Graciana Petrone
Trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad vuelven a estar en vilo después de una larga lucha que comenzó a principios del año pasado cuando casi un centenar de empleados se enteraron de una ola de despidos en distintas oficinas del país. Este martes se expresaron a través de una carta abierta ante la notificación de que a 40 personas de distintas oficinas del interior del país que concursaron por sus cargos y ganaron en 2017, no les permitirán asumir desde el gobierno nacional.
“En un claro acto de discriminación que atenta contra el objetivo del concurso de llevar estabilidad laboral a trabajadores de entre diez y veinte años de antigüedad. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, amparado por un tecnicismo administrativo, que aplica con discrecionalidad política, nos ha llamado a ocupar funciones permanentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo perentorio de treinta días, que corre desde el 26 de diciembre de 2018. Vencido el plazo, nuestro cargo será declarado vacante. No sólo perderemos nuestro derecho ganado, sino que los compañeros despedidos en abril que también concursaron perderán su única posibilidad de reincorporación”, explicaron.
“Somos Santafesinos, salteños, chaqueños, catamarqueños, santiagueños, correntinos, mendocinos, misioneros, jujeños, sanjuaninos, cordobeses, riojanos, santacruceños, neuquinos, chubutenses, entrerrianos y nos piden que abandonemos nuestras casas, que abandonemos a nuestras familias para ir a vivir a Buenos Aires o quedarnos sin trabajo. Por haber ganado el concurso, la Agencia Nacional de Discapacidad no nos ha renovado nuestro contrato anual Resolución 48 (artículo 9) y de continuar la absurda postura del Ministerio, estaremos impedidos de ocupar los cargos”, continúa el comunicado.
El inicio del conflicto
El lunes 17 de abril de 2018, casi un centenar de trabajadores de la Agencia Nacional de Pensiones se enteraron de una ola de despidos en distintas oficinas del país, entre ellas del CAL Rosario que funciona en San Lorenzo 1045. En total, son cerca de 70 trabajadores que no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo como lo hacen todos los días, ya que en la sede central en Buenos Aires hubo varias patrullas de la Policía Federal con un listado en mano de los despedidos y los agentes le impidieron el paso.
“La mayoría de los trabajadores estamos precarizados. El grueso tenemos un mínimo 15 años de antigüedad y seguimos firmando contratos. Es una situación en las que legalmente tienen todas a su favor ya que el contrato puede ser despedido en cualquier momento. El caso de Lautaro es todavía más perverso porque él se presentó recientemente a un concurso de planta permanente, pasó la parte escrita, fue citado el día viernes para la entrevista final, le dijeron bienvenido a planta permanente y este lunes estaba incluido en un listado”, contó Escudero a El Ciudadano.
Con respecto a la precarización, la delegada consideró que “este tipo de contrato les sirve a las autoridades para despedirte en cualquier momento, sin ningún problema”.
Carta de una trabajadora de la Agencia Nacional de Discapacidad sede Rosario
“A ellos no les pasa lo mismo”
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