La Cámara Nacional de Tabaco presentó una denuncia penal contra el Señor del Tabaco, como el propio Javier Milei apodó al empresario Pablo Otero, en la que lo acusa de pagar una coima de 4 millones de dólares a legisladores nacionales para que quiten el capítulo fiscal de la ley de Bases la parte que ponía en igualdad de condiciones a todas las tabacaleras: les permitía tributar el 73 por ciento del precio del atado de cigarrillo en el mercado, y no una suma fija, impagable para las marcas más económicas. La denuncia es a raíz de un e-mail que recibió el nucleamiento de pymes nacionales y también una tabacalera de Salta, en el que se brinda detalles sobre la presunta operatoria delictiva que beneficiaría los bolsillos de Otero. Según la denuncia, ese dinero sería para repartir entre varios diputados.
Lo que llamó la atención no sólo de los involucrados en el rubro sino a las figuras políticas de mayor relieve en el país es que una vez que el Congreso consensuó con los actores del tabaco la eliminación del impuesto mínimo, y que se tribute el 73 por ciento del precio del atado de cigarrillo en el mercado, de golpe y de manera inconsulta se quitó del proyecto este capítulo de la norma que beneficiaría al Estado para volver a cargar con el impuesto mínimo, que impide a las empresas con marcas económicas trabajar, salvo que consigan un recurso de amparo judicial, tal como por ejemplo lo hace la propia Tabacalera Sarandí, la firma de Otero.
La denuncia del gobernador salteño
La medida desató un escándalo no sólo por la denuncia de Canet, sino por una publicación que realizó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, una de las siete provincias tabacaleras. En sus redes sociales, arremetió contra un grupo de diputados nacionales, insinuando connivencia con intereses empresariales en la industria tabacalera.
El mandatario Sáenz acusó a legisladores nacionales de “torcer el brazo” del gobierno y favorecer a una empresa privilegiada, “que se autopercibe pyme pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino, en detrimento de las economías regionales”. La mención es a que Sarandí trabaja en asociación con Imperial Tobacco, una multinacional oligopólica de origen brasileño. Además, existe una denuncia penal presentada por el senador provincial salteño Enrique Cornejo contra otro diputado, a quien apunta por favorecer a la misma tabacalera, que recibió el apoyo de varias empresas del sector.
Igualmente, en Jujuy
También desde Jujuy, la Cámara del Tabaco, a través de su titular, Pedro Pascuttini, cuestionó que el gobierno nacional decida ceder ante las presiones de empresas que no tributan como los productores y que seguirán siendo beneficiadas si no se modifica la cuestión impositiva en el sector tabacalero.
“Desde el año 2017 que venimos advirtiendo sobre esta situación, hemos llevado a cabo medidas para llamar la atención de los legisladores, de la justicia federal y del gobierno nacional pero no se ha resuelto. Ahora vemos con sorpresa que no se haya incluido al tabaco en el apartado fiscal de la ley Ómnibus. Eso no es bueno, no es positivo ni para la producción, ni para la Nación, ni mucho menos para las siete provincias tabacaleras que constituyen una economía regional”, explicó Pascuttini.
Diputados en la mira
En distintas notas periodísticas publicados en los medios de mayor predicamento en el país se apuntó contra Cristian Ritondo y Diego Santilli, de la bancada del PRO, contra Carlos Castagneto, peronista y ex titular de la Afip, y el legislador libertario Carlos Zapata. Según publicó La Nación, Ritondo negó que desde su bloque hayan reclamado a la administración de Milei que eliminara los artículos que elevaban la suba de los impuestos internos al tabaco del 70 al 73% y suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos para beneficiar a Pablo Otero.
En la misma línea habló Santilli: “La posición de PRO es ni Massalin Particulares (la otra gran multinacional del rubro, apuntada como lobbista en su contra por el empresario Otero) ni Sarandí. Proponemos un proyecto que replica lo que funciona en el mundo: altos impuestos para que el precio del tabaco sea más caro; fijar un precio mínimo salud; eliminar el impuesto mínimo, que generó todas las distorsiones; buscar un mecanismo para buscar la evasión fiscal y suprimir la estructura de controladores que planteaba el gobierno”.
