La semana última a este expediente se adjuntó otro mensaje, el 3.744, que pretende se convalide el acuerdo con ex bancarios que también mantienen reclamos al gobierno provincial. En ambos textos, además, se exige la autorización para emitir títulos públicos para afectarlos al pago de esos juicios, que totalizarían 125 millones de pesos.
La semana pasada, Presupuesto y Hacienda mandó una nota al Ejecutivo solicitando ampliaciones de parte de la documentación remitida para luego avanzar en el estudio.
Los acuerdos con policías y ex bancarios fueron anunciados por el gobernador Hermes Binner ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de mayo y los respectivos mensajes ingresaron a Diputados el 5 y el 13 del corriente.
El Ejecutivo requiere se apruebe la negociación realizada por Fiscalía de Estado para sendos conflictos, cuyos orígenes y causas están en los considerandos de los decretos. En cuanto al contenido de los eventuales, se dice que “se los ha diseñado tomando como parámetros los pronunciamientos que ha adoptado la Justicia en cuanto ya ha sido materia de resolución y se plantean concesiones recíprocas entre las partes respecto de cuestiones aún no resueltas, siempre teniendo en cuenta la defensa de los intereses de la provincia y el objetivo de dar solución al conflicto”.
En el caso de policías y penitenciarios, el acuerdo incluye a 6.342 actores que actualmente están litigando ante distintos estrados judiciales y el costo estimado para atender a los acuerdos es de 74.022.703 pesos.
“La importancia de la cuestión, no sólo por el impacto económico, sino también por la masividad del conflicto -y más allá de la forma de pago-, requiere que con carácter previo a consolidar la solución intervenga la Legislatura, máxime cuando se pretende dar por finiquitado a uno de los conflictos judiciales más importantes y antiguos que aún enfrenta la provincia”, se argumenta en los considerandos.
Alcances de los títulos
En cuanto a la forma de pago, el Ejecutivo solicita autorización para emitir títulos públicos cuyos beneficiarios podrán utilizarlos antes de los vencimientos programados para aplicar al pago de tributos o servicios provinciales, o bien, desprenderse con anticipación al vencimiento. Dichos títulos también podrán aplicarse para pagar deudas que conformen la cartera morosa del Banco de Santa Fe Sapem en disolución, la EPE y Assa.
Pese a que Fiscalía de Estado estimó la deuda en 74.022.703 pesos, solicita autorización para emitir títulos hasta 85 millones de pesos, “previendo un margen excedente del calculado para la eventualidad de que existan reclamos administrativos que puedan resultar admisibles y procedentes vinculados a la cuestión, y según el mismo criterio, o bien, otros acuerdos transaccionales que resulten procedentes según la normativa vigente”.
La propuesta del Ejecutivo es que los títulos contarán con un período de gracia hasta junio de 2011, incluirán un interés del 12 % anual, capitalizables a la finalización del período de gracia y, luego, un interés anual efectivo del 12 % por los plazos ofrecidos. El período será de 4 a 6 años desde la finalización del período de gracia, amortizando en 16 ó 24 cuotas trimestrales, según el caso.
La emisión de esos títulos estará exenta de todo impuesto y tasa provincial y estarán garantizados por los fondos de coparticipación.
También el proyecto prevé la derogación de la ley Nº 9.561, previendo que los montos en que fuesen establecidos por el Poder Ejecutivo los adicionales creados por dicha ley podrán seguir liquidándose como suma fija o ser absorbidos por otros adicionales o rubros del salario, según disponga el Poder Ejecutivo al fijar la política salarial.
Ascensos policiales
El diputado Adrián Símil PJ (Santa Fe Federal) presentó un proyecto de ley a los efectos de prorrogar la aplicación de las disposiciones de la ley Nº 13.030 (Junta de Calificaciones transitorias) para los ascensos del personal policial correspondientes al año 2010. “Tratamos de acercar una nueva herramienta al Poder Ejecutivo para solucionar el problema de la paralización de los ascensos desde el 2007, incluyendo con esta prórroga a una importante masa de agentes que en el presente año ya están en condiciones de ser promovidos”, destacó el legislador.
Recordó que “con la ley Nº 12.521 -aún no reglamentada- se ha producido un vacío legal (contempla un régimen solamente concursal para ascender) que afecta a muchos agentes policiales que ven truncada la posibilidad de hacer una carrera en forma normal, y a muchos otros que están al final de ella y no pueden jubilarse en mejores condiciones”.
Por tal motivo, la Legislatura, en octubre 2009, sancionó la ley 13.030 para que los ascensos pendientes del personal policial, desde el año 2007, se efectúen transitoriamente en el marco del régimen de la ley 6.769, a través de la promoción por Juntas de Calificaciones. Se previó que en el mientras tanto se avance en el análisis legislativo de la modificación del art. 73 de la nueva ley 12.521. Símil dice esperar que se logre instaurar un sistema mixto y equitativos de ascensos para todos los trabajadores policiales de la provincia de Santa Fe.
La ley Nº 13.030 subsanó la paralización de ascensos de los años 2007, 2008 y 2009 que afecta a unos 8 agentes.
Similar
El mensaje 3.744 pide sea convalidado el decreto 618 firmado el 30 de abril que ratifica los acuerdos de Fiscalía de Estado con los ex agentes bancarios de la provincia transferidos al Estado.
En este caso, se pide autorización para emitir títulos públicos por hasta 40 millones de pesos, bonos que tendrán las mismas características y funciones que las previstas para saldar la deuda con policías y agentes del servicio penitenciario.
En ambos casos se invita a municipios y comunas a adherir a las normas para que los beneficiarios puedan saldar con dichos públicos compromisos con los gobiernos locales.
Fuente: ellitoral.com
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