El Ciudadano
Por Lavaca.org
“Cuando venía para acá, vi que el Congreso estaba cubierto de todo un telaje que me dio escalofríos: lo único que falta es que aparezca un mago y haga desaparecer el Congreso”. Con esas palabras, el senador Pedro Guastavino (Frente para la Victoria) dio inicio a la reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside para tratar el anteproyecto de reforma del Código Penal.
No fue magia: el Congreso está prácticamente paralizado, pero tanto Guastavino como Federico Pinedo (PRO) impulsan este anteproyecto en medio de una crisis social y económica grave. “Vamos a continuar dándole tratamiento más allá del contexto político electoral que está viviendo el país, que obviamente afecta el funcionamiento del Congreso de la Nación”, sostuvo Guastavino.
La intención: “Poder arribar a fin de año por lo menos con un dictamen que nos permita llegar a la medida sanción también este año”.
La sesión pudo seguirse en vivo en el canal de YouTube del Senado, pero durante la tarde no superó las 200 reproducciones.
Les expositores
La reunión de comisión arrancó a las 15.11, con no más de diez senadores y senadoras presentes. En la primera fila estaban Silvia Beatriz Elías de Perez, Néstor Pedro Braillard Poccard y Federico Pinedo, todos del PRO. También María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Partido Renovador de Salta), Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) y Rodolfo Julio Urtubey (PJ), entre otrxs.
Una locutora fue presentando a cada invitadx, cuatro en esta primera reunión:
- Juan Pablo Montiel, director de Crimint (Centro Internacional de Investigación Aplicada en Derecho Penal) que habló principalmente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Santiago Marino Aguirre, defensor público oficial, quien habló en su exposición sobre la sobrepoblación que hay en las cárceles, y preguntó: “¿Quiénes son los que van presos?”.
- Graciela Dubrez, presidenta de la ONG Observatorio Internacional de Prisiones sección Argentina, que retomó lo dicho por el anterior expositor y describió a las cárceles argentinas como “mero depósito de personas”.
- Ismael Jalil, en representación de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que unió su exposición con la calle: la marcha contra el gatillo fácil y las movilizaciones de los movimientos sociales de ese mismo día.
En ese orden, cada unx expuso sus consideraciones sobre el primer libro del proyecto del nuevo Código Penal que plantea “disposiciones generales”. El segundo libro corresponde a “delitos” y el tercero al de “delitos contra el orden internacional”. En total, los tres libros suman 208 páginas y tienen 540 artículos, 220 más que el vigente.
La reunión transcurrió en el Salón Rosado del primer piso del Parlamento. La sala estuvo dividida por una soga. Adelante, senadores, senadoras, asesores e invitados sentados. Atrás, periodistas y público parados: no había sillas para el público ni para los periodistas.
Entre quienes aguantaron parados las dos horas estuvo Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en 2016. En mayo de este año Marta y su marido, Guillermo Pérez, convocaron a una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde anunciaron la presentación del pedido de destitución por mal desempeño de los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que en noviembre del año pasado absolvieron a los femicidas de su hija.
Mientras tanto, la calle
Mientras tanto, miles de personas, en ese mismo momento, marchaban desde Congreso a Plaza de Mayo en la 5ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. “En 100 años de Código Penal las cárceles han estado siempre desbordadas por los hijos de las clases trabajadoras. Cada vez que reformaron lo hicieron para peor”, dijo Ismael Jalil, de Correpi a lavaca.
—¿Cómo se lee entonces que se esté haciendo esta sesión en este contexto?
—Es mucho más que una paradoja que el Congreso que está cerrado y en medio de la más grande crisis que tiene el país se abra para discutir criterios todavía más punitivos con relación al pueblo, que está pidiendo el cese de esta política de hambre y de las políticas represivas. Esto es lo paradójico: las instituciones por un lado y la calle por el otro. Un ejemplo: hoy, uno de cada cinco femicidios es a manos del Estado, porque es un uniformado con arma reglamentaria. Con relación a los jóvenes, la franja de 15 a 25 años es la víctima del gatillo fácil y después hay una franja que va un poco más arriba en la edad que es la que termina siendo víctima en los lugares de detención: la tortura seguida de muerte.
—¿Considera que está contemplada la mirada desde los movimientos sociales en el proyecto?
—Para nada. Se encerraron en una cúpula los que tenían necesidad de darle respuesta exclusivamente a la clase dominante; todo pasa por levantar los niveles de pena, por poner figuras cada día más fuertes. No tuvimos ningún tipo de posibilidad de entrar a esa comisión a decir nada. No deja de ser emblemático que se abra la discusión en un momento como éste, donde tendrían que estar todos los senadores, todos los diputados discutiendo cómo se sale de esta crisis, o por lo menos cómo se sostiene a nuestro pueblo en esta crisis: emergencia alimentaria y basta de represión en la calle.
La ley del poder
La abogada especialista en derechos humanos Verónica Heredia también estuvo en la reunión de comisión escuchando a les expositores. “El Código Penal es la ley del poder, por eso en esta coyuntura no puede debatirse este Código en la Argentina. La selectividad de las conductas que serán atrapadas por la violencia del Estado claramente se proyecta en la selectividad de las personas. Esta decisión la toma quien tiene el poder”, explicó luego de la reunión y mientras las calles gritaban en contra de la violencia institucional.
“El Congreso de la Nación no sesiona hace dos meses; el Poder Judicial está sospechado del lugar más oscuro de la sociedad y el Poder Ejecutivo carece de toda legitimidad. La población reclama emergencia alimentaria y marcha contra las muertes en manos del Estado. En ese contexto, el Senado solo abre las puertas para debatir el proyecto de Código Penal propuesto por un Poder Ejecutivo devaluado. Se explica este debate en la complicidad de quienes aspiran al poder, ya que este Código les garantiza gobernabilidad del modelo extractivo y depredador, con mayor posibilidad en el despliegue de la violencia del Estado: menos derechos a las mujeres, más cárceles a los disconformes”.
La próxima reunión será la segunda semana de septiembre.
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