Una empleada de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario será juzgada por brindar información sensible a la madre de Tania Rostro, una joven condenada por liderar una violenta banda dedicada al narcomenudeo en el noroeste de la ciudad y hoy purga 16 años de cárcel. La fiscal Valeria Haurigot adelantó en una audiencia preliminar que pedirá en juicio 2 años de prisión de ejecución condicional, 4 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o tareas vinculadas a la administración pública o a la gestión de recursos públicos y reglas de conducta por el delito de violación de secreto oficial e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
El 10 de junio del 2020 quedó registrada una comunicación telefónica entre Carolina Alegre, de 50 años, y María Beatriz Gunsett . La primera, era una empleada pública municipal y le dijo en un tramo de la conversación a su interlocutora: “No te puedo contar por aquí pero tenemos que hablarte de Nuevo Alberdi. Se viene toda una movida con el barrio para que después lo hables con tu cercanía, para que lo hables bien porque salió en una mesa de seguridad. Yo para ponerlos en aviso”.
Para la fiscal la imputada cumpliendo funciones de empleada municipal le reveló a Gunsett información reservada y protegida por secreto oficial para que le avise a su hija Tania con la probable finalidad de que tome precauciones a los fines de eludir el accionar de la Justicia.
Se trataba de información privilegiada, reservada y protegida que obtuvo en ocasión o motivo de su trabajo a la que tuvo acceso directo o mediato, a través de allegados a su repartición gubernamental. Data obtenida de diversas causas penales, y que fuera compartida por funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el marco de reuniones de coordinación territorial celebradas, las cuales tenían como objeto el diagnóstico situacional de territorios con mayor índice de concentración de violencia altamente lesiva, mapeo e identificación de recursos institucionales existentes en los territorios y acuerdo de agendas o protocolos de intervención específicos de los sectores urbanos priorizado para el abordaje interinstitucional de las violencias, explicó la fiscal.
El Juez Florentino Malaponte resolvió tener por admitida la acusación fiscal, destacando en su resolución la calidad de la evidencia obtenida por la Fiscalía, por lo que el caso se encaminó al juicio oral y público.
Tania
Tanía Rostro tenía 22 años cuando comenzó en 2018 a ser investigada por la Justicia Federal por integrar una banda dedicada al narcomenudeo con base en los barrios: Parque Casas, Nuevo Alberdi y Cristalería. Al año siguiente la joven quedó en el radar del MPA por diversos ilícitos en la zona norte.
Según las pesquisas, Rostro junto a varios integrantes de su familia comandaban una violenta banda delictiva y en julio del 2020 se hicieron 34 allanamientos en conjunto entre ambas fiscalía federal y provincial.
Según la investigación, Rostro había sido parte del grupo delictivo dirigido por Emanuel Pimpi Sandoval, asesinado en octubre del 2019 en una coqueta casona de La Florida que pertenecía a un camarista civil que la había puesto en alquiler. A mediados del 2020 fue imputada junto a su madre, su cuñado, una amiga y la empleada municipal por integrar una asociación ilícita.
Su madre manejaba un comedor, estaba señalada como una referente social y el nexo con Carolina Alegre, empleada de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.
Entre los hechos sindicados a Tania se encuentra uno ocurrido el 22 de marzo del 2019 cuando la joven fue a la casa de un conocido en Martínez de Estrada al 7600 y le pidió que la acompañara a comprar un mueble.
El hombre entró al auto y al llegar a Schweitzer y Mandisovi se subieron tres varones armados y le pegaron. Luego lo llevaron a la casa de Tania, en pasaje 1379 al 3800 donde le siguieron pegando y bajo amenazas de muerte que incluían a su familia, le hicieron firmar formularios 08 y boletos de compra venta en blanco.
Lo tuvieron retenido por unas tres horas y lo dejaron ir a su casa donde también golpearon a su pareja para que firmara el 08 y robarle la documentación de su Gold Trend, de una moto Zanella, un auto a batería réplica Fiat 500, un cuatriciclo a batería y una cachorra de raza bulldog francés.
A la semana lo volvieron y lo llevaron para que retirara su vehículo del taller mecánico. Todos estos elementos fueron secuestrados en distintos allanamientos donde también incautaron una pistola calibre 40 en la casa materna de Lorenzo Batlle al 4200 y un revólver calibre 22 en su domicilio de 1379 al 3800, describieron los voceros judiciales.
También fue imputada por instigar la balacera ocurrida el 2 de diciembre de 2019 contra una vivienda de pasaje 1381 al 1800, para que su morador la abandonara, el 13 de enero de 2020 el tiroteo a una casa en Ávalos y Larrechea con el objetivo de intimidar a Alejandra P,, una joven con quien mantiene una enemistad y en marzo del 2020 un tiroteo a una propiedad en Polledo y calle 1379 con el fin de despojar a los dueño de la casa, cuenta la acusación.
Abreviados
En marzo de 2021, Cóceres, de 42 años, aceptó su responsabilidad en el tiroteo y como miembro de la asociación ilícita: fue condenado a tres años de cárcel en un juicio abreviado.
En la justicia federal Tania fue sindicada como organizadora de un grupo dedicado al narcomenudeo y su madre, partícipe secundario. En octubre de 2021 fue condenada a 8 años de prisión y a su madre a 3 años de prisión. Al año siguiente sumó otra sentencia. Ocho años a los que se le unificó la pena de 11 años de prisión.
El 16 de febrero del 2023 aceptó un acuerdo abreviado por los delitos de 5 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por la violencia y amenazas, robo calificado por uso de arma, por haber sido cometido en poblado y en banda, tenencia, abuso de armas, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y por tener como propósito compeler al abandono del lugar de residencia habitual en calidad de instigadora, usurpación y asociación ilícita. Como Rostro contaba con dos condenas previas en el Federal se unificó la sanción en 16 años de prisión y una multa de 675 mil pesos.
En aquella oportunidad la jueza Hebe Marcogliese que presidió la audiencia de procedimiento abreviado dijo que la condena propuesta “no resulta proporcional al mínimo previsto”. Para la magistrada, teniendo en cuenta las dos condenas dictadas en el Federal no se ponderó la dimensión del daño, la pluralidad de víctimas, el uso de armas en todos los hechos como elemento de intimidación aunque aclaró que no tiene facultades para modificar el acuerdo.
En la misma audiencia su madre fue condenada a 3 años de prisión efectiva con la modalidad domiciliaria por el delito de asociación ilícita mediante un acuerdo abreviado en la misma fecha.
Ahora la empleada municipal espera juicio oral y público.
Comentarios