Carina Ortiz
Las escuchas telefónicas, gran protagonista del juicio a la banda de los Monos, es la prueba basal contra Ramón Ezequiel Machuca, conocido como Monchi Cantero. A partir de ellas el tribunal que lo juzgó armó un rompecabezas al que fue sumando otras pruebas: testimonios, informes financieros, secuestro de elementos probatorios para concluir en su responsabilidad y la justificación de la pena impuesta el pasado 9 de abril: 37 años de prisión.
De la línea telefónica que le fue comprobada a Monchi el tribunal evaluó distintas conversaciones que, a su entender, lo ubican en la jefatura de la banda condenada como una asociación ilícita en un doble comando con su hermano de crianza Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien recibió 22 años de cárcel. Con una plena dedicación a las relaciones con policías, al manejo de la ganancia producida por la banda y la provisión de herramientas para concretar los designios del grupo. También orquestar la venganza por la muerte de su hermano.
Machuca tenía a su cargo la relación e interacción con policías y la provisión de distintos insumos para la organización. Mientras que Guille comandaba y dirigía el brazo armado de la banda, integrado entre otros por Leandro “Gordo” Vilches (penado con 12 años) y Jorge “Ema” Chamorro (con 10). La reacción al homicidio (el 26 de mayo de 2013, en Villa Gobernador Gálvez) de su hermano Claudio “Pájaro” Cantero activó las comunicaciones entre ambos y requirió de la coordinación para responder en forma violenta y aleccionadora como ameritaba el caso: debía vengarse al hermano muerto pero también reafirmar el rasgo violento de la organización. La respuesta debía ser contundente y rápida; de otra forma el poderío y supremacía de la organización en el “negocio de la violencia” se vería comprometido, refiere el fallo.
Las escuchas
Desde su “teléfono laboral”, Monchi impartió órdenes, programó planes criminales, negocios lícitos e ilícitos, realizó averiguaciones, advertencias y castigos, dice el fallo. Lo que para los jueces Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Mas Varela, según dejaron asentado en los fundamentos que se conocieron el pasado miércoles, permite delinear el liderazgo que éste tuvo en la banda criminal y da cuenta que la jefatura de Machuca, dentro de la asociación, era un “trabajo full time o de tiempo completo”.
La pata económica
Para el tribunal el flujo de ingresos que evidenciaba Machuca no podía venir de otro lado que las actividades ilícitas que desarrollaba la banda. Y para ejemplificarlo hicieron foco en conversaciones con Mariano Ruiz, condenado en un proceso abreviado y sindicado administrador del grupo. Así concluyen que era un gestor de negocios legales e ilegales de la banda, y en particular de Monchi. En esas charlas hablan de propiedades y compras de armas y municiones. Esa data se contrastó con un informe de análisis patrimonial que habla de la propiedad de una casa en Funes, otra en calle Hilarión de la Quintana a nombre de Silvana Gorosito, su pareja, que además tenía taxis a su nombre.
Monchi tenía también a su nombre dos autos: un Peugeot 308 GTI año 2013 y un Citroën DS3 modelo 2011 y propiedades cuyos servicios estaban a su nombre. De las escuchas, además, surge la compraventa de dólares, referencias a contadores, vehículos y conversaciones con maestros mayores de obra, gestores. “Aparecen como una clara descripción del volumen económico que Machuca, como uno de los jefes de la sociedad, administraba, disponía y gestionaba el uso de los réditos económicos que aquella producía”, dice la resolución.
El ecónomo
Cristian Hernán Bustos era otro de sus subalternos; fue condenado en un abreviado. Era el encargado de llevar la contabilidad de los negocios de la organización y, además, realizaba diversas gestiones e informes, aportaba datos al jefe y efectuaba pagos, entre otras tareas, explican. Citan una escucha entre ambos donde Monchi lo llama a Bustos para saber dónde estaba. La respuesta fue “abriendo la rotisería”, a lo que Monchi dio la directiva: “Después descontale a Mariano, que ahí me pagó 37 palos que me debía”. El contenido de distintos diálogos muestra claramente cómo Machuca tenía a su disposición un empleado que se encargaba –bajo su orden– del manejo de dinero de la banda.
Como en este caso, el tribunal evalúa a través de conversaciones los diálogos con otros subordinados del grupo de los que surge que la banda “manejaba negocios” que exceden a la Justicia provincial, que generaban ganancias económicas, cuya disposición era exclusiva de los jefes. Los recaudadores eran sus dependientes y estos se encontraban obligados a rendirles cuenta. Y esos negocios eran acompañados de amenazas, agresiones, atentados y episodios de gran violencia, refirieron.
