La Cámara de Diputados y el Senado provincial tienen en agenda, para las sesiones de este jueves, el tratamiento del veto del gobernador Omar Perotti a la ley de control de gastos reservados y a la reforma del reglamento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sancionadas en noviembre del año pasado y observadas en forma integral por el Poder Ejecutivo.
Los plazos legales para que la Legislatura acepte o rechace el veto del gobernador a las dos leyes vence en la medianoche del viernes. Por lo tanto, la sesión de este jueves es la última ocasión que tiene la oposición para insistir en la sanción definitiva de las normativas. Los bloques opositores al gobierno de Perotti necesitan reunir una mayoría especial de dos tercios en cada cámara para rechazarlos; cado contrario, el veto quedará firme y las leyes no serán promulgadas.
Hasta ahora no hubo consenso en la Legislatura para tratar el tema, por eso en la sesión del último jueves ambas cámaras acordaron postergar una semana el tratamiento del veto del gobernador. El Frente Progresista pretendía rechazar los vetos la semana pasada, pero el PJ y el radicalismo impulsaron la postergación del tema ante el compromiso del gobierno provincial de entablar un ámbito de negociación con ambas cámaras.
Ambos vetos deben ser rechazados o aceptados por una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. El tratamiento iniciará en las cámaras de origen: el Senado tiene que votar el veto a la ley de control de gastos reservados y la Cámara de Diputados la reforma del reglamento del MPA que estipula nuevas incompatibilidades para la designación de funcionarios en ese organismo judicial.
Las leyes “anti Sain”
En noviembre de 2020, la Legislatura sancionó en trámite exprés y en forma coordinada entre las cámaras dos leyes que apuntaban a reformar el sistema de seguridad. Una de ellas establece una serie de incompatibilidades para los funcionarios que se desempeñan en el MPA y la otra apunta a regular y transparentar el uso de gastos reservados tanto en la órbita del Ejecutivo como del Poder Judicial.
El proyecto sobre incompatibilidades en el MPA modifica la ley 13.013, que regula el funcionamiento del organismo. Fue elaborado por los diputados del Frente Progresista Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Fabián Palo Oliver. La ley declara la incompatibilidad, para acceder al cargo de fiscal general, fiscal regional, fiscal de grado o director de cualquier organismo del MPA, de quienes se hayan desempeñado como funcionarios en el área de seguridad, en los últimos dos años, bajo la dependencia de otro poder del Estado.
En aquel momento el gobierno provincial la interpretó como una normativa hecha a medida de Marcelo Sain, quien por esos días conducía el Ministerio de Seguridad de la provincia. Sain había asumido ese cargo luego de pedir licencia como titular del Organismo de Investigaciones del MPA, un lugar al que accedió por concurso durante la gestión anterior.
La otra ley tiene por objeto regular los gastos reservados y establece la obligación de todos los organismos del Estado (Ministerio de Seguridad, Policía, MPA y Ministerio de Gobierno) de que se haga una rendición, posterior a la investigación en cuestión, ante el Tribunal de Cuentas de la provincia. Esa ley fue impulsada por los senadores Armando Traferri (PJ), Felipe Michlig (UCR-Frente Progresista) y Hugo Rasetto (Unión Santafesina).
La ley considera como “reservados o especiales” los gastos necesarios para la realización de investigaciones criminales complejas que no puedan ser financiadas con gastos ordinarios o que se encuentran vinculados con la preservación de la vida o integridad física de personas relacionadas a dichas investigaciones.
Dos semanas después, el gobernador Perotti vetó completamente ambas normativas, pero no las envió a la Legislatura para que se ratifique o se rechace la decisión. Tampoco incluyó los vetos para su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias, entre diciembre y abril. Entonces, el rechazo o la ratificación de la observación integral que hizo el Poder Ejecutivo sobre ambas leyes recién pudo ser tratado por las cámaras a partir del 1º de mayo.
Para rechazar los vetos del gobierno, la oposición necesita reunir 34 votos en la Cámara de Diputados y 13 en el Senado. Dicho de otro modo: si el Frente Progresista quiere imponer la vigencia de esas leyes, requiere de un acuerdo con otros bloques opositores en la Cámara baja (Cambiemos y los celestes de Somos Vida y Familia) y lo mismo ocurre en el Senado, donde necesitará acompañamiento del bloque de Traferri.
Vicepresidencias vacantes
Otro tema pendiente en la Legislatura es la conformación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que está incompleta. En la primera sesión ordinaria de 2021, el jueves 13 de mayo, las diputadas y los diputados designaron a Pablo Farías como nuevo presidente del cuerpo. Sin embargo, las vicepresidencias primera y segunda quedaron vacantes y ese trámite tampoco pudo ser resuelto en la sesión del jueves 20.
Desde diciembre de 2019 hasta abril de 2021 estuvo vigente el acuerdo inter-partidario avalado por Lifschitz según el cual la vicepresidencia primera le correspondió a la diputada justicialista Lucila De Ponti y la segunda a su colega de la UCR frentista Jimena Senn. Ese reparto tuvo en cuenta que los radicales que integran el Frente Progresista tienen 11 bancas y que la primera minoría es el PJ, con siete bancas.
La composición política de la Cámara baja sigue siendo la misma, pero sin un conductor indiscutido como Lifschitz, ahora los radicales capitaneados por el diputado Maximiliano Pullaro quieren disputar la vicepresidencia primera –con el argumento de sus 11 bancas– y desplazar al PJ a la vicepresidencia segunda.
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