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En la Argentina hay unos 100 mil colombianos que esperan, pero ya no están solos

Amenazada y en riesgo de perder la vida, Diana Ortiz debió abandonar su país cuando el gobierno del derechista Álvaro Uribe rompió el proceso de paz que en 2016 había arribado al desarme de las Farc, la guerrilla más antigua del continente. Ahora, con la violencia recrudeciendo, buscan retomarlo


Paulo Menotti

Especial para El Ciudadano

“Mi nombre es Diana Ortíz y hace doce años me vi forzada a salir de Colombia junto con mi familia. Durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe, quien inició su mandato tras la ruptura de Diálogos de Paz del Caguán. Ese proceso pacifista estuvo acompañado por diversos sectores sociales a lo largo y ancho del país. Cuando el proceso de paz se rompe con Uribe, se desata una campaña de estigmatización y persecución contra distintos sectores sociales. Entre estos se persiguió a la comunidad universitaria y a defensoras y defensores de derechos humanos. Esta campaña estuvo desarrollada a partir de formas legales e ilegales de manera simultánea. Hubo persecución judicial y amenazas de paramilitares. Esa fue la forma en la que se fue golpeando y desarticulando al movimiento social y político de oposición en el país. En ese contexto y al vernos en un claro nivel de riesgo por nuestras vidas, nos vimos forzados a salir a buscar refugio en otro país”, explicó la militante por la paz en Colombia que ahora reside en la Argentina. El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo en el país caribeño un encuentro que de manera presencial y de forma virtual reunió a todos los interesados en resolver el problema de millones de exiliados y refugiados colombianos en el mundo.

“Empezar a nombrarlo, a aproximarse a esa cuestión en el marco de una gran violación a los derechos humanos que se han cometido continuamente a lo largo del conflicto colombiano es un gran paso. Porque lo que no se nombra no existe. Empezar a nombrarlo hace que se arme un escenario para empezar a discutir y a avanzar en el acceso a derechos, la memoria, la verdad y la justicia. A pesar de que nos encontremos afuera del territorio nacional”, explicó Diana.

Como tantos y tantas colombianas, Ortiz se vio forzada a salir de su país para salvar su vida y la de su familia.

“Nos vinimos a la Argentina porque aquí estaba una hermana mía que ya llevaba diez años de residencia. Ella podía recibirnos y acogernos en su casa mientras íbamos viendo qué podíamos resolver. Desde entonces estamos a la espera del retorno. Habíamos considerado que tras la firma del Acuerdo de Paz en La Habana en 2016 se generarían las condiciones para poder retornar y poner fin al exilio, pero claramente la violencia política no cesa y por el contrario se ha recrudecido la persecución y estigmatización a los sectores sociales en los que nosotros hemos participado y con los que seguimos trabajando en búsqueda de la paz para el país”, explicó Diana.

El exilio de colombianas y colombianos se inició durante la década de 1960 y fue combinando cuestiones políticas y económicas. Muchos salieron de su país para encontrar oportunidades de trabajo en Venezuela o Estados Unidos. Sin embargo, durante la década de 1980, cuando paramilitares iniciaron una persecución y exterminio a los militantes de Unión Patriótica, comenzó el exilio hacia Europa. A finales de la década del 90, con la ruptura de los acuerdos de paz, del Acuerdo del Caguán, se dio una segunda oleada significativa de refugiados colombianos hacia los países de América latina y el Caribe. Esto generó indiscutiblemente redes vinculares que alentaron otros flujos migratorios relacionados con lo económico y lo académico hacia los países de la región. Con la puesta en marcha del Plan Colombia se produjo una corriente migratoria de campesinos que vivían en las fronteras con otros países, quienes se vieron forzados a salir de su tierra para preservar su vida, ya que sus hogares fueron bombardeados por el Ejército con apoyo de tropas norteamericanas.

La firma de los Acuerdos de Paz en La Habana en 2016 en los que las guerrillas Farc-EP se desarmaron, prometieron una luz de esperanza para la pacificación del país y la posibilidad de retorno de millones de exiliados. Pero eso no es posible por el momento, ya que el gobierno colombiano no cumplió con sus compromisos.

“El proceso de paz en Colombia fue una esperanza tanto para la población desplazada internamente como para los que migraron forzadamente al exilio. Se alentó la esperanza del retorno y también de la salida. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia con el asesinato de líderes sociales, de ex combatientes firmantes del acuerdo de paz, han disparado nuevamente la cifra de desplazamientos internos y de exilios por cuestiones políticas de cientos de miles de personas. Creemos que mientras no se lleve a la implementación cabal del Acuerdo de Paz, va a ser muy difícil frenar la migración y también las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el conflicto armado y ahora también. Creemos que eso va más allá y que existe una violencia política que atraviesa las dinámicas sociales, económicas y culturales del país. Hay una determinación del gobierno actual de no cumplir con los acuerdos para pacificar. Hay zonas que están nuevamente golpeadas por la violencia luego de cuatro años en los que se había frenado. Hay asesinatos en zonas de frontera con otros países donde otra vez se da la salida de gente que teme por su vida”, describió la defensora de los derechos humanos.

Por esto se está impulsando el reconocimiento del exilio colombiano, realizado por la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición de la violencia surgida en los Acuerdos de Paz firmados entre las extintas guerrillas de las Farc-EP y el gobierno colombiano en 2016. Tanto como Diana, muchas colombianas y colombianos desean regresar a su país pero el actual gobierno de Iván Duque no asume su responsabilidad para el retorno pacífico de sus compatriotas.

Mientras tanto, la situación de colombianas y colombianos en el exterior es complicada porque muchos países, al haberse firmado un acuerdo de paz, no brindan estatus de refugiados y, de hecho, muchos exiliados prefieren acogerse en los países de llegada como migrantes económicos.

“Hay que subrayar que Acnur (la Comisión para Refugiados de las Naciones Unidas) llegó a registrar durante la segunda década del siglo XXI cerca de medio millón de colombianos con necesidades de protección internacional. Que se encuentran en distintos países del mundo. Esta es población que solicitó refugio, que se encuentra refugiada o que cruzó fronteras en el marco del despliegue de operativos militares de gran escala como el Plan Colombia, por ejemplo. Cuando se bombardeaban las zonas rurales, la población se veía forzada a cruzar las fronteras masivamente hacia Ecuador, Venezuela o Panamá. Allí existen lugares donde llegó la población a asentarse. Se formaron campamentos de refugiados momentáneos. Se estima que el número de gente salida de manera forzada puede ser mayor. Se habla incluso de un millón de personas refugiadas y esto es debido al subregistro”, explicó Ortíz.

La Dirección Nacional Migraciones registra entre 2004 y 2018 unas 106 mil residencias temporarias y 45 mil permanentes para personas de origen colombiano. Ahora hay más de 100 mil colombianos en Argentina. Hay más de mil personas que pidieron el estatuto de refugiados. Muchos prefieren acogerse como migrantes y no como refugiados políticos, aun resignando los derechos que le caben a la segunda figura.

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