La Argentina, en materia de controles, está en este tiempo en el peor de los mundos. La oposición intentará hoy en el Congreso (ambas cámaras) rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Cristina de Kirchner que creó el Fondo de Desendeudamiento. Pero nada asegura el éxito a ese emprendimiento: en el Senado la sesión pende una vez más de un hilo, es decir que Carlos Menem concurra para armar el quórum opositor (lo que por ahora parece difícil) y que ningún otro senador no kirchnerista se enferme o haya revisado su rechazo a esa medida durante la Semana Santa. En Diputados, el horizonte aparece más despejado, pero ya se analizan un par de “chicanas” políticas en el oficialismo para complicarlo.
En toda democracia, caprichos políticos más o menos, puede decirse que esa situación es normal: las leyes se aprueban o se caen según cada partido reúna la mayoría. Poco importa mientras los controles en el Estado se sigan aplicando.
Al final, la parálisis legislativa que buscó el Gobierno para mantener en vigencia alguno de los DNU sobre reservas terminó instalándose y no funcionó ninguna de las estrategias judiciales que la oposición intentó para frenar los pagos a bonistas que desde el lunes, formalmente, el Gobierno comenzó a realizar.
La Justicia, a su vez, frenó en su momento los DNU porque el Congreso no estaba funcionando y, por lo tanto, no podía cumplir su tarea de control de esos decretos, tal como lo establece la Constitución nacional.
Ahora, con jueces más o menos afines, esa decisión sería difícil de sostener ya que el Congreso legalmente comenzó a funcionar.
De ahí la liberación de los fondos que la Cámara le dio al Gobierno, aunque en la realidad el Parlamento no controla. Sólo una intervención relámpago de la Corte Suprema de Justiciahubiera frenado semejante cronología de dislates jurídicos, pero el tribunal no está apurado en dirimir esos temas. Menos cuando otro juez debe decidir sobre la conformación de la Bicameral de los DNU, con sentencia que ordenó reponer a un oficialista en su puesto (devolviendo así el empate a ese cuerpo), que luego fue apelada por Julio Cobos.
Renegociación
Esa Bicameral depende de una renegociación de posiciones entre el kirchnerismo y la UCR que no se destraba por culpa de esas dos partes y del peronismo disidente. Tanto Miguel Pichetto como Agustín Rossi volvieron a intimar a la oposición a que normalice la comisión. Es decir que Cobos levante la apelación a la Justicia.
En síntesis, hay un emperador que está desnudo: el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que regula el uso de los DNU, deja demasiadas lagunas para la interpretación que permite evadir los límites a esos decretos. La ley que reglamenta esos controles, la 26.122, fue redactada a medida por el kirchnerismo para que los DNU sigan vivitos y coleando aunque el Congreso no se exprese sobre ellos. Además de proveer suficiente confusión sobre el trámite de tratamiento como para marear a cualquier constitucionalista. Una obra maestra de Cristina de Kirchner.
Ninguno de esos instrumentos aclara, además, cómo debe manejarse el Congreso en temas espinosos; si hace falta o no que el Congreso esté en sesiones ordinarias para debatir el rechazo o ratificación de un DNU, y hasta pueden proveer una sorpresa de último momento.
El plazo para que la Bicameral emita un dictamen sobre el DNU del Fondo de Desendeudamiento ya se cumplió. El dictamen que ese cuerpo emitió no es totalmente válido porque se firmó cuando el cordobés Luis Juez accedió a ocupar un lugar allí por la oposición. Pero al cumplirse el plazo, los recintos pueden debatir de oficio los decretos, es decir, sin dictamen de comisión. Ahora el kirchnerismo analiza exigirle hoy a la oposición que reúna los dos tercios de los votos para avanzar contra el decreto de la polémica ya que no existe dictamen. Es una chicana del reglamento, pero que una vez más puede hacer caer las sesiones, si es que los bloques opositores reúnen el quórum para frenarle el uso de la caja del BCRA a Cristina de Kirchner.
Panorama
Deteniéndose un instante, entonces, el panorama hacia atrás no es alentador: la guerra por las reservas comenzó el 14 de diciembre y a tres meses y medio todos los mecanismos para controlar los DNU fallaron. En todos los casos siempre hubo algún recoveco constitucional o judicial que permitió que los decretos continuaran con vida. Se fue el verano y el Gobierno ya paga deuda a bonistas con reservas. No parece ése el espíritu que Raúl Alfonsín le quiso dar al artículo 99 inciso 3 cuando pensó que incorporando los DNU a la Constitución se podría frenar la máquina de firmar decretos de Carlos Menem.
En el Senado, la situación general ya es de hastío. El primero en pegar el grito fue el cordobés Luis Juez al asegurar que ya no restará el quórum a ninguna sesión. Tras esa declaración que pareció una proclama oficialista, la propia UCR definió un camino similar.
Hoy, tenga quien tenga el número, los radicales bajarán a debatir los cambios en el reparto del impuesto al cheque, el pedido de interpelación a Amado Boudou, el acuerdo a Mercedes Marcó del Pont y el rechazo al DNU del Fondo de Desendeudamiento.
Si Miguel Pichetto junta su número, impondrá con seguridad la aprobación del pliego de la jefa del BCRA. El resto dependerá, como se dijo, de la salud de Menem, todavía en La Rioja, y la buena voluntad de Roxana Latorre, María José Bongiorno o Carlos Verna. Es ése el panorama que dominará por ahora ese sector del Congreso, muy lejano a la euforia opositora que prometía una mayoría que sólo existió para que los peronistas disidentes se llevaran cargos en el reparto de comisiones.
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