Luego de que el gobierno nacional decidiera vetar el decreto que autorizaba a empresas de salud prepagas un aumento del 7%, los empresarios del sector estallaron en furia por considerar que existió una falta de cumplimiento a lo acordado. En este contexto y ante el vencimiento de las asistencias ATP surgidas en la pandemia, amenazan con no poder hacer frente a las demandas de una posible segunda ola de coronavirus, y hasta esgrimen que está en marcha un intento estatizador del sistema que ponen en cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández.
En medio del enojo de los privados, trascendieron datos de un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que exponen serias falencias relacionadas a incrementos sin autorización, subsidios, reintegros, rendición de cuentas y control prestacional que favorecieron a las prepagas y algunas obras sociales durante la gestión Cambiemos. En esa etapa, el aumento acumulado de las cuotas llegó al 330%.
Derogación y polémica
Durante las últimas horas del jueves 31 de diciembre, el gobierno nacional dio marcha atrás con la disposición que autorizaba un aumento del 7% a las prepagas para febrero. Los servicios de esas prestadoras privadas de salud ya habían experimentado un aumento del 10% en diciembre, como parte de una recomposición que se contemplaba continuar en febrero. Pero que con la última disposición de la discordia, quedó sin efecto.
Luego de la definición, y ante la falta de una explicación por parte de las autoridades, desde el sector sanitario salieron rápido al cruce. Los empresarios advirtieron que la decisión del gobierno pondrá en jaque el financiamiento y la viabilidad del sistema ante la potencial demanda si se produce una segunda ola de contagios por covid-19. Además, cargaron de intencionalidad la caída de la venia para el nuevo aumento: sostuvieron que responde a un plan oficial para estatizar la salud privada.
El presidente Alberto Fernández se refirió al tema este miércoles, y dio su versión acerca de la derogación del aumento. “No hay condiciones para favorecer aumentos” en la medicina privada y no se puede “cargar más aumentos sobre la gente”, esgrimió el jefe del Estado. Y, más allá de los valores, agregó que existe “un problema estructural del sistema de salud que hay que revisar”.
Fin de ATP e hipótesis estatizadora
Desde el sector empresarial cuestionaron la derogación del último aumento por parte del gobierno nacional y advirtieron graves consecuencias ante el cese de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), herramienta creada para sortear las consecuencias de la pandemia y con la cual los empresarios cubrieron durante siete meses casi la mitad de los sueldos de su personal.
El titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio, consideró que sin esa ayuda la prestación de las prepagas quedará “al borde del abismo”.
En diálogo con LT8, el empresario manifestó: “Nuestra mayor preocupación está determinada por el problema de desfinanciamiento, por el cual el gobierno está retirando los ATP que estaban destinados al pago de sueldos. Eso es caer en el abismo, porque son imprescindibles para seguir con nuestra actividad”, argumentó.
Los referentes del sector a escala nacional agregaron condimento político al económico: deslizaron la hipótesis de que existe un intento estatizador por parte del Ejecutivo. Y remitieron esa interpretación a recientes declaraciones de Cristina Fernández.
Durante su última aparición pública junto al presidente y el gobernador bonaerense Axel Kiccilof en el centro de la escena, la vicepresidenta afirmó: “Vamos a tener que repensar un sistema de salud integrado. Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”.
Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y referente nacional de la salud privada, se apoyó en esos dichos para, tras la marcha atrás con la última autorización de aumentos en las cuotas, plantar la duda sobre un Estado que quiere avanzar sobre los privados que hacen negocio con la salud.
“Tenés dos maneras de lastimar al sistema de salud: yendo a una política de nacionalización, expropiación o como quieras llamarle, y otra deteriorándolo sin permitirle aumentos. Así lo dejás sin recursos y sin recursos no hay sistema”, arremetió el empresario esta semana.
Hábil para cubrir el frente de conflicto abierto, Belocopitt eludió la certeza: “Creo que hay un cambio en el proyecto sobre el sistema de salud. Si eso es la nacionalización o ir hacia un sistema único de salud que abarque desde las prepagas hasta las obras sociales, todo puede ser”.
Informe de la Sigen que expone la enfermedad del sistema
En medio de la polémica, un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) expuso serias irregularidades y falta de control que favorecieron a prepagas y obras sociales durante la gestión Cambiemos. Durante esa etapa, los aumentos acumulados en las cuotas de la salud privada alcanzaron al 330% y se detectaron falencias relacionadas a subsidios, reintegros, rendición de cuentas y control prestacional.
Si bien la ley que regula el tema establece que “las entidades que pretendan aumentar el monto de las cuotas que abonan los usuarios deberán presentar en forma individual el requerimiento a la Superintendencia de Servicios de Salud”, el documento de la Sigen expone que durante el gobierno de Mauricio Macri “se autorizaron incrementos de cuotas a entidades que no los solicitaron”.
El informe, que deja al descubierto los beneficios que ostentó el sector más concentrado de la salud privada, también desnuda un “alto grado de morosidad a la hora de entregar los informes contables”, un requisito obligatorio para quienes integran el sistema.
Por otra parte existe constancia de que durante tres años no se realizaron las tareas de veedurías en 34 Agentes del Seguro de Salud. “Dicha situación podría traer el eventual incumplimiento normativo con respecto al procedimiento de aprobación de Memoria y Balance por parte de tales Agentes”, advirtió la Sigen.
El informe agrega que el área de control no cuenta con un sistema de de control financiero, algo que da lugar a “riesgos de desvíos, asociados a la complejidad y variedad de documentación relacionada con el análisis de la situación económico-financiera de las Entidades”.
En relación a subsidios y reintegros, la auditoría afirmó que “no se cuenta con una base de datos confiable que permita obtener información histórica integral para conocer, desde el punto de vista informático, el estado en que se encuentran registrados los subsidios entregados por la Administración de Programas Especiales (APE)”.
Por último, la Sigen reveló que, si bien algunas obras sociales cargaban en su prontuario con “deudas prestacionales -en muchos casos de magnitudes muy importantes-, a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), no se detectaron sanciones desde el organismo para estos agentes del seguro de salud”.
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