La litigiosidad –esto es, la cantidad de conflictos que llegan a la Justicia– creció un 170 por ciento en los últimos 10 años. El dato fue revelado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, para quien ese crecimiento no debe interpretarse como una mala noticia sino como algo auspicioso: la sociedad, según Gutiérrez, está recobrando su confianza en el Poder Judicial y de allí surge la tendencia de buscar la solución de los conflictos por la vía institucional y no por “mano propia”.
En el mismo lapso –la última década– la productividad de los jueces aumentó un 100 por ciento, mientras que la infraestructura creció en menor volumen: un 40 por ciento. “Por eso siempre estamos pidiendo más infraestructura y más presupuesto”, recordó el presidente del máximo tribunal de la Justicia santafesina. El fenómeno, por lo demás, se registró también en la mayoría de las provincias y en el ámbito federal.
Los fueros donde más crecieron la cantidad de conflictos abiertos son el profesional, el laboral y el de familia. Sobre este último punto, Gutiérrez se manifestó más preocupado: “Está muy complicado el tema de la violencia familiar. Son problemas que hay que resolver en el instante. Necesitamos infraestructura: viene una mujer golpeada y hay que atenderla al momento, hay que mandarla al médico y el juez inmediatamente tiene que resolver si excluye o no al marido y qué medidas tiene que tomar en ese aspecto. Son todos problemas que vivimos a diario y que muchas veces no se escuchan”.
El presidente de la Corte también insistió en la necesidad de que se otorguen más recursos –infraestructura, pero también personal– para que los cambios que surgen del nuevo Código Procesal Penal se puedan ir implementando con la menor cantidad posible de inconvenientes. Según Gutiérrez, la Justicia santafesina necesita más fiscales, nuevo personal, más lugares para desarrollar las audiencias –que para los casos en que se juzguen delitos graves serán orales– y lugares adecuados para los defensores, los detenidos y los imputados. “Todo eso significa plata”, resumió.
El crecimiento de las causas que se tramitan en los tribunales admite dos lecturas posibles; el presidente de la Corte prefiere la optimista: “Si lo vemos desde un punto de vista pesimista, podemos decir que es negativo porque hay más hechos. Pero en realidad (el aumento de la litigiosidad) significa que la gente sabe, y los hechos lo demuestran, que nadie quiere solucionar sus problemas por sus propias manos. Por eso se recurre a la Justicia, que es el órgano establecido por la Constitución para resolver los litigios”.
—Si tuviera que evaluar el funcionamiento de la Justicia provincial, ¿cómo lo calificaría?
—Yo lo vengo diciendo reiteradamente: en los últimos años la litigiosidad ha aumentado, no sólo cuantitativamente sino cualitativamente. La gente dice: si no me dan una solución, voy a la Justicia. Hasta la presidenta habla de un Partido Judicial. No existe un Partido Judicial. Los jueces no andan por la calle averiguando qué es lo que pasa; la gente viene al tribunal y hace un planteo. Los políticos pierden una elección en el parlamento y vienen a la Justicia. Hay un problema con los decretos de necesidad y urgencia y vienen a la Justicia. Por eso digo que lo importante es que los jueces sepan mantenerse en su órbita de competencia. Los jueces administradores no deben existir. Hay muchas cosas; la gente viene para que le hagan un trasplante, para que la operen, para que les den un medicamento. Y no son funciones de los jueces, son funciones de los otros poderes del Estado. Hay que mantener un equilibrio.
—¿A qué se refiere cuando habla de “jueces administradores”?
—Cuando nosotros analizamos la constitucionalidad de una ley, no podemos analizar ni la conveniencia ni la oportunidad. La conveniencia y la oportunidad son análisis que debe hacer el poder político. Nosotros lo que analizamos es si una ley va en contra de la Constitución; es la única competencia que tenemos. Somos el organismo del Estado que tiene la función de controlar la constitucionalidad. Cuando hay una omisión o un avasallamiento de los derechos de los ciudadanos, somos los jueces los que tenemos que encontrar la solución final. Ese es el deber que nos asigna la Constitución.
Inseguridad y responsabilidades.
“El tema de la seguridad no es un tema primordial de la Justicia”, dijo Gutiérrez. “La Justicia actúa después de los hechos, no antes. Después de sucedido un hecho, se investiga; la parte profesional la hace la Policía y después mandan los resultados a un juez. Así que no es mucho lo que nosotros podemos hacer. En el tema seguridad, la responsabilidad es del Poder Ejecutivo, que es la autoridad preventora y tiene el brazo armado, en el buen sentido de la palabra, que es la Policía. Fundamentalmente, la lucha contra la inseguridad consiste en prevenir que los delitos no sucedan”.
—¿Y cómo le parece que está actuando el Ejecutivo en esa lucha?
—No quiero opinar de las funciones de otros poderes, así como no quiero que se inmiscuyan en el Poder Judicial. Lo tiene que juzgar la sociedad (al Poder Ejecutivo), yo no soy nadie para decir qué está bien y qué está mal. Las pruebas están a la vista.
—Una de las quejas más comunes de la sociedad es que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra…
—Eso, así dicho, es una gran mentira. Si los presos salen, es porque las leyes lo permiten. Nosotros lo único que hacemos es aplicar la ley. Cualquier juez que quiera demorar un segundo más de lo que corresponde a un detenido, tiene una gran responsabilidad y pueden hacerle hasta un jury.
—Según su criterio, ¿habría que modificar algunas leyes?
—Más que modificar o agravar las penas, lo que tenemos que hacer es trabajo de prevención. Esto es como las enfermedades: mejor prevenir que curar. Acá es lo mismo: la gran tarea es la prevención. Indudablemente que la sociedad está más conflictuada que antes, tiene más inconvenientes; no quiero decir que la pobreza sea un factor exclusivo de la inseguridad, pero la falta de educación, la pobreza, la desocupación, todo eso acarrea un problema global.
Un fenómeno de los últimos años.
Los episodios de violencia entre conocidos, que suelen acabar en la muerte de alguno de los contendientes, son una marca de la época. En la capital de la provincia es un fenómeno que ocupa las primeras planas de los diarios con una periodicidad alarmante, pero también en otros puntos del territorio provincial –Rosario no es la excepción– se registran episodios de esas características, cada vez más frecuentes.
Según el presidente de la Corte, la clave pasa por la prevención y, también, por la definición de políticas que tiendan a mantener ocupados a los ciudadanos. “Lo importante es la decisión del Estado, de salir a ver cuáles son las causas y atacarlas”, aseguró Gutiérrez. Y añadió: “Es un tema esencial, para eso fueron elegidos. Desde el Poder Judicial tenemos que buscar respuestas dentro de lo que son nuestras competencias. Es un tema fundamentalmente de prevención, cultura, educación, tratar de conseguir fuentes de trabajo, que la gente esté ocupada. Volver a la cultura del trabajo y dejar la cultura de la prebenda”.
“El hombre, con trabajo, se dignifica. Eso es lo que se perdió con la cultura de la dádiva. Muchas veces el Estado recurre a esa forma; yo creo que tiene que haber otras formas: una intervención preventiva, inmediata, pero fundamentalmente buscar soluciones de mayor profundidad enfocando el problema donde realmente existe para darle una solución”, concluyó el presidente de la Corte provincial.
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