Policiales

Desde una cárcel de Córdoba

El sicario de Beroiz fue imputado por secuestros virtuales

El fiscal Foppiani investigó a Coqui Flores, quien purga perpetua, por extorsiones desde una celda con un teléfono celular.


Dos convictos que hasta hace un año cumplían condena en una cárcel cordobesa fueron imputados este miércoles en Rosario por el delito de extorsión, luego de una investigación que llevó adelante el fiscal Nicolás Foppiani por una docena de secuestros virtuales cometidos desde el penal de Cruz del Eje. Según la acusación, los reclusos se comunicaban por celular con la víctima, se hacían pasar por policías y bajo el anoticiamiento de un falso accidente de tránsito conseguían información de algún familiar. Luego, cambiaban el tono de la conversación para explicar que en verdad no eran policías sino secuestradores y pedían rescate, previo imitar la voz sollozante de la persona raptada. Una de esas voces era la de Raúl Oscar “Coqui” Flores, el pibe que a fines de 2007 confesó haber matado por encargo al gremialista Abel Beroiz, crimen por el que purga prisión perpetua.

Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal Foppiani acusó al dúo de 12 hechos (dos consumados y 10 en grado de tentativa) y pidió la prisión preventiva sin plazo para ambos, lo que fue aceptado por el juez Juan Andrés Donnola.

Foppiani dijo que basó su investigación en escuchas telefónicas realizadas hace justo un año (entre abril y mayo de 2017) en las que se puede apreciar con claridad la modalidad delictiva y refirió que no descarta que haya más acusados. En ese sentido mencionó que las llamadas se realizaban desde el penal cordobés pero que todas las víctimas eran de Rosario, por lo que la banda tenía integrantes en la ciudad que se encargaban de embolsar los rescates.

La pesquisa surgió por un informe de la Policía de Santiago del Estero que descubrió, en una intervención telefónica que realizaba para esclarecer un homicidio, que se estaban cometiendo secuestros virtuales en Rosario. Así, pasó los datos a la Policía de Investigaciones (PDI) local, que junto al fiscal Foppiani analizaron el material y gestionaron las escuchas de tres teléfonos pertenecientes a allegados de Coqui Flores.

De esas intervenciones surgen las comunicaciones que comprometen a los acusados ya que, según el fiscal, tiene “sus voces grabadas cometiendo los delitos”.

“Voy a ser sincero”

“Lo que te voy a decir es un tema muy delicado. No quiero que lo repitas. Lo único que te pido es que lo tomes con calma porque te voy a ser sincero en todo punto de vista. Tu hija y tu yerno se encuentran bien. Ellos no han sufrido ningún accidente. Y si yo me hice pasar por policía era para saber si vos eras realmente el padre. Como ya verifiqué que vos sos el padre, ahora te voy a decir lo que pasó”, le advierte una voz masculina a un hombre que atendió el teléfono y creyó que quien le hablaba era un policía de apellido Coronel.

“Yo choqué el vehículo de un traficante. Tu hija se metió al medio en el auto y bueno, lamentablemente pensé que era gente que estaba prendida con este traficante. Yo a tu hija te la tengo secuestrada porque pensé que era uno de los integrantes de este secuestrador hijo de puta que se me piró. La agarré a ella por medida de seguridad. Lo único que te voy a pedir es que no llames ni a la policía ni a la prensa porque te puedo asegurar que le doy un balazo en la frente y la tiro a la orilla de Circunvalación”, continúa la voz que en el paso siguiente pide el rescate.

Las acusaciones por extorsión recayeron sobre Flores y Javier Eduardo Pardo, un cordobés que purga una condena a ocho años y cuatro meses de prisión por robo, y que estaba pronto a recuperar la libertad, en agosto próximo. En el caso de Flores, condenado a perpetua por el crimen de Beroiz en Rosario, se desconoce por qué cumplía su pena en otra provincia, aunque un allegado a la causa dijo que cuando comenzaron a investigarse los secuestros virtuales el muchacho fue trasladaron nuevamente al penal santafesino de Coronda.

Sicario

Flores fue uno de los ocho condenados por el crimen del sindicalista. Las penas las dictó a mediados de 2011 el entonces juez de Sentencia Carlos Carbone, quien determinó que Beroiz fue asesinado por una discordia en la conducción provincial del sindicato de Camioneros, luego de que sus oponentes montaran un plan criminal para quedarse con su cargo. A fines de 2012, los camaristas Daniel Acosta, Carina Lurati y Sergio Restovich confirmaron el fallo. En mayo de 2015 la decisión fue nuevamente ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (a donde llevó la queja uno de los sentenciados) con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

La prueba esencial de las condenas se basó en la declaración de Coqui Flores, quien confesó la autoría del homicidio e incriminó a los otros acusados.

El crimen

Beroiz fue asesinado la mañana del 27 de noviembre de 2007 cuando conducía los destinos de la Federación de Camioneros de Santa Fe y también era tesorero de la Confederación Nacional de Camioneros y hombre de confianza del entonces jefe de la CGT, Hugo Moyano. El crimen ocurrió en la cochera subterránea que el Automóvil Club Argentino (ACA) tiene en la plaza Montenegro donde el dirigente venadense de 71 años había dejado su vehículo tras pasar la noche en un hotel. Tras emboscarlo, le balearon una mano y el pecho y luego le dieron varias puñaladas. Antes de huir, sus agresores olvidaron una cuchilla de 18 centímetros de hoja, además de una agenda con la foto de Beroiz y otros datos que orientaron la investigación hacia Flores. Entre esos elementos había un papelito verde que tenía escrita la cifra de 80.000 pesos y una factura de compra. Así los investigadores allanaron una vivienda donde estaba la concubina de Flores, quien había comprado muebles y electrodomésticos por un valor de 11.000 pesos con plata que le había dado su pareja. Días después se concretó la detención de Flores quien, además de confesarse autor, brindó detalles del crimen por encargo y así surgieron los nombres de los sindicalistas Alejandro Lázaro, Juan Carlos Dell Arciprette y el gestor Julio César Gerez, que terminaron con perpetua.

Desde adentro

El paso del muchacho por prisión no fue fácil y protagonizó situaciones de extrema vulnerabilidad, incluso antes de ser condenado. Una de ellas fue en marzo de 2010, cuando tenía 26 años, hacía dos que estaba detenido y se fugó de la cárcel de Piñero escondido entre canastos de pan, en una camioneta del Instituto Autárquico de Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip). Si bien la fuga fue un escándalo por la facilidad (o complicidad) con la que burló las normas de seguridad, el muchacho se entregó a la Justicia dos semanas después en forma voluntaria. Tanto su abogado como los mismos funcionarios judiciales, reconocieron por entonces que lo único que quería era ver a su hijo, y que la fuga fue inmediatamente después de discutir con su mujer que le negaba las visitas del bebé.

En la misma época fue hospitalizado por autolesionarse y más de una vez sus allegados dijeron que necesitaba contención psicológica.

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