Mundo Cooperativo, Suplementos

Ley provincial Nº 13.710

Empresas recuperadas: entre la crisis laboral y el acompañamiento estatal

Hacia fines de 2017, fue aprobada la ley de protección y apoyo a las empresas recuperadas por sus trabajadores. El origen estuvo motivado por la necesidad de diseñar estrategias de intervención del Estado que acompañen con herramientas específicas estos procesos económicos, jurídicos y laborales


Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria
CEDET Rosario – UNR / www.oppeps.org / [email protected]

En Argentina, los primeros antecedentes de procesos de recuperación de empresas se registraron a comienzos de la década del noventa, aunque recién con el inicio del nuevo siglo las experiencias se extendieron y comenzaron a ser identificadas como un tipo de práctica posible que se transmitía hacia otros trabajadores de empresas en crisis. Impulsadas por las críticas condiciones económicas y sociales de 2001 y 2002 –desempleo persistente, quiebra o abandono de empresas en aumento, estancamiento económico e incertidumbre política y financiera–, las recuperaciones cobraron fuerza y alcanzaron, en marzo de 2004, las 161 experiencias. En los años posteriores el ritmo de las nuevas recuperaciones disminuyó, registrándose en 2013 unas 310 empresas recuperadas que generaban 13.462 puestos de trabajo.

Durante el actual gobierno de Cambiemos, empujadas por el cierre de numerosas pequeñas y medianas empresas, asistimos a un nuevo resurgimiento del fenómeno, principalmente en los cordones industriales de Gran Rosario y Gran Buenos Aires. Los números son elocuentes: para fines de 2018, desde el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas de la Universidad de Buenos Aires se contabilizaron 80 nuevas empresas recuperadas y 3.000 trabajadores involucrados en estas empresas o en sus procesos de recuperación.
La provincia de Santa Fe, y especialmente Rosario protagonizan este nuevo proceso por dos razones particulares. Por un lado, al igual que ocurrió hacia fines de la década del noventa y principios de 2000, la ciudad padece el cierre de numerosas empresas como consecuencia del proceso desindustrializador impulsado a nivel nacional. Por el otro, la trayectoria y visibilidad de las primeras empresas recuperadas de la ciudad y el accionar de sus organizaciones y federaciones contribuyeron a instaurar la recuperación de empresas en crisis como una práctica legítima en defensa de los derechos de los trabajadores. Así, en conjunto se contabilizan 16 empresas recuperadas en Rosario y 35 en la provincia de Santa Fe, en las que se desempeñan más de 1.200 trabajadores en forma directa. Si bien los contextos de crisis empujan a los trabajadores a defender y recuperar sus puestos de trabajo, la recuperación de una empresa es un proceso complejo, que requiere no sólo de la voluntad de sus protagonistas directos, sino también de la intervención de diferentes poderes y sectores del Estado. Generalmente se trata de pequeñas y medianas empresas, que por diferentes motivos económicos y administrativos han contraído deudas con los trabajadores, el Estado y otros proveedores, que llevan adelante procesos productivos poco competitivos para el mercado, utilizando maquinarias que suelen ser obsoletas o necesitan ajustes y adecuaciones. Por estos y otros motivos, el apoyo del Estado es fundamental no sólo para recuperar las empresas sino también, y principalmente, para la sostenibilidad de los puestos de trabajo generados y la producción elaborada.

Apoyo a la recuperación de empresas en Santa Fe

Hacia fines de 2017, fue aprobada la Ley provincial Nº 13.710 de Protección y Apoyo a las empresas recuperadas por sus trabajadores. El origen de la propuesta estuvo motivado por la necesidad de diseñar estrategias de intervención del Estado que acompañen con herramientas específicas estos procesos económicos, jurídicos y laborales, teniendo en cuenta las singularidades que recién mencionamos. Uno de los puntos salientes de la Ley reside en declarar de “interés social el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en proceso de quiebra”. Esta declaración constituye un punto clave por varios motivos. En primer lugar, en términos simbólicos, porque apuesta a la recuperación productiva en un contexto social y político adverso para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, a la vez que promueve la asociatividad entre los trabajadores de la empresa en crisis. En segundo lugar, en un sentido material, constituye un hito en los procesos de recuperación, en tanto a partir de la declaración de interés social, el Estado provincial se posiciona como agente protector y promotor de estas empresas en crisis durante su proceso de constitución legal y formalización de las condiciones de propiedad y producción. Otro de los logros de la ley es que se convierte en un instrumento para fundamentar fallos judiciales de procesos de crisis empresaria en favor de los trabajadores. Así lo entiende el diputado provincial impulsor de la ley, Joaquín Blanco, quien sostiene que la ley “también es un mensaje al Poder Judicial” sobre cómo actuar en estas situaciones. Es decir, la ley fue pensada como una estrategia para que los jueces tengan más herramientas para contemplar la posibilidad de organizar a los trabajadores en cooperativa para sostener las fuentes de trabajo en crisis. Para ello, la ley asume una definición amplia de la empresa recuperada, incluyendo a aquellas empresas de gestión privada que pasan “a la gestión colectiva de sus antiguos asalariados, organizados bajo la forma jurídica de cooperativas de trabajo o en trámite de constitución”. El seguimiento de los procesos de constitución de estas empresas recae principalmente en el ministerio de Trabajo y Seguridad Social en articulación con el ministerio de Producción provincial. Además, como herramienta operativa, prevé la creación del Registro Provincial de Empresas Recuperadas en el marco de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social del ministerio de Producción.

