Luciana Mangó
Desde hace dos años en la Facultad de Psicología de la UNR funciona el Centro de Estudios de Investigación en Violencia y Abuso Sexual (Ceivas). Lo integran 12 psicólogas y estudiantes que acompañan no a las víctimas sino a quienes reciben las situaciones en las instituciones. Los ayudan a pensar en cómo contenerlas y prevenirlas desde una perspectiva de género. Trabajan desde una idea: creerle a la víctima. Es que en sus informes, que juntan casos desde 2016, sólo el 1 por ciento de las denuncias terminaban siendo eran falsas. En Ceivas entienden que cada persona recurre a la Justicia cuando puede porque el silencio y la retractación son componentes fundamentales del abuso ya que, según indicaron, el 80 por ciento de las situaciones pasan dentro de las familias. “El trabajo con víctimas tiene un efecto fuerte en quienes reciben la situación. Los acompañamos durante la intervención para pensar las estrategias y las redes de contención”, dijo a El Ciudadano, la directora del Ceivas, Bettina Calvi.
El equipo empezó a capacitar a los profesionales y trabajadores de las instituciones aún antes que el gobierno santafesino capacitara a policías para recibir las denuncias y no desestimarlas. Incluso antes de la ley Micaela, que obliga a capacitar a personal de los tres poderes en género y violencia contra las mujeres. Este año, junto con el juez Carlos Rozanski, el decano de la Facultad de Psicología Raúl Gómez Alonso, y Natalia Amiatello en la coordinación, trasladarán la experiencia de estos dos años a otras provincias del país. Darán una capacitación online que empezará en abril sobre la lucha contra abusos sexuales en las infancias. Estará destinada a los profesionales y al personal que trabaje con niños, niñas, y adolescentes. Constará de tres niveles: brindar herramientas para reconocer y prevenir situaciones de abuso, analizar ejemplos de casos judiciales y hacer un seguimiento de los equipos de acompañamiento en otras regiones.
Compromiso
“Después de atender el primer caso de abuso infantil decidí seguir trabajando esta problemática antes que asustarme”, dijo la psicóloga Natalia Amatiello, una de las coordinadoras del Ceivas. Era la única en el centro de Empleados de Comercio que atendía niños y niñas abusados y tenía problemas para hacerlo. En busca de asesoramiento, conoció a Bettina Calvi. Ella estaba recién recibida cuando atendió a una nena de 4 años que había sido abusada por su padrastro. Años después, investigó los efectos psíquicos del abuso sexual en la infancia para rendir su tesis doctoral. Reconoció la relación entre éstos y la violencia de género cuando dirigió un albergue para víctimas. “Había que entender la problemática para pensar estrategias de intervención. Antes no había lugar para esto”, contó. Desde entonces ella estudia y asesora a profesionales sobre género y abuso.
Calvi y Amatiello coordinan el espacio del que participan ocho psicólogas y tres estudiantes. El antecedente fue el programa Proteger, donde analizaban las denuncias de abuso que llegaban al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y buscaban dar a conocer la problemática entre los trabajadores del Estado.
Capacitar para cuidar
La creación del Ceivas llegó hace dos años con el objetivo de atender las denuncias de abuso sexual y violencia de género contra niños, niñas y adolescentes que llegan a escuelas, institutos, centros de salud, agrupaciones políticas o cualquier otra institución. También a los consultorios de profesionales independientes. “El abuso sexual en la infancia no está visibilizado. La incidencia es altísima, pero al ser intrafamiliar no se denuncia y es difícil de comprobar. Hay indicios en las niñas y niños. Varían según la edad pero dan cuenta de una situación de abuso. Colaboramos con los profesionales o los trabajadores para detectarlos”, explicaron las psicólogas.
Las consultan llegan a través de redes sociales o por teléfono. Las profesionales acuerdan un horario y en dúos reciben a la persona. En conjunto piensan una estrategia y las herramientas para intervenir en cada caso. “En los centros de estudiantes de las escuelas secundarias llegan denuncias de violencia cotidiana entre pares (comentarios machistas, agresiones verbales o formas de subestimación de las mujeres). Muchas veces no saben cómo actuar. En 2018 hablamos con las agrupaciones y organizamos talleres en las escuelas”, contaron las psicólogas y mencionaron que las estrategias van desde armar talleres, redactar informes judiciales, o hacer reuniones con otros involucrados.
En conjunto
Según señalaron, el 80 por ciento de los abusos en las infancias se dan dentro de la familia. “Hay muchos indicadores: síntomas psicosomáticos, descenso o amento de peso, o de rendimiento. Dependen de la edad del niño o niña. El silencio y la retractación son componentes fundamentales del abuso. Fue impuesto a través de la violencia, el hostigamiento y las amenazas. Por eso muchas víctimas callan y hablan sólo cuando pueden. La premisa es siempre creerles. Hace 3 años que vemos que sólo el 1 por ciento de las denuncias eran falsas”, explicaron.
Atentos a la revancha
Para las psicólogas, denunciar en la Justicia es fundamental para comenzar a actuar. “Cada persona lo hace cuando puede. Es importante ir a la Justicia para establecer medidas de protección. Hay casos que quedan archivados porque no hay pruebas suficientes”, señalaron. En los últimos meses de 2018 aumentaron las denuncias. Para ellas ayudó el respaldo del movimiento de mujeres y la aparición de las víctimas en los medios de comunicación junto con un mejor tratamiento hacia ellas. “Antes se las destruía rápido diciendo que querían fama y tenían que demostrar su inocencia. Ahora la sostienen las agrupaciones. La idea es no estar solo”, dijeron Calvi y Amiatello.
Para ellas, el acompañamiento y el trabajo en grupo es fundamental para defenderse del impacto denominado “backlash”, una suerte de contragolpe social que busca invalidar las conquistas de derechos como el de las mujeres. “Ante la marea verde salen los pañuelos celestes. Ante una denuncia de abuso aparece el descreimiento y la estigmatización de la víctima. Es el patriarcado que actúa en las instituciones. Lo vemos en la Justicia, en los colegios, y en los colegas. Romperlo es un trabajo permanente. Produce desgaste y hay muchos colegas que no quieren recibir más casos de abuso para no sufrir los ataques”, explicaron. La sentencia a los imputados por la muerte de Lucía Pérez y las niñas en Jujuy y Tucumán a las que les negaron la posibilidad de hacerse un aborto legal son ejemplos que para las psicólogas muestran cómo el patriarcado interviene en todos los niveles del Estado. “Es importante la formación para la deconstrucción que tenemos que hacer cada uno. En la Justicia el patriarcado está instalado muy fuerte. La culpabilización de la víctima se mezcla con la cuestión ideológica del pobre y la patriarcal acerca de las mujeres como objeto de uso para el goce de los varones. Hay que analizar cada práctica y deconstruirla”, concluyeron.
Lo dice la ley
Una semana antes que terminara el año, el Congreso aprobó la ley Micaela. Obliga a todo funcionario de cualquiera de los tres poderes a hacer un curso en género y violencia contra las mujeres. Será con examen y si reprueban les trabará la carrera dentro del Estado. Quienes impulsaron la ley dijeron que buscan un futuro con funcionarios más sensibles y una mejor contención de la persona que entra a una oficina estatal sin importar su género. La provincia apuntó primero a quienes son o quieren ser parte de la Policía, ya que más de la mitad de los casos de violencia contra la mujer en Santa Fe empiezan con una denuncia en las comisarías.
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