Ciudad

Tras la pelea en el Concejo

Emergencia social: trasfondo de una situación que se agrava

Los incidentes en el Palacio Vasallo no taparon la delicada realidad económica de los barrios. Algunos datos de la crisis y la voz de referentes políticos


La declaración de la emergencia social en Rosario por parte del Concejo Municipal trajo algo de satisfacción para quienes trabajan en los distintos barrios de la ciudad conteniendo una demanda creciente. Las organizaciones cuentan que en el último año creció a pasos agigantados la cantidad de familias que llegan a los comedores y merenderos. La situación económica se agrava y hay incertidumbre por lo puede suceder en los próximos meses. Entre otras cosas, el proyecto brinda respaldo político e insta al municipio a gestionar ante Provincia y Nación fondos para asistencia alimentaria. Y pide monitorear de cerca la situación de los barrios.

La polémica, gritos insultos y forcejeos que se dieron en el Concejo Municipal el pasado jueves taparon momentáneamente el asunto de fondo.

Se sabe, la declaración de la emergencia social, que finalmente se aprobó por unanimidad, no resuelve la delicada situación económica. Menos aún en las barrios más postergados. Incluso, el proyecto tuvo una marcada intencionalidad política; pegarle al gobierno nacional de Mauricio Macri por la cuestionable gestión económica (la iniciativa fue presentada por el PJ y acompañada por el Frente Progresista) y cómo eso impacta en la población. Pero al mismo tiempo la propuesta es emergente de situaciones que están cambiando.

Según datos del municipio, en estos meses cinco mil nuevas familias se incorporaron al padrón de la Tarjeta de Ciudadanía, una política social que en 2008 reemplazó a los tickets y a las cajas con alimentos. La ayuda de 273 pesos por mes (no se actualiza desde julio de 2016) quedó triturada por la inflación, pero permite llevar algo de comida a muchos hogares.

La demanda en los efectores de Salud se incrementó en un 30%. Doce familias por semana se están sumando al sistema público. Hay cerca de 20 mil altas nuevas desde el 2017 a esta parte.
“Mucha de esta gente perdió el trabajo o dejó de pagar una prestación privada. Entonces ante cualquier consulta médica recurren a hospitales y efectores”, dijo días atrás Laura Capilla, secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad.

Otra cifra que impacta está asociada a los cursos de capacitación laboral, una iniciativa que incluye oficios tradicionales, digitales, administrativos, energías renovables, mecánicos y manuales. La demanda por asistir a estos talles se incrementó un 300% en estos últimos meses del año, según reveló recientemente un informe el portal Rosarioplus. También aumentaron de forma exponencial los currículums remitidos a las áreas de empleo del municipio.

 

La voz de los referentes

Desde el movimiento Evita, la referente Alejandra Fedele contó que apoyaron el proyecto del concejal Eduardo Toniolli debido a la demanda creciente que atienden en los barrios más vulnerables de la ciudad, sobre todo en los comedores.

“Ya no llegan solo los chicos, sino personas adultas, jubilados, pensionados y mucha gente que antes no iba a los comedores. Si el año pasado teníamos una copa de leche con 30 chicos ahora son 200 más los mayores. No es solo emergencia alimentaria. El recorte de Gobierno Nacional en salud y educación nos ponen en emergencia en todos los aspectos”, señaló.

Para Fedele la emergencia es una forma de pedirle al gobierno de Cambiemos que tome conciencia, mande recursos a la ciudad para los más vulnerables y termine con los recortes.

“Las organizaciones estamos haciendo todo lo que podemos pero no damos abasto. Es muy duro lo que produce en una familia tipo no poder dar dos comidas diarias. Cuando las políticas del Estado no van hacia la gente se incrementa la violencia. Los recursos hay que ponerlos en los sectores más vulnerables. Hoy hasta el trabajador formal está mal y debajo de un trabajador formal hay dos en la informalidad. Si el trabajador está perdiendo el poder adquisitivo, hay que ponerse en el lugar de una persona sin trabajo. Lo peor que puede pasar es no poder comer”, explicó la referente.

“Estamos preocupados por el fin de año. Se viene una fecha sensible. Todas las organizaciones estamos trabajando en contener y apaciguar. La gente también es consciente de que salir a protestar va a tener una respuesta violenta por parte del gobierno, que tiene una política represiva. Y hoy, a diferencia de 2001, hay niveles de violencia más altos y más armas en los barrios”, concluyó Fedele.

 

Sobre el hambre

Para el líder de la Corriente Clasista Combativa (CCC), Eduardo Del Monte, la emergencia social fue un triunfo político. “La declaración obliga a los tres niveles del Estado a tomar medidas concretas. Pero además demostramos una unidad muy grande de las organizaciones, con el apoyo de sectores gremiales y estudiantiles. Incluso el bloque de Cambiemos que provocó durante toda la sesión a las organizaciones tuvo que votar a favor porque no se puede tapar el sol con la mano”, explicó.

Para Del Monte el paso siguiente será el Encuentro de Emergencia Social, al que convocó la Iglesia como moderadora. También explicó que piden el aumento de la Tarjeta de Ciudadanía. En Rosario hay 60 mil familias que la tienen y desde la CCC buscan que suba a 2 mil pesos. “La tarjeta es una herramienta para la paz social porque lleva comida a los hogares. Hay una situación de hambre que crece. El que está sin laburo está empujado al hambre. Y se va a acrecentar en los próximos meses por la devaluación”, agregó.

Según el referente notan un incremento del 40 por ciento en la demanda de comida en comedores. “Las organizaciones hemos crecido porque es proporcional a la miseria. Pedimos abrir copas de leche en todos los barrios. Si hubiera buena cobertura semanal municipal, las organizaciones sociales podríamos cubrir la demanda de fines de semana”, opinó.

 

Pedir

José Berra, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) dijo que si bien la declaración de emergencia no habla de una acción concreta es importante para pedir recursos a los estados nacional y provincial.

“Desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contexto en los barrios se agravó. La situación es catastrófica y va a empeorar. La última devaluación aún no impactó en los precios y va a generar aún más pobreza e incertidumbre en la gente. Es urgente que las autoridades de los distintos niveles del estado se aboquen a dar una respuesta. No queremos que la gente reaccione por desesperación porque sabemos lo que pasa. Pensamos que son posibles políticas que generen contención. Los niveles del Estado deberán poner lo que hay que poner para paliar la situación que consideramos grave”, dijo.

Según Berra la demanda en los comedores y merenderos se duplicó. “Si antes teníamos 100 familias en un lugar, hoy estamos en 200. Todos los días llegan tres o cuatro familias nuevas a pedir ayuda alimentaria. Las condiciones de vida se están deteriorando y las respuestas del estado son limitadas y tardías”, agregó.

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