Candela Ramírez
A más de 45 años del inicio de la última dictadura cívico militar, la Justicia argentina sigue buscando los cuerpos de las personas desaparecidas. Las Unidades de Derechos Humanos del Ministerio Publico Fiscal de las ciudades de Resistencia (Chaco) y Corrientes, en conjunto con las fiscalías federales de Reconquista y Goya lanzaron una convocatoria destinada a todas las personas que puedan brindar información sobre cuerpos o restos de personas que hayan sido arrojadas al río Paraná entre 1975 y 1980.
La convocatoria se hace de forma coordinada con el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) y también solicitan información sobre sepulturas en cementerios cercanos a estas localidades u otro lugar cerca de la costa o en zonas rurales o la isla, durante aquellos años.
Durante el periodo en que el país estuvo bajo el control de las Fuerzas Armadas, las metodologías de desaparición de personas fueron distintas acorde al territorio y contexto. Hubo enterramientos masivos en fosas comunes así como también los conocidos “vuelos de la muerte” en los que arrojaron desde aviones personas fallecidas o anestesiadas al río de la Plata y al mar. Pero en Resistencia y Corrientes “era un sello muy particular del método de eliminación arrojarlos al agua desde embarcaciones”, aclaró Marisa Sanauria, integrante de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Corrientes.
“Nosotros estamos a la vera del río y en su momento hubo testimonios de isleños y malloneros que contaron cómo vieron cuerpos bajar por la corriente del río. Fueron amenazados y presionados para no volver a hablar del tema. Desde que iniciamos la convocatoria a principios de junio de este año, volvieron a presentarse personas. Es importante difundirlo porque son hechos que ocurrieron hace más de cuarenta años, corremos contra el tiempo, pero además muchas personas no saben que tienen información que puede ser muy valiosa para avanzar en este trabajo”, explicó.
Se trata de una investigación enmarcada en un expediente judicial, el objetivo es encontrar personas desaparecidas durante la dictadura. No se trata de una causa donde se busca responsabilizar o penar a quienes efectuaron los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.
“A través de los pactos de derechos humanos tenemos un compromiso internacional de buscar los cuerpos más allá de la penalización. Tenemos que poder informar el destino final de los desaparecidos. Tenemos que poder informar del destino de cualquier persona desaparecida en cualquier circunstancia, en democracia también, en este caso seguimos buscando a quienes fueron desaparecidos entre 1976 y 1983”, planteó Sanauria.
Corrientes y Resistencia son ciudades universitarias y en los años setenta hubo mucha participación política al igual que en el resto del país. Allí funcionaron varios centros clandestinos donde llevaron personas que habían sido detenidas en la ciudad o en el interior de ambas provincias.
Diego Vigay, fiscal ad hoc de Resistencia, explicó que en testimonios que se dieron en juicios de lesa humanidad a partir de 2007 en Chaco, se habló de “decenas de cuerpos bajando por el río Paraná” y que cuando, en su momento, se informó a autoridades, en particular a Prefectura, la respuesta fueron amenazas y presiones para que dejen de retirar los cuerpos del agua.
La hipótesis es que los cuerpos eran arrojados desde embarcaciones, durante la madrugada, en el centro del río para llegar a las partes de mayor profundidad y evitar que salgan a flote rápido o lleguen a las orillas. Las investigaciones judiciales en este tipo de casos en la región nordeste del país han reconstruido que hay una sistematicidad en esta metodología. En Corrientes y Chaco los cuerpos encontrados tenían “un corte importante en el abdomen para evitar que flotaran, desnudos, maniatados con alambres, cortadas las yemas de sus dedos para dificultar la identificación y con balas de plomo a modo de ejecución”. Se determinó por autopsias efectuadas en su momento por el médico forense de Empedrado Dr. Otto Eliseo Manzolillo.
Desde 2006, la Justicia Federal junto al Eaaf pudieron reconstruir el paradero y la identidad de solo tres personas desaparecidas de estas dos provincias, que fueron halladas en el río Paraná y enterradas como NN en el cementerio de la localidad de Empedrado.
Así se pudo identificar y restituir a sus familias a Rómulo Artieda, desaparecido del Centro Clandestino RI 9 Corrientes en mayo de 1977; a Carlos Terenzcuk, visto con vida en la Jefatura de Resistencia de la Policía del Chaco a mediados de noviembre de 1976 y Julio Bocha Pereyra desaparecido en la Masacre Margarita Belén cometida el 13 de diciembre de 1976.
