La Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación se solidarizó con el juez Ismael Manfrín, tras la balacera intimidatoria contra dos de sus ex viviendas. Lo hizo mediante un comunicado oficial.
El comunicado oficial
La Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación quiere alertar con profunda preocupación que en varias jurisdicciones de nuestro país, en donde se ha realizado imputaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social, se ha pretendido atacar las investigaciones desacreditando o amedrentando la persona de los operadores judiciales, en especial a los fiscales, sin que esos cuestionamientos se plasmen o tengan éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial o de impugnación.
Dicha situación se vio agravada, en los últimos días, con hechos de violencia inusitados, en donde se atentó contra el domicilio de un magistrado, los que fueron interpretados por altas autoridades gubernamentales como “un acto de intimidación sobre la Justicia en general, sobre la Justicia de Santa Fe, y la Justicia Federal.
Estos actos delictivos solo están dirigidos a menoscabar los principios republicanos de nuestra Nación, ya que afectan directamente la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Por ello, observamos con gran preocupación la vulnerabilidad de la seguridad de los fiscales, sus familias y colaboradores, exhortando a las autoridades gubernamentales a que adopten urgentes medidas que garanticen el regular y correcto desempeño de sus funciones.
Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de los establecido en el artículo 120 de la CN y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio.
Por último, la AFFUN se pone a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores judiciales, en el marco de los estándares internacionales reglados por la IAP.
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