Luego de dos años sin modificaciones, el gobierno santafesino autorizó un aumento del 32 por ciento en la facturación de Aguas Santafesinas SA (Assa) que responde a un pedido de actualización de principios de 2019. El incremento afecta a 15 localidades y comenzará a regir desde el primer bimestre de 2021. No sin quejas: “La decisión vulnera el derecho con jerarquía constitucional de los usuarios al negarle el debate sobre la rendición de cuentas de la empresa”, contestaron desde el bloque socialista de la Cámara de Diputados, que también exige la realización de una audiencia previa a la modificación de los valores por tratarse de un servicio público esencial.
La diputada provincial Clara García cuestionó que se haya invocado como pretexto “una habilitación de hace más de dos años, en circunstancias diferentes”, y agregó que ese acto ya no tiene valor jurídico. “La omisión por parte de esta administración de los procedimientos institucionales para la toma de decisiones conllevaría a decisiones inconstitucionales”, sentenció la legisladora.
La gestión provincial de Omar Perotti había dispuesto, a tono con las decisiones de Nación, congelar durante la pandemia las tarifas de los servicios públicos bajo órbita estatal, lo que comprende a los sanitarios que presta Assa y los de energía eléctrica de la EPE. La reciente resolución sobre la provisión de agua rompió el criterio.
Sin audiencias públicas, “inconstitucional”
Clara García, vocera de la iniciativa opositora en la Legislatura, marcó lo que entiende como una violación a garantías constitucionales respecto del aumento avalado por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe. “El esfuerzo de ingeniería argumentativa que desde esta gestión se intenta realizar para aplicar el pretendido aumento no sólo pretende evitar la obligatoria audiencia pública y negarles a los usuarios el debate sobre la rendición de cuentas de la empresa, sino que también dicha situación trasuntaría en la lisa y llana nulidad del aumento, con la consiguiente inseguridad jurídica que ello podría acarrear”, avisó.
La diputada citó la causa “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”. Recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento de tarifas de los usuarios residentes con voto unánime que exigió la realización de una audiencia pública previa como requisito obligatorio para la fijación de tarifas. Y señaló que el incumplimiento de ese paso habilita a los tribunales inferiores el dictado de nulidad contras esas resoluciones.
Las audiencias públicas previas a la modificación de tarifas en Assa, insistió García, llevan una década de vigencia ininterrumpida. La referente del socialismo destacó que el caso de 2018, cuando por primera vez se desdobló el aumento –en enero y mayo del mismo año– “es muy distinto a pretender aplicar un aumento sin la correspondiente celebración de una audiencia pública y justificar esa decisión con el supuesto aval de una audiencia que sesionó en noviembre de 2018, que claramente cesó en sus alcances y competencia”.
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