La Fiscalía de San Javier, donde anteayer destrozaron y quemaron toda la información que, calculan, contenían unas mil quinientas causas, generó una fuerte polémica, sobre todo por el tipo de investigaciones que se llevaban adelante en esa dependencia. Al respecto, el titular del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal, destacó en declaraciones a los medios que “la característica que tiene esta zona (por San Javier), ciudad cabecera del departamento homónimo, 156 km al norte de Santa Fe es de algunos casos de reducción a servidumbre de menores de edad, en una zona en la que el turismo extranjero se inclina bastante hacia cuestiones sexuales con niñas menores de edad, hay muchas causas de esas”, sostuvo. “También hay unos cuantos homicidios que no son resonantes pero son hechos muy serios porque significan la vida de una persona.
Según me hacía ver la fiscal (Rosana Marcolín), últimamente ha tenido algunos casos de esas características y ha habido también policías involucrados y eso fue lo a ella le hizo parecer aconsejable no alojar dentro de la misma Fiscalía a policías que custodien porque estaba esperando a terminar esas causas, temiendo que pudieran sustraerse algunos elementos de prueba”, agregó el jefe de los fiscales de la provincia.
Sobre el por qué del ataque, De Olazábal sostuvo que “o bien se está tratando de ocultar algún hecho en particular, o bien se está tratando de intimidar a la fiscal para que no investigue. Sin contar con datos precisos me inclino con esta alternativa, no quiere decir que no vamos a estar investigando todas las posibilidades, pero me parece más bien un hecho intimidante”, agregó.
Para De Olazábal, lo grave de la situación es que no se ha usado cualquier medio para proceder al ataque. “Se cortaron rejas que se habían hecho en todo un patio para que no se pudiera ingresar a la casa. Una vez adentro, han robado armas pero me parece que es más para disimular que para otra cosa, pero vaciaron, sacaron el disco duro de alguna computadora de la fiscal y quemaron todos los legajos que allí estaban”, afirmó.
Como en el 84
Y si bien aclaró que es un hecho con muy pocos precedentes, lo comparó con el robo de expedientes en los Tribunales de Rosario, el 8 de octubre de 1984, donde se almacenaban las primeras causas por los delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Sobre las causas judiciales que se investigaban en la Fiscalía a cargo de Marcolín, De Olazábal destacó que tanto en algunos de los homicidios y en otros hechos que se instruían allí hay policías involucrados. “En algunos casos se logró prisión preventiva pero todavía no habían ido a juicio, otros recuperaron su libertad. Acá lo que llama la atención es que se operó con muchísima tranquilidad en un lugar tranquilo, una ciudad pequeña, ubicado en zona céntrica, hay vecinos, había custodia no permanente que daba vueltas con el automóvil y sin embargo se hizo esto, entonces lleva a pensar en una planificación, no en un hecho de una persona suelta, sino en alguien que tiene algún conocimiento en la forma de actuar”, destacó. Con respecto a Marcolín, el funcionario aclaró que cuenta con custodia.
De Olazábal formuló las declaraciones desde la sede de la Unidad Fiscal de San Javier junto con el fiscal regional Ricardo Fessia y Rosana Marcolín.
Fessia manifestó: “Ahora tenemos que reconstruir dos partes, la material para poner la Unidad Fiscal a disposición de la gente y los legajos que estén relacionados a nuestra política de persecución o de mayor gravedad, tarea importante pero aceptamos el desafío” consignó.
En tanto, Marcolín señaló que: “en la Fiscalía había patrullaje permanente, era suficiente, lo que ocurrió no era evitable por un móvil apostado en la calle, ingresaron por el lateral del edificio con una tarea muy meticulosa y ni los perros de los vecinos los escucharon, por eso se habían asegurado los ingresos a las fiscalía con rejas” aclaró.
“Esto fue un hecho premeditado y planeado, si hubiéramos tenido cámaras también las hubieran cortado, las medidas de seguridad estaban y eran suficientes” añadió.
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