Restan por lo menos 60 personas más de la zona cuyo paradero aún se desconoce. Militaban en la Juventud Peronista, Montoneros, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y las Ligas Agrarias. Estas convocatorias intentan recabar más información, encontrar elementos que sean suficientes para iniciar excavaciones y así dar con restos que luego son analizados. Desde su creación, el Eaaf identificó 850 cuerpos y en el laboratorio todavía quedan 600 cuerpos sin identificar.
Algunos de los cuerpos que fueron arrojados al río fueron luego ingresados como NN en cementerios pero otros pueden haber sido enterrados en la misma isla por pescadores o habitantes de la zona. Por eso es tan importante el testimonio de personas que hayan estado allí en aquella época y puedan aportar algún dato que oriente la investigación.
Juan Nóbile, integrante del Eaaf, explicó que si los cuerpos no fueron retirados del agua, ya no es posible encontrarlos tal como pasó con la mayoría de las víctimas de los vuelos de la muerte en los que solo fueron identificados aquellos que por el movimiento de la marea terminaron en las costas argentinas y uruguayas. Sin embargo las declaraciones quizás ayuden a saber más del destino final de los secuestrados.
Desde las Fiscalías Federales se facilitarán todos los mecanismos para que quienes posean información y deseen acercarlas, las puedan brindar de manera virtual. Goya y Reconquista se incluyeron en la búsqueda ya que son localidades muy cercanas.
Nóbile contó que en la zona no hay ningún indicio de que los cuerpos hayan sido arrojados desde aviones porque, además de que no hubo ningún testimonio en este sentido, en los que fueron encontrados no hay signos compatibles con los que se vieron en los vuelos de la muerte.
Archivos secretos
Sanauria destacó el hecho de que las unidades de Derechos Humanos a lo largo y ancho del país tienen que “recurrir ingeniosamente al archivo pero más que nada al testimonio de la ciudadanía porque es sabido que los genocidas nunca abrieron los archivos para develar qué hicieron con los cuerpos”.
“Es por esto que los testimonios orales de personas son tan importantes porque pueden tener algún dato que nosotros buscamos. Muchos no saben que los estamos buscando y quizás muchos no saben que tienen una información que para nosotros es importante. Por eso eso tratamos de hacer una difusión muy grande de este tema, de dar con el paradero de los desaparecidos que no está tan agenda como otras consignas”, señaló.
Destacó que quienes trabajan en juicios de lesa humanidad, en general, descreen que no haya registros oficiales de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. “Existen pero son secretos y clandestinos. Jamás nos lo dieron. Muy de a poco y de forma fortuita han aparecido cosas que corroboran la existencia de algún tipo de información y archivo. Ellos, los represores, no hablan. Tienen un pacto de silencio y de sangre, no emiten sonido. Algún registro tiene que haber porque ellos tenían sus canales de inteligencia y sus clasificaciones a partir de las cuales ejecutaban órdenes”, detalló.
Finalmente Vigay resaltó que es la primera vez que solicitan información de este tipo de manera tan sistemática y con el objetivo de que tenga una llegada masiva. Piensan que con el correr de los días habrá más personas dispuestas a dar testimonio, “en general tienen que procesarlo y decidir si hablan o no, pero muchos se acercan”.
“Las tres restituciones que se hicieron hasta ahora fueron hechos muy reparadores y sanadores para las familias porque tuvieron dónde llevar una flor, hicieron sus velatorios, sus pequeños homenajes de despedida y pudieron hacer un duelo. Si alguna persona tiene un dato, que sepa que no son huesos nomás sino que hay una familia detrás y que se agotan los tiempos para que se pueda tener esa información y encontrar los restos”.
Los contactos para aportar la información son los siguientes:
Unidad de Derechos Humanos Corrientes:
Te Ce: 3794330375. Correo Electrónico: MSanauria@mpf.gov.ar.
Unidad de Derechos Humanos Resistencia – Chaco:
Te Ce 3794252793
Correo Electrónico : DVigay@mpf.gov.ar o
vigaydiegojesus@yahoo.com.ar
Fiscalía Federal de Reconquista – Santa Fe:
Te 03482 422522
Correo electrónico : fisfed-rqt@mpf.gov.ar
Fiscalía Federal de Goya – Corrientes:
Correo Electrónico : fisfed-goy@mpf.gov.ar
Teléfono 03777-475794
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