Ezequiel Nieva
La denominada causa Brusa –por la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en Santa Fe– ingresa en su etapa final. Hoy comienzan los alegatos de los abogados defensores –que seguirán hasta mañana– y se espera que la semana próxima el tribunal dicte sentencia.
En primer lugar leerán sus alegatos los abogados particulares que representan a Juan Calixto Perizzotti y a Héctor Romeo Colombini, Claudio Torres del Sel y Gastón Caglia, respectivamente. Mañana a la mañana será el turno de los defensores oficiales –Adriana Gastaldi, Fabio Procajlo, Fernando Sánchez y Judith Didier– que patrocinan al resto de los imputados. Por la tarde está previsto que se realicen las réplicas de la querella y las contrarréplicas de la defensa. Así cerrará la penúltima semana de audiencias del primer juicio por derechos humanos realizado en la capital provincial.
La semana pasada, después de los alegatos de la acusación, los defensores oficiales pidieron más tiempo al tribunal para preparar sus alegatos. Por ello se decidió alargar el cuarto intermedio un día más y reanudar el juicio en la mañana de hoy.
En la causa hay seis imputados. Colombini –que fue agente de Inteligencia de la Policía provincial– enfrenta al tribunal acusado por seis hechos, en los que se le atribuye haber participado en calidad de coautor: el delito, privación ilegal de la libertad agravada por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 142º inciso 1 del artículo 144º bis, según la ley 23.077.
Perizzotti –que fue jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), enlace directo entre el Ejército y la Policía– carga con cinco acusaciones por tormentos, figura prevista en el artículo 144º del Código Penal según la ley 14.616, y además cinco hechos en los que se le atribuye haber sido coautor del delito de de privación ilegal de la libertad.
Los otros acusados son María Eva Aebi –que revistaba en la GIR y participaba con frecuencia en los operativos ilegales–, a quien se juzga por cinco casos de tortura y por seis secuestros. El ex jefe comunal de Rincón, Mario Facino –fue jefe de la comisaría 4ª, uno de los principales centros clandestinos de detención–, está procesado por un solo caso de torturas y por tres casos de secuestro.
Eduardo Ramos, apodado “Curro”, está acusado por seis casos de tortura y cinco de privación ilegal de la libertad agravada. Y el hombre cuyo apellido simboliza la causa, el ex juez federal Víctor Brusa –secretario de juzgado en los años de la dictadura, ascendido en democracia y destituido en 2000 tras un jury en el que se lo indagó por haber atropellado con su lancha a un nadador en la laguna Setúbal–, está imputado de haber participado en ocho casos de apremios ilegales “en calidad de autor”.
De los seis acusados, sólo dos hicieron uso del derecho de ampliar sus declaraciones indagatorias en la etapa de audiencias públicas y orales, que comenzó el 1º de septiembre.
Fueron Perizzotti, que pidió hablar cuando recién empezaba el desfile de testigos y aseguró que los policías sólo cumplían órdenes, pero que no tenían poder de decisión. “Nos usaron como forros”, graficó.
Ramos, que pidió ampliar su indagatoria sobre el final de la etapa de testimoniales, reconoció haber desempeñado el rol de espía en los primeros años de la dictadura y admitió que participó de la segunda detención de José Schulman, uno de los querellantes, pero apeló a la teoría de los dos demonios: dijo que en los 70 se libró una guerra y que a los desaparecidos los respetaba como “soldados muertos”.
La querella –que está dividida en cuatro representaciones– pidió penas altas para los acusados: entre 20 y 25 años de prisión efectiva en cárcel común. El tribunal compuesto por el juez subrogante Roberto Manuel López Arango –del Tribunal Oral de Paraná– y por los conjueces santafesinos Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus dictará sentencia la semana que viene.
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