Este miércoles arrancó un juicio oral y público contra media docena de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que cumplían funciones en la Delegación de la ciudad de Santa Fe y están procesados –y separados de la Fuerza– por encubrir a narcotraficantes en la capital provincial y ciudades aledañas.
Entre los seis ex policías que empezaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe se encuentra Marcelo Octavio “Lechuga” Lepwalts, quien era el jefe de la repartición, y los integrantes de la Brigada de Investigación Cristian Pablo Bogetti, Michael Juan Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos.
Todos fueron procesados con prisión preventiva por el delito de encubrimiento en el marco de dos causas que se desarrollaron por separado. Una de las pesquisas estuvo a cargo de la Fiscalía 1 bajo las directivas de Gustavo Onel y la otra en la Fiscalía 2, encabezada por su par Walter Rodríguez.
Las dos investigaciones tienen a los agentes federales señalados por ayudar a narcotraficantes de Santa Fe y zonas aledañas a eludir a la Justicia en el tráfico y comercialización de estupefacientes.
Durante el juicio, los jueces Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, escucharán la declaración de casi 70 testigos citados tanto por la Fiscalía General, a cargo de Martín Martín Suárez Faisal, como por los abogados defensores de los policías.
Además de los uniformados será juzgado Guillermo Alberto Kernc, un civil acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cohecho y portación ilegal de arma de fuego. Según la acusación de los fiscales, Kernc, sindicado vendedor de drogas ambulante de la ciudad de Santa Fe, fue detenido en un control de la PFA y luego liberado de forma sospechosa, en un procedimiento irregular.
La droga en el baño
Kernc, de 45 años, comenzó a ser investigado por la Fiscalía 2 a principios de 2018 bajo sospecha de vender droga al menudeo. Lo detuvieron el 4 de abril de 2019 durante un operativo en la ruta provincial 70, en el cruce con empalme San Carlos de la ciudad de Esperanza, por donde circulaba en una camioneta Nissan con cocaína y dos celulares.
Según el fiscal Rodríguez, ese procedimiento no fue informado por los policías federales tal cual había ocurrido porque reportaron menor cantidad de droga a la secuestrada, ya que en el acta figuran sólo 81 gramos de cocaína fraccionada, y para el fiscal la cantidad era muy superior.
Además, Rodríguez acusó a los federales de devolverle a Kernc uno de los celulares incautados, que es que tenía más datos que lo comprometían con la comercialización de estupefacientes y la lista de clientes morosos, y poco después lo liberaron, ambos favores a cambio de una importante suma de dinero.
Según el fiscal, a partir de ese vínculo con el vendedor de drogas, los uniformados le hicieron una propuesta para brindarle protección ante futuras investigaciones y así encubrir su actividad ilícita a cambio de un pago mensual.
En mayo de ese año, tras una orden de allanamiento a la casa de Kernc se realizó luego un operativo dentro del edificio de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal.
En esa sede policial se encontraron los estupefacientes secuestrados a Kernc pero dentro de un baño de uso común, sobre una repisa y sin ninguna identificación que remitiera a la causa. El material incautado estaba dentro de una bolsa de consorcio con envoltorios de cocaína y marihuana.
Para el fiscal Rodríguez esa irregularidad demostró la hipótesis que venía siguiendo desde antes sobre la presunta protección que le brindaban los policías acusados al narco al que le habían secuestrado la droga.
Espías amigos
Otro de los hechos que se ventilará en el juicio que comenzó este miércoles es la acusación contra tres integrantes de la Brigada de Investigaciones –el inspector Cristian Pablo Bogetti y los cabos Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos– por favorecer a dos narcos en una causa iniciada en 2018.
Los policías tenían órdenes de vigilar a dos presuntos vendedores de drogas con cámaras de seguimiento, toma de testimonios y observaciones sigilosas, pero los uniformados fueron detectados yendo directamente a los domicilios particulares de los sospechosos con los que tenían establecido “un trato directo y cordial”, según la acusación fiscal.
Se trata del matrimonio conformado por Lorena Melgarejo y Claudio “Pulga” Casco, quienes permanecen prófugos de la Justicia tras haber quedado vinculados a una avioneta que en febrero de 2020 descargó en una zona rural de la ciudad de San Justo, 100 kilómetros al norte de la capital provincial, más de 200 kilos de marihuana.
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