Era un posible ruido y ahora se hizo más fuerte: la Unión Tranviarios Automotor resolvió este martes declarar el estado de alerta y de asamblea permanente de los trabajadores del transporte de pasajeros ante “el incumplimiento de las empresas en el pago de los haberes correspondientes al mes de mayo”. Los choferes, que vienen de protagonizar la huelga más extensa de la historia del gremio local –incluida una histórica y multitudinaria movilización en plena cuarentena– están así nuevamente en guardia, aunque por el momento no se dispuso ninguna nueva medida de fuerza.
El cese de tareas de la UTA se extendió por 23 días corridos en la ciudad y la zona metropolitina, una jornada más de las que cumplieron decenas de seccionales del gremio en casi todo el país. El titular del sindicato en Rosario, Sergio Copello, había marcado en distintas conferencias de prensa que se trataba de un “corte de crédito laboral” –esto es que no se habían pagado los servicios ya prestados– y que se iba a extender hasta que el último trabajador recibiera el 100% de su salario de abril.
Y así fue: finalmente el pasado miércoles 3 los ómnibus volvieron a la calle y el gremio dio por concluido el conflicto. Copello, entonces, no se quiso adelantar a los tiempos: la última porción del salario de abril, que los choferes fueron percibiendo en tramos en tramos, llegaba casi a superponerse con el sueldo de mayo, que debía hacerse efectivo el pasado viernes 5. El dirigente puso énfasis entonces en que las nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio alivianaran las cuentas en rojo de las empresas de transporte, tanto privadas como estatales al aumentar el flujo de pasajeros en el sistema.
Y es lo que está ocurriendo, pero nuevamente unos 2.700 trabajadores del transporte urbano e interurbano no habían percibido, todavía, la totalidad de sus salarios: “Ven con preocupación la imposibilidad de hacer frente al sustento de su familias”, marcó la UTA al confirmar el estado de alerta.
Mientras tanto, la larga huelga del sindicato puso en relieve la superlativa inequidad en el reparto de subsidios al sistema entre la llamada Amba (área metropolitana de Buenos Aires) y el interior del país: 9 de cada 10 pesos se quedan en la zona de mayor concentración de unidades y trabajadores, y donde no hubo un solo día de paro. La puja, que reunió en forma virtual a intendentes de grandes urbes como Rosario, Santa Fe, Córdoba, Paraná y Bariloche, entre otras, en una misma trinchera, continúa en el plano político, pero ahora con un alerta amarilla por parte de los choferes.
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