Por: Pablo Moscatello
Sin lugar a duda, pocas situaciones han de ser tan angustiantes como la posibilidad para cualquier persona de perder su único inmueble. El diez de octubre del año pasado se había aprobado un proyecto de ley en la Legislatura provincial por el cual se suspendían las ejecuciones de vivienda única por el término de 120 días. Ante el inminente vencimiento (principios del mes que viene) de la ordenanza, hecho que iba a poner en vilo a cerca de diez mil familias sólo en el Gran Rosario, el Senado santafesino volvió a extender ayer, esta vez por 60 días hábiles, la protección a los inmuebles. Si bien las organizaciones que defienden los intereses de familias involucradas vieron con cierto agrado la medida, sostuvieron que no deja de ser un parche y volvieron a reclamar una solución de fondo. En ese sentido, pidieron “ampliar” otra ley a la cual el Senado santafesino le dio media sanción en noviembre último (un mes después de la prórroga) con el objetivo de buscar una salida definitiva ya que, sostienen las Ongs, “no cubre” a la totalidad de los deudores. La norma que pasó a Diputados crea un plazo de 36 meses para que los jueces actuantes busquen una solución de consenso entre quienes tienen derechos como acreedores y las familias deudoras, cuyo único bien fue adquirido por créditos hipotecarios.
Desde hace años, la sede del colegio de Martilleros ubicada en calle Entre Ríos al 200 viene siendo escenario de múltiples situaciones sumamente angustiantes. Es que allí, se han llevado a cabo (siendo esto noticia recurrente en los medios) varios intentos de remates de viviendas única, los cuales han intentado ser sistemáticamente impedidos por organizaciones que buscan proteger a quienes corren el riesgo de perder su inmueble. Como viene sucediendo desde hace tiempo, en octubre del año pasado la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó (antes había pasado por Diputados) en sesión el proyecto de ley por el cual se suspendían las ejecuciones de la vivienda única por el término de 120 días hábiles judiciales. De todos modos, ayer se volvió a votar una prórroga de 60 días, hasta tanto se pueda abordar el tema de fondo.
Según sostienen desde la Concejalía Popular, donde funciona la Comisión por la Vivienda Única, la norma aprobada en la Legislatura provincial no sólo actúa como un nuevo parche que no resuelve el problema de fondo, sino que además es parcial. “Es que sólo protege a los deudores cuyos trances tiene su origen en créditos hipotecarios. Quienes tienen deudas por haber salido como garantes en una tarjeta de crédito, quienes tuvieron que ir a la quiebra o poseen deudas de expensas no han sido alcanzados por la normativa”, sostuvo Nire Roldán, titular de la ONG.
El también ex concejal sostuvo que “no puede ser” que “no haya una solución a estas otras problemáticas. Hay mucha gente que podría actuar y se lava las manos. Hay quienes arrastran deudas de más de diez años y la gran mayoría de los involucrados son personas humildes, que no han podido pagar. Son muchos los casos en donde hay personas que lo único que hicieron fue salir como garantías de terceros o que tienen como origen montos irrisorios. Ahí existen desde quienes pueden perder su casa a personas que tienen deudas originales de 5 mil pesos y hoy esa suma se ha ido a 100 mil pesos. Por supuesto que hay grandes deudores y situaciones dudosas. Pero esos son la minoría. Acá también habría que actuar”, explicó Roldán.
En tanto, Ariel D´Orazio, el coordinador del Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única, sostuvo que a pesar de lo positivo de una ley de suspensión, “no encontrar una solución de fondo produjo que las deudas se incrementen de manera desmedida”. Para el integrante de la organización, si no se prorroga la ley 12.796, unas 10 mil familias en la ciudad corren el riesgo de perder sus viviendas. “A pesar que los censos oficiales arrojaron un número cercano a los 2 mil, lo que sucedió fue que el censo no tuvo la publicidad adecuada, y sólo registraba deudores de vivienda única con riesgo de ejecución hipotecaria y no a los morosos cuyas deudas tienen otro origen, para los cuales nunca hubo ninguna medida”, explicó luego.
Solución de fondo
Si bien estas permanentes resoluciones a menudo evitan que se concreten las ejecuciones de vivienda única, de uso familiar y ocupación permanente, prácticamente todo el arco político provincial también comparte la necesidad de hallar de manera urgente una solución de fondo al asunto. En ese sentido, actualmente existe en la Legislatura provincial (el cual tiene media sanción en el Senado) un proyecto que busca resolver la situación. La iniciativa fue propuesta por el senador radical Rodrigo Borla y establece un plazo de 36 meses a partir del momento en que se promulgue la ley para que el juez practique la liquidación total de lo adeudado antes de la subasta o del desapoderamiento del deudor, a fin de cancelar la deuda sin la pérdida del inmueble familiar. Este procedimiento tendrá validez para aquellos casos de ejecución hipotecaria anteriores al 11 de septiembre de 2003.
En rigor, la idea es crear mecanismos para encontrarles una salida a las deudas (en dólares) de los años del uno a uno y procurar, básicamente, que los jueces actuantes busquen una solución de consenso entre quienes tienen derechos como acreedores y las familias deudoras cuyo único bien inmueble sea la vivienda adquirida por créditos hipotecarios.
En diálogo con El Ciudadano el promotor de la iniciativa en Diputados, el también radical Hugo Marcucci, explicó que el proyecto busca implementar un procedimiento excepcional (se implementaría por única vez) para que los deudores cancelen sus compromisos sin mora; es decir, se hagan cargo de la deuda original más los intereses correspondientes, y así evitar los gastos y montos aplicados sobre esos intereses originales y demás costos que son, según el legislador, los que hacen imposible a los insolventes honrar sus compromisos. En tanto, la idea también es buscar mecanismos que permitan adecuar cada situación a la capacidad de pago de cada deudor. “Venimos a reparar lo que es un hecho de injusticia para muchos ciudadanos. Y también de los acreedores, que tienes derecho a cobrar los que prestaron. Este procedimiento limpia el proceso”, sostuvo el legislador.
Si bien deudores hipotecarios manifestaron su apoyo a la media sanción que logró en Senadores, desde la Concejalía Popular cuestionaron la iniciativa ya que, dicen, sigue sin cubrir a la totalidad de los insolventes. “En esa ley están incluidos no más del 10 por ciento de los deudores de toda la provincia. Le da solución sólo a los que tenían créditos con el Banco Hipotecario”, sostuvo.
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