Según información que entrega la intendencia de la localidad de Funes, la “mayoría” de los 21 nuevos desarrollos inmobiliarios (entre barrios residenciales y cerrados) que se están construyendo en esa localidad se encuentran con sus obras paralizadas. El dato fue aportado por la propia intendenta, Mónica Tomei, quien explicó que los emprendimientos siguen sin contar con la factibilidad ambiental que entrega la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, pese a lo cual avanzaban igual. Ahora no: el motivo central del freno está vinculado principalmente a la falta de obras cloacales y agua potable, aunque también incluye la no reformulación de algunas trazas, estudios de impacto vial y tareas que restrinjan la posibilidad de inundaciones. La medida, por ahora sólo decidida en Funes, se da luego de que el año pasado esa cartera provincial enviara varias “intimaciones de cese de actividades” a prácticamente todos las empresas que están llevando a cabo loteos, no sólo allí sino en varias localidades del Gran Rosario.
En 2010 se reglamentó en la provincia la ley que modifica las sanciones para aquellas empresas que violen la legislación que evalúa daños al medio ambiente, vigente desde 2003. A la par de esos cambios, y como publicara El Ciudadano en octubre del año pasado, el Ejecutivo santafesino comenzó en 2011 a realizar con mayor frecuencia y más firmeza los controles para su cumplimiento. Según el área de Medio Ambiente, los desarrolladores inmobiliarios de la región deberían realizar el estudio de impacto ambiental previo al inicio de sus loteos, para que los mismos puedan ser evaluados por esa cartera. Y recién con la venia de la Secretaría podrían iniciar las urbanizaciones.
Lo cierto es que, en rigor, eso sólo queda en la teoría. Según pudo confirmar este diario, en los meses previos a octubre de 2011 fueron alrededor de 30 los pedidos en toda la provincia de aprobación ambiental de proyectos en marcha que habían llegado al escritorio del secretario de dicha repartición, Cesar Mackler. Y de acuerdo a lo que surgía de las explicaciones del propio funcionario por aquel entonces, en esta parte del sur santafesino no se le había dado el visto bueno a ningún informe.
Tanto Funes como Roldán son los lugares que más se están “urbanizando” en el Gran Rosario. Sólo en la primera de esas localidades hay actualmente en marcha unos 21 nuevos barrios en construcción entre residenciales (semicerrados) y cerrados, que en total suman casi 7.500 nuevos lotes. En Roldán, en tanto, ya se concluyeron siete y hay otros seis que están por finalizarse. Según su intendente, José Pedretti, allí son unos 12 mil los lotes ya vendidos o en oferta.
Lo cierto es que, con los resultados en mano, ya el año pasado Medio Ambiente le comenzó a enviar a todos los desarrollos que estaban infringiendo la “ley general de Ambiente” (ése es su nombre) las primeras intimaciones. Las exigencias de la provincia están relacionadas, en primer lugar, con las obras de agua potable y cloacas, aunque de acuerdo a las características del proyecto el Ejecutivo también está requiriendo información vinculada al mantenimiento y reformulación de trazas, obras contra inundaciones y datos sobre futuro impacto vial.
Tras aquellas notificaciones, ahora comienzan a llegar las sanciones. En contacto con este medio, la aún flamante intendenta de Funes, Mónica Tomei, relató que sólo dos de los 21 barrios en marcha están en regla. “La situación está en stand by con ellos. Estamos estudiando cada uno de los casos y se está intentando corregir diversas cuestiones”, explicó la mandataria, que hasta el 10 de diciembre fue concejala de la ciudad y desde ese lugar ya venía cuestionando duro a los emprendedores y a su antecesor, Juvenal Rímini, a pesar de que ambos pertenecen a las filas del radicalismo.
La mandataria explicó luego que los 19 proyectos que incumplen la ley “teóricamente tendrían que estar con las obras paralizadas, aunque algunos están en marcha a pesar de que no deberían”. Pero se avanzó: “Igual, hay que decir que la mayoría de los emprendimientos están parados”, aseguró.
Tomei fue más allá: advirtió sobre la “publicidad engañosa” que en muchos casos ejercen los desarrolladores inmobiliarios. Así la mandataria aconsejó, especialmente a los rosarinos –que son quienes más demandan por terrenos para ir a radicarse a Funes– que “hay que fijarse que cada proyecto cuente con las aprobaciones medioambientales”.
“Muchas veces sucede que a un comprador se le vende la participación en un fideicomiso, o los lotes mismos, sin esa anuencia final. Ése es un tema que quien llega tiene que conocer”, explicó Tomei.
La titular del Ejecutivo funense agregó luego que muchos rosarinos “compran lotes baratos y después vienen a reclamar al municipio por los servicios que no están”. Y sentenció: “Lo barato a veces sale caro. Salimos a la calle y a ese tipo de queja la recibimos diariamente”.
Finalmente, Tomei hizo referencia a que en el fondo la cuestión tiene que ver con la planificación global de la ciudad. “Acá eso no se tuvo en cuenta, por ejemplo, la impermeabilización de los suelos, el aumento del escurrimiento con mayor facilidad. Y eso puede provocar inundaciones acá, en Roldán, Ibarlucea y Rosario”, advirtió.
Al instante la mandataria hizo un cálculo sencillo y remató: “Con estos barrios son 30 mil las personas que llegan Funes. Y acá no se planificó la provisión de servicios, de salud, de educación, ni vial. El crecimiento no es necesariamente desarrollo, que sifgnifica darle sustentabilidad a lo proyectado. Con el aumento de gente solamente, no se tienen beneficios”.
Con todo, lo cierto es que las denuncias contra los desarrolladores inmobiliarios no son nuevas. En junio de 2010 colegios de Arquitectos y de Agrimensores de Rosario habían informado las conclusiones de una investigación técnica que identifica “graves irregularidades” en nueve de los loteos de Funes, es decir, casi la mitad. Y acusaba a los barrios Cantegril, Funes Hills, Funes Town y Funes City, Haras del Bosque y Haras de Funes, Pinola y Scoccia de incurrir en incumplimientos, que iban más allá de los vinculados al impacto ambiental.
Un mes después de ese informe, quien se había plegado a las críticas fue el defensor del Pueblo del Santa Fe, Edgardo Bistoletti, el cual puso el eje en este caso en el escurrimiento del agua ya que sólo una empresa los había presentado por aquel entonces. El trabajo versaba sobre la posibilidad de que el drenaje de esas zonas –donde incluso había lagunas de contención– complique a barrios inundables de Rosario, como Empalme Graneros o Nuevo Alberdi. Según había dicho Bistoletti, su organismo actuó tras denuncias de personas que habían comprado terrenos en Roldán y Funes.
Comentarios