Una vez inscriptas, las empresas recuperadas acceden a las diferentes herramientas de promoción disponibles entre las que se mencionan:
– Asistencia técnica, jurídica y acompañamiento, para que la empresa recuperada pueda ser sustentable en los aspectos económico, productivo y social.
– Preferencia como proveedores del Estado, y en las capacitaciones en oficio que brinde el gobierno provincial.
– Acceso a líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico, tratamiento fiscal preferencial y consideración por parte de la Empresa Provincial de la Energía para que las empresas recuperadas puedan obtener beneficios en la tarifa de electricidad.
– Acompañamiento para la exportación de productos, y difusión de los productos elaborados por ellas.

A dos años de la sanción de la Ley

Entre los logros de esta ley puede subrayarse que constituye un ordenamiento de los procesos de recuperación de empresas desde el Estado provincial, a la vez que es un fuerte respaldo a los trabajadores en los procesos judiciales de quiebra y liquidación de las empresas en crisis. Sin embargo, su falta de reglamentación deja una cuenta pendiente en relación a los procedimientos y circuitos administrativos que efectivizan la protección del Estado, tanto en los procesos judiciales como en el control, regulación y promoción de las empresas una vez recuperadas. Ello es especialmente importante en este tipo de intervenciones, que requieren la articulación de diferentes poderes del Estado y el acompañamiento coordinado de diferentes sectores del Poder Ejecutivo, particularmente los vinculados con el trabajo y la producción. Asimismo, la reglamentación permitiría institucionalizar (y con ello darle cierta estabilidad y continuidad en el tiempo) las diferentes instancias de promoción y tratamiento diferencial que propone la ley; de manera que sin aquella, corren el riesgo de convertirse en letra muerta. Los trabajadores de las empresas recuperadas de la provincia y sus organizaciones sostienen que luego del proceso de la ley quedaron establecidos vínculos de cooperación con el Poder Legislativo y el Ejecutivo provincial. Y, según, José Avelli, vicepresidente de la Federación Autogestión, Cooperativismo, Trabajo (Actra), estos vínculos “deben ser institucionalizados a partir de una reglamentación y de la conformación de equipos de apoyo a las empresas recuperadas para darle continuidad en el tiempo a los logros alcanzados”. En palabras de Marcela Macellari, abogada de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), “esto hará que las políticas no provengan de la buena voluntad o discrecionalidad de los políticos, sino que, al ser una ley, sin importar el gobierno al mando, la misma se deberá cumplir”. Por su parte, el diputado impulsor del proyecto de ley, afirma que se trata fundamentalmente de “un mensaje hacia el futuro porque, en un momento de crisis, aquellos que estén pensando en vaciar una fábrica o iniciar un proceso de quiebra fraudulenta deben saber que los trabajadores cuentan con un derecho más”. Asimismo, subraya que la ley sienta un precedente en el marco de las intervenciones del Estado, preparando las estructuras y programas para acompañar con herramientas más específicas a los procesos de recuperación de empresas. Desde el Estado provincial depositan las expectativas en las federaciones y organizaciones de empresas recuperadas para que “militen” la ley y empujen nuevas políticas y programas. Mientras que las organizaciones sostienen que en contextos como el actual, sus prioridades se ubican detrás de las urgencias y necesidades de los trabajadores. Para resolver esta tensión entre urgencia y estrategia se necesitan espacios institucionalizados de articulación y confluencia de esfuerzos, no sólo para hacer posibles nuevas recuperaciones sino también para sostener y fortalecer las empresas ya existentes. Transcurridos dos años de la aprobación de esta iniciativa legislativa es deseable avanzar hacia nuevos escenarios de co-construcción de las intervenciones para este sector, que permitan poner foco no sólo en las situaciones de crisis sino también en la construcción de condiciones para la sostenibilidad económica, laboral y política de los logros alcanzados.

En la Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria presentan libro que recupera debates sobre la clase trabajadora en Argentina

En la Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria, y en el marco de los seminarios de la Escuela de Ciencia Política se presentará el libro Bajo sospecha. Debates urgentes sobre las clases trabajadoras en Argentina del Programa Antropología en Co-Labor. Participarán Lucila De Ponti (diputada nacional, Ctep-Movimiento Evita), Victoria Clerici (Ctep-MTE), Verónica Volguelman (Ishir Conicet-UNR) y María Inés Fernández Álvarez (ICA, FFyL-UBA). La actividad está organizada por el Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria perteneciente al Cedet, el Ciet y la escuela de Ciencia Política. El libro recupera debates sobre la clase trabajadora en Argentina reconstruyendo escenas cotidianas, experiencias de vida y diálogos mantenidos junto a integrantes de organizaciones de trabajadores y trabajadoras (cartoneros, feriantes, ex presos, indígenas urbanos, trabajadores costureros, vendedores ambulantes, organizaciones sindicales, trabajadoras de cuidado) que protagonizan prácticas y procesos de organización y trabajo popular. El libro se propone desarticular afirmaciones y miradas que deslegitiman las formas de organización colectiva de estos sectores y las reducen bajo un mismo manto de sospecha: la acusación de ser falsos, inauténticos, impuros. Por lo que se busca focalizar en su contracara: el enaltecimiento de experiencias individuales y colectivas de sacrificio y superación personal, que suponen a su vez la construcción de formas de conocimiento. Los textos son de María Inés Fernández Álvarez (directora del programa), Sandra Wolanski, Dolores Señorans, Florencia Pacífico, Carmina Pederiva, María Paz Laurens, Silvana Sciortino, Santiago Sorroche, María Victoria Taruselli y Cecilia Cavigliasso, docentes de distintas universidades nacionales. La presentación será el próximo martes 19 de noviembre a las 18 en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y RRII (Riobamba 250 bis)

 

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