El Concejo municipal de Rosario aprobó este jueves la creación de una Agencia de Prevención y Colaboración contra el Lavado. El organismo sumará herramientas al ya aprobado “Sistema de Control Económico Financiero de las Inversiones” y será el primero de este tipo en el todo el país para una ciudad. La iniciativa fue aprobada en el marco de un largo debate en el recinto. Si bien se votó por unanimidad, el peronismo no avaló algunos artículos del texto final. Ese fue el hecho que generó una larga sucesión de discursos y algunos cruces.
La iniciativa se había destrabado días atrás en tras una reunión del intendente Pablo Javkin – quien motorizó la ordenanza- y el bloque de Juntos por el Cambio. Fue allí que se logró llegar a un texto unificado para aprobar la normativa en la sesión de este jueves. De ese acuerdo terminó formando parte el bloque de Ciudad Futura.
Se definió que la Agencia trabajará coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera, para detectar posibles delitos económicos relacionados con la narcocriminalidad.
El ente creado utilizará toda la información que el municipio tiene digitalizada y sistematizada, para cruzar datos con las investigaciones que lleva adelante el MPA, y así identificar los casos que detecten incongruencias entre personas sospechadas de participar en organizaciones criminales, que tienen un actividad patrimonial importante, y que no tienen manera de justificarlo a través de actividades económicas lícitas registradas.
Con la creación de la Agencia, todas las dependencias del Estado Municipal (organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado) tienen la obligación de cooperar ante los requerimientos. “De esta manera involucramos a todo el Estado Municipal en una tarea que no debe tener distracciones”, explicó el concejal radical Martín Rosúa.
Al detalle
Según trascendió, la iniciativa se sustenta sobre tres pilares. Por un lado, un sistema de control económico financiero con la especificación de rubros, trámites e información que debe solicitar el Municipio. Esta parte está basada en la estructura de la ordenanza vigente (9204) que será derogada con la nueva sanción.
En cuanto a la solicitud de la información, el proyecto establece nuevos criterios y rubros sobre los que los agentes municipales deberán tener mayor control. Para esto, el municipio deberá capacitar y formar a los trabajadores con el objetivo de que puedan advertir posibles irregularidades.
Por otro lado, habrá un sistema de alertas sospechosas que se disparará ante la aparición de irregularidades en esa información aportada. Por ejemplo, en aquellos casos en que la iniciación de un trámite por parte de una persona no se condiga con la situación patrimonial del solicitante.
Finalmente, el tercer punto de la ordenanza es la creación de una agencia de prevención contra el lavado, que funcionará como autoridad de aplicación y tendrá el deber de actuar ante esas alertas.
El jefe de la Agencia será una persona propuesta por el intendente y aprobada por el Concejo municipal con un mecanismo similar al que se utiliza para la designación de los directores del Banco Municipal. Para esto, tendrá que cumplir algunos requisitos que lo califiquen como especialista en la materia.
En tanto que los demás trabajadores del organismo podrían ya ser trabajadores municipales pero también tendrán que tener ciertas condiciones en cuanto a su formación.
Acuerdo parcial
El oficialismo buscó que la ordenanza salga por unanimidad y demostrar así respaldo político. La propuesta salió por unanimidad, pero finalmente el PJ no avaló algunos puntos. Y cuestionó el “apuro” que hubo por aprobar el proyecto. Esto fue lo que generó algunos chispazos en el debate que se dio en el recinto.
Para los concejales Fernanda Gigliani, Norma López, Julia Irigoitia, Marina Magnani, Lisandro Cavatorta y Silvana Teisa las medidas planteadas para controlar el lavado de activos no constituyen un sistema de alerta despersonalizado e incorruptible. “Hace años que veníamos reclamando por la conformación de una norma efectiva, mejor a la actual y que permita crear un sistema de alerta digital y despersonalizado para controlar el blanqueo”, explicaron.
“Fuimos los primeros en insistir con la reglamentación de la ordenanza aprobada en el Concejo en 2014. Se tomaron dos años y medio para hacerlo. Cuando finalmente se ejecutó desnaturalizaron el espíritu de la norma. Mónica Fein y Pablo Javkin son los que tendrán que explicar qué hicieron desde que se aprobó la ordenanza. Pedimos que proyectos como el Hotel Sheraton en Puerto Norte o las obras en el Club MOP de la Costa Central pasen por el tamiz de esta ordenanza y nunca se nos acompañó. El proyecto nuevo que se aprobó, a excepción de la conformación de una Agencia, no aporta nada nuevo a lo que está en vigencia desde el año 2014”, afirmaron desde el interbloque del Frente de Todos.
Rosario ya tiene una ordenanza que establece mecanismos de control para evitar el lavado de activos. “Lamentablemente a lo largo de estos años no hubo voluntad política de aplicar la norma. Quienes gobernaron creyeron que estos controles ahuyentaban inversiones. Por lo tanto la cuestión es si con la vigente o con otra normativa quien gobierne va a tener la voluntad política de aplicarla”, advirtieron.
Por su parte, en cuanto a la conformación de la Agencia de Control, explicaron que bastaría con una Ordenanza adicional para su conformación. “Se creaba una oficina o dependencia que se aboque a filtrar estas alertas. Era un proceso mucho más sencillo y donde las cosas estarían más claras y no se expondría tanto a los trabajadores municipales como lo hace la actual iniciativa”, señalaron.
“Creemos que buscaron una respuesta rápida a una situación que Rosario viene padeciendo desde hace años. Las organizaciones criminales, muchas veces, están asesoradas por abogados, contadores y escribanos para sortear los filtros y controles estatales. Entiendo que lo que debimos hacer es despersonalizar el control y crear un sistema digitalizado de alertas para prevenir el lavado. A partir de ahora, que las alertas queden definidas por la decisión de las personas, conlleva el riesgo de caer en fallas, amenazas y hasta intentos de corrupción. Una Agencia debe ser un ente público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión”, afirmaron luego.
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