Para ejemplificar hablan del homicidio del Raúl Héctor “Caracú” Navarro, ocurrido el 18 de mayo de 2013 en barrio Itatí, y relatan una serie de escuchas entre el Cristian “Negro” González –otro miembro de la banda– y Monchi, donde el segundo cuenta cómo atacaron a balazos el lugar donde estaba Caracú y cómo un soldadito que custodiaba en el lugar del ataque respondió a la agresión. Monchi le dice: “Hace cerrar el negocio un rato”. Después el Negro le avisa que Caracú murió. Monchi le dice que tenga ojo con la Policía que seguro va a ir a preguntar al hospital y le encomienda que le averigüe quién fue. Monchi insistió en pagar los gastos del sepelio y para el tribunal ello no parece responder a una relación de amistad sino más bien a proteger las actividades de la organización. Los jueces concluyeron que los dependientes de la banda podían recibir réditos económicos o ventajas como la protección policial hasta una especie de cobertura de sepelio, tal como en el caso de Caracú.
Monchi era un líder y sus subordinados no actuaban por su propia cuenta. Si alguno de ellos advertía una situación de riesgo, ya sea la presencia de las fuerzas de seguridad o la instalación de competencia que pueda rivalizar los negocios de la organización, se debía dar aviso, afirmaron.
La relación policial
Del cúmulo de escuchas también surge para el tribunal la relación de Monchi con policías, a los que la Fiscalía catalogó como “proveedores oficiales de impunidad” y las conversaciones demuestran los diversos roles que los integrantes cumplían dentro de la estructura delictiva, afirmaron. La función de los policías era informar a Monchi de las investigaciones policiales en curso, de allanamientos a realizarse, procedimientos en beneficio de la organización. En suma, garantizar la impunidad de los hechos cometidos por la banda, y evitar que las actividades de la organización se vieran perjudicadas o entorpecidas por el normal accionar de las fuerzas del orden, dice el fallo.
En las conversaciones se habla de la predisposición o servicialidad del empleado policial hacia su jefe Monchi. Y entre los ejemplos nombran escuchas con Juan “Chavo” Maciel, uno de los policías más leales a la banda que aceptó un procedimiento abreviado antes de llegar a juicio por una pena menor. De quién obtenía información de calidad y en tiempo real, dice el fallo.
Recibía por parte de aquellos subalternos que integraban las fuerzas policiales información que administraba en pro del funcionamiento de la organización. Tras el crimen del Pájaro Cantero, la organización obtuvo la información de quiénes podían haber sido los autores del homicidio e incluso se secuestra en una casa de calle Melián, en barrio La Granada, las fichas personales de la Sección Análisis Criminal de Milton Damario, Facundo “Macaco” Muñoz y Luis Orlando “Pollo” Bassi, quienes resultarían luego absueltos en juicio oral por el homicidio.
La detención del Negro González, en la comisaría 15ª, es otro ejemplo de su accionar, aseguraron. El policía que tenía allí la organización osó no atenderle el teléfono a Monchi y éste le organizó una marcha en la puerta de la seccional para darle un mensaje. La manifestación se hizo bajo la excusa de reclamar seguridad pero el fin fue sancionar a otro de sus subalternos, el policía Ángel Albano Avaca, quien terminó condenado como integrante de asociación ilícita a siete años de cárcel, explicaron.
El doble comando
De las escuchas surge que Monchi no recibe órdenes de persona alguna, sólo en contadas ocasiones, con miembros de su familia y en especial con Guille, se advierte una relación entre iguales y de coordinación.
El fallo afirma que Guille Cantero comandaba el brazo armado de la organización, para lo cual el aporte de Monchi resultaba fundamental: la provisión de armas y municiones sin las cuales la facción violenta no hubiera podido desenvolverse. También, la supremacía y contacto de Monchi con los policías tenía un fin específico relacionado con las actividades desarrolladas por Guille y su grupo de “esbirros violentos”.
Para el tribunal existe una total conjunción y coordinación entre ambos líderes para lograr la organización de violencia sistemática a los fines de provocar y usufructuar un territorio liberado.
El tribunal concluyó que Monchi, en coordinación con Guille, impartía órdenes, comandaba los planes criminales, estaba exento de rendir cuentas y tenía total y absoluta autoridad sobre los otros miembros de la asociación. No ha podido demostrarse que haya actuado en su establecimiento, ordenamiento o constitución, dado que la fundación de la organización no ha sido materia de debate, por lo que se desechó el carácter de organizador.
