Ciudad

Política de salud

En Rosario se realizan más de 500 abortos legales por año

Leonardo Caruana, secretario de Salud del municipio, expondrá este miércoles en el Senado. Confirmó que en los últimos años en Rosario no ha aumentado el número de abortos legales.


La Salud pública de Rosario, la eliminación de la muerte de mujeres por abortos clandestinos, y las políticas públicas implementadas por el municipio marcaron una fuerte presencia en el debate que se realizó en Diputados en el marco del proyecto de ley sobre aborto legal, seguro y gratuito.

Leonardo Caruana, secretario de Salud del municipio, expondrá este miércoles en el Senado. En declaraciones radiales confirmó que en los últimos años en Rosario no ha aumentado el número de abortos legales. Y que los casos “se han mantenido constantes en los últimos cuatro años, variando entre 500 y 580 interrupciones voluntarias del embarazo anuales”. Sostuvo que si bien la cifra de abortos no punibles en Rosario es estable, se registran variaciones en la forma y lugar de realizarlos, ya que hay una disminución en los hospitales y, por el contrario, un incremento de casos atendidos en los centros de salud de los barrios, lo que implica la necesidad de servicios de salud accesibles, cercanos y amigables.

En abril pasado Caruana fue uno de los expositores que llevó a Diputados la experiencia del sistema de salud pública de Rosario en materia de aborto. Caruana fue uno de los 32 invitados por los legisladores para el inicio del debate en comisiones de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La ciudad fue invitada por los diputados que están a favor, porque es un caso testigo a la hora de pensar la despenalización. En los últimos seis años ninguna mujer murió por aborto en los centros de salud y hospitales municipales de la ciudad. La mortalidad cero responde a dos factores: desde 2007 se puso en marcha la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que la ley argentina permite bajo dos causales, y desde 2012 en todos los centros de salud se entrega misoprostol, la droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud para un aborto seguro.

En diálogo con El Ciudadano con motivo de su exposición en Diputados, Caruana definió la política municipal como un camino de 30 años marcado por las propias mujeres y por la decisión de pensar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos. “La mirada que tenemos en Rosario es integral, con instituciones que cuidan, acompañan y que no estigmatizan ni culpabilizan. Hace 20 años cuando una mujer entraba a un hospital con un aborto hecho en la clandestinidad no sólo tenía las complicaciones de salud como el síndrome de Móndor (con una mortalidad del 80 por ciento) sino que se agregaba la declaración con la policía en las guardias. Ese paisaje no se ve más y ninguna mujer muere por aborto desde hace seis años”, explicó.

La experiencia de Rosario en salud sexual fue puesta a disposición de las y los legisladores la semana pasada por la intendenta Mónica Fein. Caruana contó que las políticas públicas se basan en la educación sexual, la planificación familiar, el acceso a toda la diversidad de métodos anticonceptivos y a un trabajo de cercanía con la población. Para eso fue fundamental la ordenanza que en 2007 permitió la interpretación del código penal como no punible y la implementación de las guías y protocolos de ILE. “Cuando decimos que acompañamos y cuidamos lo hacemos desde una perspectiva de construcción de una clínica que prioriza el vínculo. Esto significa aplicar los protocolos pero también capacitar a los equipos”, opinó.

En el Congreso Caruana mostró los indicadores de Rosario. Habló de la mortalidad cero y destacó el logro en el contexto nacional de alta tasa de mortalidad materna. También expuso la disminución del embarazo adolescente y las políticas de parto respetado. “Así como la mujer debe decidir sobre su cuerpo a la hora de interrumpir un embarazo, también el parto es momento de decisión de la mujer, de cómo lo quiere tener, con quien y respetando los tiempos, sin poner la tecnología y el medicamento por encima del cuidado”, agregó.

Según el funcionario, el trabajo respetó a los objetores de conciencia sin perder de vista que no puede haber instituciones objetoras, sino centros de salud que garanticen derechos. Finalmente expuso sobre el desafío de pensar la producción pública de misoprostol como política de Estado y remarcó que los resultados de la ciudad implicaron decisión política y presupuesto.

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