Jornada agitada
Tras un día que se inició con la divulgación de la noticia de la denuncia por parte del periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, y que siguió con declaraciones de todo tenor, el propio ministro del Interior Guillermo Francos debió salir a aclarar el motivo por el cual no se incluyó el capítulo tabacalero en la ley Ómnibus.
“Lo sacamos porque no queríamos generar esta discusión ahora, junto con una ley que trata temas de mayor importancia”, justificó el ministro del Interior, este jueves ante Radio Rivadavia, el retiro del capítulo tabacalero. Y agregó: “Lo vamos a incluir más adelante, en un tratamiento de la Ley de Impuestos Internos”.
El mail en cuestión
La denuncia de Canet fue a partir de un mail que recibieron el 13 de marzo pasado en el que se relata con lujo de detalles cómo, según esta versión, se pagó la coima en cuestión. Direcciones, fechas, patentes de autos, nombres, todo en pro de que el dinero llegara a manos de legisladores que de la noche a la mañana provocaron la desaparición del capítulo sobre el tabaco del proyecto de ley Ómnibus.
Y es por eso que Canet presentó ante la Justicia el mail y diversas pruebas a las que tuvo acceso y pide al juez que investigue la eventual comisión de los delitos de cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos que surja de la investigación contra Otero y contra legisladores, policías, gendarmes, abogados y empleados.
Ese mail, que se encontraba copiado a la Cámara de la Industria del Tabaco y la Cámara del Tabaco de Salta, acusa al diputado Carlos Castagneto de haber recibido la suma de 4 millones de dólares de parte de Pablo Otero para repartir entre algunos miembros de su bloque y para dos diputados del PRO, aunque no señala sus nombres, situación que promete hacer en una nueva remisión. El mail que se detalla en la denuncia penal sostiene que se hicieron dos pagos, uno al principio de la “gestión” y otro contra el resultado de la misma.
En la denuncia detalla que hubo dos pagos que estuvieron a cargo de personas de confianza de Otero. Se trata de cuatro personas, dos de ellas con cargo en la Policía Federal y en Gendarmería. En la denuncia detallan los autos en los que llegaron, en qué restaurante comieron y hasta los números de cuenta y de Swift (CBU estadonidense) desde donde transfirieron el dinero de Estados Unidos. También detallan la cantidad de dinero que tiene en esas cuentas sin declarar, por lo que suponen un lavado de activos.
Trámite legislativo
Esta irregularidad se da en un contexto en el que la llamada ley de Bases llegó a distintas comisiones de Diputados, donde el oficialismo aconsejaba la modificación de la ley de impuestos internos en relación con el cigarrillo quedando la norma redactada del siguiente modo: “Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del 73%. Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo Nacional”.
El 23 de enero de 2024 el dictamen de mayoría, que contaba con 55 votos a favor, se emitió luego de haberse realizado seis reuniones informativas, donde se recibió a ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes defendieron la norma enviada por el gobierno nacional. También expusieron distintos representantes de sectores productivos, industriales y gremiales, así como integrantes de organizaciones culturales, ambientales y de derechos humanos, entre otros ámbitos, que expresaron sus posturas en el plenario de comisiones.
Pero la derogación del impuesto mínimo al cigarrillo resultó de una propuesta que tomaba las posturas no sólo a las empresas internacionales como Massalin (Philips Morris International) y British American Tobacco, sino también de la cámara nacional de empresas tabacaleras que cobija en su seno a las pymes de la República Argentina (Canet).
“No se trataba de un planteo aislado, sino que existía un consenso unánime de todos los actores del sector tabacalero en cuanto a la necesidad de poner orden y terminar con los perjuicios que el actual esquema tributario de impuesto mínimo genera a las pequeñas y medianas empresas, e incrementar por otra parte la recaudación, subiendo la alícuota desde el 70% al 73%”, describieron desde Canet.
