En un contexto de anuncios de despidos masivos en la administración pública por parte del gobierno libertario de Javier Milei, el economista Carlos Pirovano, un economista de Federico Sturzenegger al que pusieron al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), decidió en las últimas horas extender por un mes los contratos de 41 funcionarios del organismo, de alto rango.
Entre los funcionarios que vieron renovados sus contratos se encuentra Cecilia Diez, gerenta de Asuntos Internacionales e Institucionales, quien había firmado una adenda para que el Incaa dispusiera de 110 mil euros anuales para viajes en acuerdo con el Marché de Film francés, con el que se organizaba el Festival Ventana Sur que, más allá de las cuestiones económicas, implicaba, como pasa con el Festival de Mar del Plata que también corre peligro, una gran vidriera para el cine nacional y uno de los únicos cinco categoría A del mundo.
Otros de los contratos extendidos incluyen el de Sergio Daniel Alves Mendes, subgerente de la Unidad de Sumarios Administrativos; Mariana Emilse Avramo, coordinadora de la Cinemateca Nacional; Giselle Soledad Couronne, subgerente de recursos humanos y organización; Alejandro Emiliano De Echeandia, coordinador de desarrollo de personal; Carlos Alberto Rodríguez, coordinador de higiene y seguridad; Sandra Daniela Castro, coordinadora de administración de personal.
La lista continúa con figuras en puestos clave como la Gerencia de Exhibición y Audiencias, la Subgerencia de Desarrollo Federal, la Gerencia de Fiscalización a la Industria Audiovisual, la Gerencia de Fomento a la Producción Audiovisual, entre otros.
La decisión de Pirovano resulta llamativa considerando que se había ganado la “simpatía” del gobierno de Milei justamente por encarar un proceso de ajuste feroz en el Incaa. Sin embargo, la extensión de estos contratos plantea dudas sobre la real dimensión de los recortes y despidos en el organismo, dado que habrían tocado los cargos de mayor jerarquía.
En un momento en el que la industria cinematográfica y cultural se encuentra en alerta por los anuncios de achicamiento del Estado, la renovación de estos contratos genera incertidumbre sobre el futuro del Incaa y las políticas de fomento al cine nacional.
La medida, plasmada en una resolución, se da en medio de un severo proceso de ajuste en el Incaa que ya provocó marchas de actores y referentes de la cultura en defensa de la institución, que en el contexto de su desfinanciamiento también pone en peligro otras instituciones como por ejemplo el histórico cine Gaumont.
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