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Narcolavado

Empresas fantasma usaron facturas truchas para blanquear 700 millones de pesos: 30 allanamientos

La causa por la narcoavioneta de San Justo que tiene en la mira a Lorena Melgarejo derivó en pesquisa patriminonial sobre red de empresas Sociedad Anónima Simplificada –SAS– creadas por un grupo de prestanombres y catalogada por el fiscal federal Walter Rodriguez como "usina de facturas apócrifas"


Uno de los allanamientos de la TOE en barrio Las Flores.

Una investigación por narcolavado derivó este martes en una treintena de allanamientos en Rosario y en varias provincias de la Argentina. El titular de la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez puso la lupa sobre una red de empresas  de Sociedades Anónima Simplificada (SAS) creadas –según apuntó– para blanquear dinero producto del narcotráfico por medio de la emisión de facturas truchas en una suma superior a los 700 millones de pesos.

Hubo ocho detenidos que están sindicados de formar parte del entramado defraudatorio; la principal investigada es Lorena Guadalupe Melgarejo, una mujer a quien le atribuyen la carga de un avión lleno de droga que aterrizó de emergencia en febrero en San Justo, Santa Fe, aún prófuga, según informaron voceros judiciales.

El fiscal Rodríguez dijo que en los 30 allanamientos buscaron elementos probatorios en una investigación de naturaleza patrimonial sobre más de 40 sociedades SAS, pesquisa que se originó como desprendimiento de la causa de la narcoavioneta que el pasado 22 de febrero aterrizó de emergencia en un camino rural de la localidad de Naré, San Justo.

Para Rodríguez, Melgarejo y su pareja, Claudio “Pulga” Casco, tenían el dominio de –se calcula– unos 200 kilos de cocaína y marihuana que fueron rescatados por el piloto paraguayo Juan Adrián Fleitas González y por el policía santafesino Carlos “Pipi” Maldonado, ya procesados en esa causa.

Rodríguez no se quedó conforme con la ruta de la droga y fue por el dinero de Melgarejo. Con órdenes precisas de peinar base de datos públicos y en segunda instancia tributarias, los investigadores descubrieron una “asociación ilícita tributaria” vinculada con Melgarejo: “Pudimos detectar que esta persona está relacionada a un entramado empresarial de SAS utilizadas como herramienta financiera para facturar una cantidad aproximada de 731 millones de pesos, a pesar de que no tenían capacidad operativa ni técnica ni financiera para hacerlo ya que ninguna de ellas cuenta con personal, bienes inmuebles o muebles necesarios para llevar a cabo una actividad empresarial”, precisó el fiscal federal.

“La particularidad de las firmas es que tenían un objeto social amplísimo, con lo cual para nosotros se trata de un elemento que genera más sospechas acerca de la real actividad económica que se le atribuyeron”, continuó Rodríguez. 

En Rosario, el personal del Organismo de Investigaciones (OI – Policía Judicial) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) hicieron operativos en: Corrientes al 300; Pasaje 1449 al 7600; Pasaje 1220 al 3900; Avenida Del Rosario al 100; San Martín al 2300; Laprida al 2500; Magdalena Güemes al 7600; Rioja al 1400; Esmeralda al 3500; Melián al 6400; Olegario Andrade al 1800 y Juan Manuel de Rosas al 3600. Mientras que en Villa Gobernador Gálvez fueron allanados domicilios de Pasaje 3 al 1500 y Filippini al 1100.

En esos domicilios, según la investigación de Rodríguez, residen varios de los prestanombres cuyos nombres se cruzan en la formación de las SAS, una figura jurídica ahora bajo la lupa que se creó durante el gobierno de Mauricio Macri con el supuesto objetivo de favorecer el emprendedurismo.

“No escapa a mi consideración que la normativa regulatoria de las SAS ha recibido severos cuestionamientos por constituir un instrumento con potencialidad para ser utilizado con fines ilícitos en tanto habilita su creación en el plazo de 24 horas a partir de requisitos simples y exiguos”, argumentó en el expediente el fiscal federal sobre esta figura societaria laxa y polémica.

Las firmas SAS que fueron usina de facturas truchas fueron identificadas por la pesquisa como: E-Race; Agro Molino; Analytica Consulting; Agropecuaria Despertar Del Norte; Environ Distribuciones; Edificar Construcciones; Consultora Nueva Era; Crespo Repuestos; Negocios Al Por Mayor; Despertar Del Norte; Steel Mecánica; Agro Inn; Two Bridges; Pixel Electronica; A-Vera Construcciones; Construpool; Four Point Distribuciones; Steel Framing; Prisma Logística; Motion One; Flete Total; Neo Consultores; The Book; Taino Construcciones; Agro Servicio; Trams Pm; Novo Construcciones; Intertrac One; All Agro; Eletrotec; Corralón Mil Uno; Neo Costrucciones; Agro-En; Blue Magic; Taller F1; Full Car Doctor; Mediterráneo Distribuidora; Zero Cool Informática; Construlook; e Integral Now.

Los transas emprendedores

En el escrito donde el fiscal federal solicitó los allanamientos expuso que “resulta sugestivo –en virtud del origen narcocriminal que tiene esta investigación– que algunos sitios donde se domicilian estas personas constituyen una «zona de elevados índices de violencia altamente lesiva». En efecto, algunos domicilios ubicados en Rosario tendrían vinculación con posibles puntos de venta de droga al menudeo, y en determinados supuestos, los lugares identificados como búnker se encontrarían asociados a la banda narcocriminal vulgarmente conocida bajo la denominación de Los Monos”.

De acuerdo con la pesquisa de Rodríguez, las empresas fantasma emitieron entre marzo de 2018 y abril pasado, 8.544 facturas por un total de 731.485.000 pesos que beneficiaron a 1.381 contribuyentes en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán y Neuquén.

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“Esto genera un crédito fiscal que nosotros denominamos impugnable y que se trata de operaciones ficticias y que van a hacer aprovechadas ante la AFIP ya sea para deducirle impuestos a las ganancias o hacer valer la compra de IVA”, amplió Rodríguez en declaraciones con LT8.

Por caso, algunas de las empresas allanadas fueron: Vial Truck S.A., de Córdoba, que durante el plazo de dos meses habría recibido facturas de las usinas (en referencia a las empresas cuyo único propósito es la venta de facturas falsas) por un importe de 30 millones por dos meses. Droguería Pharma Center SRL, de Tucumán, que durante el plazo de doce meses habría recibido facturas de las usinas por un importe de 25 millones; Tagpac SA, una sociedad “en formación” de Villa María Córdoba que durante el plazo de diez meses habría recibido facturas de las usinas por un 24 millones de pesos. Y Nueva Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Servicios Asistenciales de Villa Mugueta Limitada, que durante el plazo de veinte meses habría recibido facturas de las usinas por 9 millones de pesos, fueron los ejemplos planteados en la causa.

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