El triple crimen
Tras el homicidio del Pájaro la saga de crímenes de venganza no se hizo esperar. El primero fue el de Diego “Tarta” Demarre, dueño del boliche Infinity Night frente al cual había sido asesinado Cantero la madrugada anterior, en el mediodía del 27 de mayo de 2013. Al día siguiente, el 28, se produjo el ataque a la camioneta donde iban Nahuel César, Eduardo Alomar y Norma César (madre del primero), entre otros familiares, en Francia y Acevedo. Los dos primeros murieron en el acto mientras que Norma falleció seis meses después en el hospital del cual nunca pudo salir. Monchi fue acusado como instigador de estos crímenes, aunque por ahora sólo condenado por el triple homicidio, y uno más, ocurrido el 15 de mayo anterior, el de la adolescente Lourdes Canteros en barrio de la Carne.
Para el tribunal la prueba indiciaria es la base de la condena en el caso del triple crimen y una vez más las escuchas son el fundamento. Aseguraron que todos los audios considerados han dado resultado positivo respecto de Monchi. Explican que las conversaciones mantenidas después del hecho y la interpretación que hace de ellos Ariel Lotito, el policía de la ex División Judiciales que se encargó de las escuchas, determina la posible vinculación de Monchi con el hecho.
La violencia desplegada a partir del asesinato del Pájaro tuvo como único objetivo vengar su muerte. Para ello, fue imprescindible averiguar quiénes habían sido los autores. Así, los distintos engranajes de la banda pusieron en marcha tareas investigativas tendientes a identificar, ubicar y asesinar a quienes, de acuerdo con los dichos de terceros o a los comentarios que recolectaban en el barrio, habían dado muerte al Pájaro, dice el fallo.
Las labores de inteligencia desplegadas por la banda quedaron registradas en las numerosas escuchas –algunas de ellas con policías– que tienen como protagonista a Monchi. De ellas se desprende una clara sindicación hacia Milton César (familiar de las víctimas del triple crimen) como uno de los posibles asesinos y, a partir de esta información, el evidente propósito de darle muerte.
Identificadas las víctimas del futuro ataque, comienza su cacería y el tribunal citó escuchas que lo grafican: “Fijate si alguien lo ve”. Otras conversaciones con Monchi indican dónde puede estar, cual es la dirección.
Para el tribunal la “manda fue cumplida” una hora después de la conversación con Mariano Ruiz, donde le pide armas y municiones. Luego vienen las insistentes averiguaciones de los resultados del ataque en el que era blanco Milton César. Para los jueces dispararon en forma imprevista múltiples proyectiles a un auto ocupado por numerosas personas –entre ellas niños–, aprovechando que estaba parado en el semáforo, bastando la certeza que en su interior había personas de apellido César, dice el fallo, y suma algunos testimonios de familiares de los César que se enteraron que todo había empezado cuando mataron a Cantero.
Estas tareas de logística e inteligencia que la banda pone en marcha, con anterioridad y con posterioridad al triple crimen, dan cuenta del modus operandi con que actuaba para ejecutar los crímenes que su jefe ordenaba, dice el tribunal. Esto puede fácilmente advertirse cuando se analizan interrelacionadamente dos de los homicidios puestos a examen en el juicio. Se refirieron concretamente a las similitudes en la mecánica del triple crimen y el homicidio de Demarre, ocurrido un día antes. A lo que sumaron que algunas de las vainas secuestradas coinciden con vainas levantadas en el crimen de Demarre, lo que implica que fueron disparadas por la misma arma.
Concluyen que Machuca ordenó ejecutar el ataque. Efectuó averiguaciones acerca de quiénes podían haber sido los autores de la muerte de su hermano de crianza, y con el norte de vengar su muerte fue que recabó información hasta dar con el nombre de Milton César –quien fue desvinculado del caso por el crimen del Pájaro– como uno de los posibles autores del homicidio de Cantero; luego de ello llegó al grupo la orden de dar con él, tras lo cual sobrevino el ataque.
“Dale a mansalva”
En cuanto al crimen de la adolescente Lourdes Canteros, el 15 de mayo de 2013 desconocidos balearon el frente de una casa de Conscripto Bernardi al 6300 y uno de los disparos mató a la chica. El tribunal concluyó una vez más que las escuchas y los indicios son la base de la responsabilidad penal de Machuca en el hecho como instigador. La más significativa de las conversaciones es la que dice: “Dale a mansalva”, con lo que grafican la orden de Monchi que cumplió un subalterno, lo que para el tribunal demostró un dolo homicida.
Este hecho fue leído por los jueces en el contexto general de la asociación ilícita, en la actuación de la banda y en la conducción de sus negocios y, desde allí, la supuesta disputa con un quiosco de la competencia –que tenía amparo policial– ubicado en una zona que se traducía en la pérdida de espacios. Por este hecho además fue penado como partícipe secundario el policía Juan Delmastro, quien recibió seis años y medio de cárcel; un monto similar al que lo condenaron como integrante de la asociación ilícita.
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