La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de Rosario informó que este año concretó 90 liberaciones de espacios públicos como plazas, veredas, parques o terrenos fiscales que habían sido ocupados para fines particulares en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades señalaron que en un alto número de casos se trataba de instalaciones precarias que generaban peligro para los vecinos. Entre otros hechos, se despejaron zonas de la barranca central con viviendas literalmente “colgadas” y en peligro, otra cercana donde había elementos sustraídos a un club de pesca vecino, carritos de venta de comida irregulares que además oficiaban como vivienda de quienes los explotaban, y varias instalaciones de venta ambulante sin autorización en zonas de circulación. Los operativos respondieron a denuncias directas de vecinos o a cumplimiento de órdenes judiciales. En algunos, se ejecutaron en conjunto con fuerzas de seguridad provinciales y, en casi todos, intervinieron varias áreas del Ejecutivo local.
El promedio
El parte de la Municipalidad de Rosario hace la cuenta: una liberación de un espacio público cada 4 días. Las autoridades insistieron en que el aprovechamiento particular de zonas comunes conspira contra el principio de libertad de circulación y permanencia.
Desde el área de Control Urbano municipal se dispusieron unos 90 procedimientos para liberar espacios públicos tomados durante 2017. El secretario del área, Guillermo Turrín, insistió: “Podemos afirmar que cada 4 días en promedio, personal municipal permitió desactivar situaciones de ocupación e invasión a espacios que deben ser utilizados por el común de la población, es decir, plazas y parques, terrenos fiscales, intersecciones o veredas”. El funcionario señaló que en la mayoría de los casos las actuaciones se dieron por denuncias directas de vecinos. Y en muchos, también, por disposición judicial.
El municipio abundó que en varias ocasiones se trató de la instalación de casillas o construcciones precarias en zonas de uso común que, en principio, impiden su aprovechamiento por el resto de los vecinos. También, en algunos casos, detectaron que en esas zonas permanecían personas cuyas actividades alteraban la convivencia urbana. Por ejemplo, según las denuncias recibidas, el abuso de alcohol a toda hora, ruidos, gritos e insultos a transeúntes.
“El desarrollo de conductas distanciadas de las normas promueven contextos de inseguridad para quienes sí deciden vivir en armonía con la ley”, argumentó Turrín y completó: “Nuestras acciones de liberación de terrenos tomados responden a la necesidad de generar entornos habitables para todos, donde primen las buenas costumbres, la solidaridad y sobre todo la libertad individual de disponer de la ciudad en su conjunto”. El funcionario indicó que los operativos también buscaron “preservar la seguridad de las personas que realizan estas acciones irregulares e ilegales, ya que muchas veces se exponen a habitar construcciones endebles, en condiciones de nula salubridad, con niños y niñas a su cuidado”.
“Aguantadero” denunciado por vecinos
En noviembre, personal de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana desmontó una construcción precaria a la que los vecinos denunciaron como un “aguantadero”. Estaba en inmediaciones de Ayacucho entre 27 de Febrero y Gálvez. Las quejas apuntaban a la juntada de personas que solían tomar alcohol y que en esas ocasiones llegaban a molestar a las mujeres que pasaban con obscenidades.
Con la Policía
En general, los operativos de recuperación de espacios invadidos se hicieron con la participación de otras áreas municipales y de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe.
Uno de los procedimientos más amplios fue en febrero en calle Raúl Alfonsín al 2800, Sánchez Granel al 2900 y Ovidio Lagos al 140 bis, espacios públicos ocupados. En el primer caso, era una cabina abandonada que habitaban hombres y mujeres a quienes los vecinos denunciaron por promover conflictos, maltrato e incluso robos. Las autoridades municipales resaltaron que el desalojo de la casilla se produjo sin incidentes ni resistencias. Luego, se derrumbó la construcción para despejar el predio a la circulación común.
En Sánchez Granel al 2900 (zona norte) se desalojó una especie de casilla utilizada como carrito de comidas, pero sin autorización. Los vecinos cursaron denuncias y se constató la venta de alcohol a menores, además del uso como vivienda por parte de algunas personas. Los empleados municipales comprobaron que quienes explotaban el “negocio” irregular habían roto parte de la vereda para ejecutar una conexión de agua ilegal, y tenían una conexión clandestina al sistema eléctrico.
En Ovidio Lagos al 140 bis, se retiró un kiosco de revistas abandonado, sumando accesibilidad a la zona.
En la costa central
En julio de este año tuvo lugar un procedimiento muy importante por su magnitud y la zona donde se ejecutó. Se trata del desmantelamiento de una construcción irregular asentada en la barranca de la costa central, entre las calles Italia y España. En esta ocasión, se desarmaron bancos, parrilleros y se devolvieron chapas pertenecientes al club de pesca lindante. Una semana antes, se había llevado adelante la primera de las intervenciones, en la zona de Oroño y el Río donde fueron desmanteladas tres casillas donde se encontraron elementos pertenecientes a una obra pública y elementos cortantes además de una moto en estado de desguace.
Venta ambulante, pasacalles y demás
El secretario Guillermo Turrín también confirmó que en 2017 se concretaron 563 intervenciones en venta ambulante, 69 retiros de pasacalles y 1698 liberaciones de ace0ras o veredas. “La comercialización sin permiso implica una interrupción en la libre circulación peatonal y lo mismo sucede con el uso de la vereda para fines privados”, sostuvo.
Para el funcionario, estas prácticas deben ser erradicadas a través de la prevención, el control y la posterior sanción. Finalmente, consideró prioritario continuar y reforzar estas acciones en 2018 llegando a más y más barrios donde se padezca este tipo de irregularidad. “Queremos contribuir a la construcción de una ciudad más accesible y ligada a las normas”, concluyó.