Así lo reflejaban por ese entonces algunos medios periodísticos especializados: “El sector tabacalero respalda las reformas impositivas propuestas en la ley ómnibus. Las economías regionales, productoras de tabaco, de Salta, Jujuy y Misiones, junto a las principales cámaras apoyan el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Marcha atrás
Pese al consenso del sector tabacalero, el 2 de febrero del 2024, al iniciarse la sesión de Diputados para el tratamiento en general del proyecto de ley, “sorpresivamente advertimos que de modo absolutamente inconsulto a los actores del sistema productivo del tabaco se había quitado del proyecto el capítulo que abordaba la reforma de la ley de impuesto interno y que derogaba el impuesto mínimo”, sostiene la denuncia.
“Las sospechas en ese entonces giraban alrededor del poderoso empresario Pablo Marcelo Otero, titular de Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, quien «habría operado» para evitar que se derogara el impuesto mínimo y se mantuviese el actual esquema tributario, pero en rigor de verdad más allá del fuerte rumor no existía prueba o elemento alguno”, añadieron.
Y recuerda Canet en la denuncia que fue el propio Javier Milei quien el 9 de febrero pasado dijo: “Y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del Tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y «persuaden» políticos para defender sus intereses…”.
“La pregunta que podría hacerse un lector cándido es: por qué tabacalera Sarandí, que había batallado de modo permanente contra el esquema tributario pregonando la inconstitucionalidad del impuesto mínimo, obteniendo un fallo de Cámara a su favor, ahora «entre sombras» deseaba que se mantuviese. A simple vista parecería un sinsentido”, sigue la cámara nacional de pymes.
Los denunciantes afirman que Sarandí había logrado que la Justicia federal con competencia en lo contencioso administrativo declarase la inconstitucionalidad del artículo 15 de la ley, y eso le permitía no sólo no pagar el impuesto mínimo sino tributar el 70 % del precio de venta. “Esto significa para el poderoso imperio dos ventajas enormes: en primer lugar borrar del plano toda competencia, ya que las pymes que no tuviesen medida cautelar ni fallo sobre el fondo (como tiene tabacalera Sarandí) deberían cerrar sus puertas por no poder hacer frente al impuesto mínimo y, por otro lado, se aseguraba seguir tributando el 70% y no el 73% como imponía la nueva ley de Bases”, dicen desde Canet, y agregan que ese 3% implica en el volumen de ventas de esa tabacalera varios millones de dólares por mes. En la denuncia, piden que se investigue las pruebas anexadas para dilucidar si existió o no el delito denunciado.
El descargo de Otero
Consultado por el diario Clarín, Otero respondió: “Esa denuncia es totalmente falsa, contradictoria, ridícula y hecha para lograr un efecto en los medios. Como dije varias veces, no conozco al diputado Castagneto, ni a los funcionarios de Gendarmería que se mencionan en esa denuncia. No tengo cuentas en Bahamas ni en Banco Itaú, es todo un delirio. Sí, tenemos una empresa en Panamá y otras en Estados Unidos, pero están declaradas. Hablan de una chica que trabajó en mi empresa hace diez años y cuando pregunto me dicen que vive en Europa hace cuatro años. Mal puede haber participado en pagos por coimas en Argentina para evitar una ley actual”.
Y agregó Otero en declaraciones al mismo medio: “Un diputado no evita una ley, eso no tiene asidero. Se trata de una operación judicial y de prensa, que no representa una amenaza para mí, pero lógicamente me lastima reputacionalmente. A Clarín y La Nación, que trabajan para Massalin e intentan destruirme mediáticamente, les encanta esta farsa y van a escribir mentiras al respecto por largo rato. Estoy totalmente tranquilo por esa denuncia, y ya acostumbrado al sistema de periodismo ensobrado”.
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