Con impulso oficialista, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que declara de “interés público” el papel de los diarios y fija un precio único, pese al rechazo de la oposición y de grandes medios de comunicación. Además, avanzó con los proyectos contra el lavado de activos y la financiación de terrorismo, la reforma al régimen Penal Tributario, la creación de un nuevo estatuto del peón rural y la instauración de una ley de tierras.
Alrededor de las 2 de la madrugada, el debate del nuevo estatuto del peón rural generó el rechazo de los diputados del Frente Peronista, la Coalición Cívica-ARI y del PRO, que se levantaron de sus bancas y se retiraron del recinto, en medio de fuertes críticas al oficialismo, al que acusaron de no cumplir con el acuerdo de pasar a un cuarto intermedio y retomar en las primeras horas de hoy el debate de este tema.
La discusión por el proyecto de papel de diarios se extendió por casi siete horas y cerca de las 19.30, la votación en general arrojó 134 afirmativos, 92 en contra y 13 abstenciones. Al cerrar del debate, el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, afirmó que el proyecto “trata de subsanar el deterioro de los medios”.
La sesión había comenzado a las 12.40, cuando la diputada del FpV y titular de la comisión de Comercio, Juliana Di Tullio, explicó el dictamen del Gobierno y subrayó que “viene a salvar una situación muy inequitativa de nuestro país”.
Para lograr un trámite exprés, la Comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado obtuvo el dictamen para el proyecto, por lo que la Cámara alta está en condiciones de debatirlo en el recinto el próximo jueves 22 de diciembre.
El proyecto obtuvo la firma de nueve de los quince senadores que conforman la Comisión: ocho del Frente para la Victoria (FpV) y uno del bloque de Nuevo Encuentro (NE).
La reunión de la Comisión fue convocada con cuatro horas de anticipación, y se concretó una hora y media después de que la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que luego obtuvo dictamen de comisión en el Senado.
La iniciativa que impulsa el Gobierno y es rechazada por los diarios La Nación y Clarín, principales accionista de la empresa Papel Prensa S.A, declara de “interés público” la producción y distribución del papel para diarios.
A la vez, establece el precio único de pago de contado y fija un régimen de inversiones.
El texto dice que Papel Prensa S.A deberá operar al pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel y presentar y ejecutar cada tres años un plan de inversiones.
Ese artículo deja la puerta abierta a que el Estado incremente su participación en la empresa, si es que la misma no cumple en tiempo y forma con esos aportes.
Según el proyecto, si los fondos para las inversiones que haga Papel Prensa son provistos en mayor cantidad por el Estado que por los otros dos socios, entonces el Estado acrecentará sus derechos políticos sobre la empresa.
La norma también establece un control parlamentario sobre la actividad y designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación de la ley.
Detalla, además, los principios de cuidado ambiental para la producción de papel, al tiempo que crea una comisión federal asesora.
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