aprovechó para volver a presionar por la sanción de la norma que, según su entender, reduciría los litigios laborales. Entre los pocos presentes en el acto –la mayoría fueron dirigentes de Cambiemos– estuvieron el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el intendente de Santa Fe, José Corral, el diputado provincial Federico Angelini, concejales y legisladores nacionales, aunque llamó la atención la ausencia del edil rosarino Roy López Molina, el principal candidato a intendente para las elecciones del año próximo.
La respuesta al reclamo
“Necesitamos que Santa Fe adhiera porque es la provincia más grande que no ha adherido. Necesitamos que baje la litigiosidad y vuelva la vocación de generar empleo. Esta litigiosidad destruyó pymes y puso en peligro empresas grandes y medianas”, se quejó Macri en el acto de ayer.
“El proyecto de adhesión a la ley de ART que se está discutiendo en la Legislatura contempla cambios “para no vulnerar los derechos de los trabajadores”, explicó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Solís.
El proyecto fue presentado por el diputado socialista Rubén Galassi y contempla una adhesión con dos diferencias fundamentales a la norma nacional: la creación de comisiones médicas en las principales ciudades de la provincia (sólo existe una en Rosario) y la posibilidad de que el trabajador inicie un juicio en el caso de que el trámite fracase en el plazo de 60 días.
En diálogo con El Ciudadano, el abogado laboralista Jorge Elías explicó que esta alternativa es “más respetuosa” para con los trabajadores y permitiría al gobierno de Miguel Lifschitz “evitar las presiones” que ejerce el Ejecutivo nacional.
Elías recordó que sólo Capital Federal y la provincia de Buenos Aires adhirieron sin cambios a la ley nacional, que tiene “el objetivo de sacarse gente de encima para que no reclame”. “Es una violación de las garantías mínimas que debe tener un trabajador y tiene la perversa finalidad de que no hagan el reclamo”, dijo.
La primera provincia que adhirió a la ley con modificaciones que tienden a proteger al trabajador fue Córdoba. Incluso distritos gobernados por Cambiemos, como Jujuy y Mendoza, también la votaron con condicionamientos. “Cuando Macri nombra a las provincias que adhirieron, no se da cuenta que la mayoría lo hicieron con condiciones que no son las que el gobierno quiere”, analizó Elías.
Elías descartó que la litigiosidad laboral sea una causa real de la falta de empleo en la Argentina, como advierte Cambiemos. “La ley actual está desde la época de (el ex presidente, Carlos) Menem. O sea que se fue creando y destruyendo empleo por otras razones. Un empresario no cierra su empresa porque tenga que pagar un 4% de seguro”, señaló. Y cuestionó al gobierno nacional: “Cuando se fracasa y no se puede sacar el país adelante, se busca a alguien para echarle la culpa”.
“Una reforma equilibrada”
El diputado Solís, del Frente Progresista, dijo que en la comisión de Asuntos Laborales sólo se está discutiendo un proyecto, que es el de Galassi. Otros tres son de legisladores de Cambiemos, que proponen la adhesión total a la ley nacional, y hay un quinto del radical Julián Galdeano.
“No estamos de acuerdo en adherir lisa y llanamente a la norma nacional. Lo que estamos discutiendo es un proyecto muy alejado de lo que quiere Macri. Queremos una reforma equilibrada que no afecte los derechos de los trabajadores”, explicó el ex secretario gremial de la UOM de Las Parejas a El Ciudadano.
La creación de más juntas médicas es el principal punto que agrega el proyecto del socialismo. Incluso, el diputado provincial justicialista, Luis Rubeo, puso esa condición para que su voto sea positivo.
Entre otros puntos de la ley que quitan derechos, Solís advirtió la suspensión del salario mientras se resuelve el reclamo. “El trabajador seguiría cobrando su sueldo mientras dure el juicio. Ese es un punto fundamental”, dijo.
También contempla la posibilidad de que el trabajador inicie un juicio en el caso de que el trámite fracase en el plazo de 60 días.
“Perjudica a la provincia”
La diputada provincial de Cambiemos Cesira Arcando es la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Laborales. En diálogo con El Ciudadano, dijo que “el tema venía encaminado y había un principio de acuerdo, pero el socialismo siempre encuentra una excusa para dilatarlo”.
“Fueron posponiendo reuniones y el socialismo se niega a tratarlo. Esto perjudica a la provincia de Santa Fe porque ya estamos viendo las ventajas de Córdoba y Buenos Aires, que bajaron la póliza y redujeron la litigiosidad, uno de los puntos principales que evalúan las empresas a la hora de contratar personal”, analizó Arcando.
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