Política

El Senado provincial pide tratar el veto al control de gastos reservados

El texto lleva las firmas de tres de los presidentes de los bloque de la Cámara alta: Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo), Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo). El veto ya fue rechazado en Diputados y si el Senado hiciera lo mismo la ley quedaría confirmada


Zona Crítica

Las tensiones de los diputados opositores con el ministro Marcelo Sain se trasladaron al Senado. Duras críticas sobre los resultados en esa cartera desde la bancada radical y del sector del Nes del justicialismo.

Sobre tablas, y por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de comunicación que formalmente le solicita al Poder Ejecutivo que habilite, en extraordinarias, el tratamiento de su veto contra la ley que pretende regular y controlar los gastos reservados en los tres poderes del Estado.

El texto lleva las firmas de tres de los presidentes de los bloque de la Cámara alta: Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo), Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) y Hugo Rasetto (UCR-US-Iriondo). De todas formas, fue votado también por los integrantes del bloque del oficialismo Lealtad, ya que no hubo pedidos de abstención o manifestaciones en contrario.

Fue el jefe del interbloque radical quien puso la mira en el ministro de Seguridad Marcelo Sain, cuando justificó desde su banca el pedido para poder discutir el rechazo del Poder Ejecutivo a que “se transparenten” los montos gastados sin rendición de cuentas, en los tres poderes.

El veto ya fue rechazado en la Cámara de Diputados y si el Senado hiciera lo mismo la ley quedaría confirmada. Sin embargo, si el gobernador Omar Perotti no habilita su tratamiento ahora, la Cámara deberá esperar hasta el 1ro de mayo.

Un extenso y por momento áspero debate tuvo como centro al funcionario mencionado, y en especial, sus magros resultados.

El discurso más duro provino del jefe del bloque Juan Domingo Perón. Traferri dijo que “necesitamos saber cuál es el plan que tiene este gobierno”, y advirtió: “todos tenemos que hacernos cargo” de que los dirigentes políticos santafesinos “estamos en deuda con la sociedad”.

Lo dijo luego de pedir un minuto de silencio por los muertos y de advertir que mientras crecen las cifras de homicidios y heridos, y los delitos contra la propiedad, “seguimos twitteando y hablando mal de los dirigentes santafesinos y armándoles causas. La gente nos votó porque nos creyó a los justicialistas y tenemos un compromiso con los ciudadanos que tenemos que honrar”.

Al coincidir con el bloque Lealtad respecto de la inseguridad no es nueva señaló: “No nos olvidemos que Marcelo Sain trabaja en la Seguridad de la provincia desde 2016. No vino ayer”.

Lamentó que no se convoque al Consejo de Seguridad y antes de rendir ese homenaje a los familiares de los muertos pidió no naturalizar la muerte. “Parecería que estamos contando a ver si tenemos un muerto más o un muerto menos que el gobierno anterior”, graficó.

Dejó entrever que era irrelevante la discusión respecto de si deben o no estar los periodistas en una reunión donde se trate la inseguridad con el ministro y subrayó: “La discusión no es con la prensa, es entre nosotros, entre los que tenemos un mandato y una responsabilidad legislativa”.

Michlig subrayó que en un 25% han aumentado los crímenes y aseguró que –en cambio- durante la gestión del Frente Progresista “se había logrado conducir a la policía” y “paulatinamente” mejoraban los indicadores de inseguridad.

Lisandro Enrico se expresó en igual sentido y subrayó que con ese veto (al igual que con el que bochó la ley de incompatibilidades en el MPA) las Cámaras pueden autoconvocarse. “Pedimos que se habilite el tratamiento del veto del gobernador. No queremos discutirlo dentro de cuatro meses. Si es necesario vamos a procurar que las cámaras se convoquen. La Constitución lo ampara cuando está en juego la institucionalidad y todos sabemos que Sain es al mismo tiempo un funcionario del gobierno provincial y el jefe del órgano de investigaciones del MPA, que depende del Poder Judicial”. Cuestionó también al titular del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini por haber aceptado una licencia en lugar de pedirle su renuncia cuando Sain aceptó ser ministro.

Desde el oficialismo

En defensa de la gestión del gobierno provincial en materia de seguridad se expresaron tanto Marcelo Lewandowski (PJ-Lealtad-Rosario) como el jefe de ese bloque Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos).

Las palabras del primero desataron una serie de respuestas de las demás bancadas. El rosarino había apuntado al incremento del narcotráfico “durante los doce años de gobiernos del Frente Progresista” y a las complejidades de enfrentar un problema que “necesita de la transparencia y de una discusión franca de cara a la sociedad”, en obvia alusión a la posición del ministro de que la prensa pudiera ir a la frustrada reunión con diputados.

En tanto, luego, Calvo subrayó que frente a la ilegalidad el gobierno provincial ha trazado una línea, un límite. Y aseguró que no hay razones para que los santafesinos no tengan una discusión abierta sobre la inseguridad, en la que el público pueda estar informado a través de los medios de comunicación.

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