Diputados avanzó ayer con el tratamiento en comisión de la ley ómnibus que establece el pago a jubilados y un blanqueo de capitales con la opinión de funcionarios, tributaristas y dirigentes de la tercera edad, y mañana prevé emitir dictamen sobre la iniciativa, con cambios, a fin de tratarla en el recinto el miércoles de la semana próxima. En tanto, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguraron que se modificará el polémico artículo del proyecto de ley de blanqueo que establece multas y penas de prisión a quienes divulguen datos sobre quienes blanqueen sus capitales.
Al parecer, el texto sufriría cambios por pedido de la oposición: entre ellos, se modificarán topes de los porcentajes de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés, que hoy cuenta con 770 mil millones de pesos, y que será destinado a pagar la deuda histórica con jubilados.
La ley vigente establece distintos porcentajes para cada forma de inversión (títulos, acciones, letras) del FGS y esos límites serán modificados “con un criterio de riesgo crediticio”, según un diputado oficialista.
A su vez, el Frente Renovador, que lidera el diputado Sergio Massa, reclama la suba del haber mínimo jubilatorio, que es otro de los puntos de negociación con el oficialismo, así como lo relacionado con la venta de acciones que posee la Ansés en empresas privadas, tales como Techint, grupo Clarín y banco Macro.
Eliminada la imposibilidad de que la Ansés se desprenda de sus participaciones en empresas privadas –según lo establece el proyecto de ley–, las bancadas del oficialismo y la oposición negocian, por ejemplo, autorizar la venta de estas acciones por porcentajes.
Con relación al blanqueo, el segundo gran título de esta ley ómnibus está prácticamente acordado entre oficialismo y el arco opositor para que, además de los funcionarios del Poder Ejecutivo, también queden excluidos de la posibilidad de registrar sus bienes en negro senadores y diputados nacionales y funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
Sin embargo, está en duda si esa exclusión también alcanzará a gobernadores y contratistas del Estado.
Por su lado, el jefe del área de tercera edad de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, opinó que “tanto el blanqueo de capitales como la venta de acciones son anexos que tienen que ver más con cuestiones macroeconómicas que con la seguridad social”.
Para Semino, el problema a resolver es “cómo dar respuestas en estos dos años que prevé el programa de reparación a casi 100 mil casos por mes” de jubilados que estarán en condiciones de cobrar la deuda histórica que el Estado tiene con ellos por la falta de actualización de sus haberes.
Con respecto a la pensión universal para la vejez, Semino señaló que “el problema” es la actualización de la jubilación mínima, que está en alrededor de 5.000 pesos, lo que hace que ese subsidio, que representará el 80 por ciento del haber mínimo, sea insuficiente para cubrir el costo de vida de un adulto mayor.
En el debate, los expositores también plantearon que no haya techo de la retroactividad reconocida en la ley para el pago de la deuda, que actualmente tiene un tope de cuatro años y que según el director de Ansés, Emilio Basavilbaso, es el promedio de todos los casos.
Por otro lado, Macri admitió ayer sobre la posibilidad de modificar el artículo 85 del proyecto de ley de blanqueo de capitales, el cual abre una instancia que permitiría procesar con prisión a periodistas que difundan información de quienes se incluyen en esa medida.
La Corte busca acelerar juicios
En medio del debate parlamentario por el proyecto de pago de sentencias jubilatorias, la Corte Suprema dispuso ayer que la Cámara Federal de la Seguridad Social envíe los juicios previsionales que se hubiesen tramitado ante los juzgados federales provinciales a las cámaras federales competentes en razón de su territorio.
La decisión fue adoptada para acelerar todos los juicios de los jubilados tras resolver en los autos “Constantino, Eduardo Francisco c/Ansés”, un conflicto negativo de competencia trabado entre la Cámara Federal de la Seguridad Social y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, por reajuste de haberes. El alto tribunal reiteró la solicitud de la acordada 14/2014 a la Cámara Federal de la Seguridad Social y demás poderes del Estado para que adopten medidas para acelerar todos los juicios previsionales. Dijo que a dos años del dictado de la sentencia en la causa Pedraza –que ya había dispuesto el envío de determinados juicios previsionales a las cámaras federales de provincias–, era evidente que la situación de colapso de la Cámara Federal de la Seguridad Social continuaba”.
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