Edición Impresa, Política

El procurador de la Corte defendió su actuación

Bassó había sido aludido por el ministro Superti en el caso del juez cuyo domicilio estaba colgado de la luz.

El procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Agustín Bassó, refutó las acusaciones del ministro Héctor Superti, quien la semana pasada le había reprochado su actuación en el caso del juez Rubén Saurín, en cuyo domicilio la EPE detectó una maniobra fraudulenta para hurtar energía eléctrica. Saurín fue investigado por ese hecho, pero el fiscal de Cámaras ordenó a la fiscal de la causa desistir de apelar la resolución del juez Ricardo Patrizi, que lo había eximido de culpa y cargo. Superti le había apuntado a Bassó, como jefe de los fiscales; ahora, en un comunicado, el funcionario judicial respondió con dureza las declaraciones del ministro de Justicia.

“Pareciera que la intención (de Superti) está dirigida a inducir a la sociedad santafesina a que se forme una opinión negativa del Poder Judicial en la provincia”, comienza el escrito difundido por Bassó, que está dirigido “a la opinión pública”. “El ataque constante a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, en causas que se han resuelto en contra de su visión jurídica o de sus intereses políticos y particulares, así lo indican”. Superti había dicho, sobre el caso Saurín: “No hay peor impunidad que la que se da entre los jueces”.

El juez Saurín quedó involucrado a mediados del año pasado en un resonante caso, luego de que operarios de la EPE detectaran que en su domicilio particular se hurtaba energía. La investigación, a cargo del juez Patrizi, fue corta. El 28 de julio de 2009 la causa quedó archivada. Sobre el punto, el ministro de Justicia Superti había opinado: “Me pareció absolutamente infundado. No se agotó la investigación. Es muy llamativo: quien apeló el archivo fue la fiscal y quien decidió desistir de la apelación fue su jefe, el fiscal de Cámara. Yo no sé qué papel jugó el jefe de todos ellos, que es el procurador (Bassó), ante un hecho tan grave como un juez que aparece imputado de robar energía eléctrica”.

En su comunicado, Bassó le respondió al ministro: “En fecha 7 de diciembre de 2009 di instrucciones escritas a la fiscal actuante a fin de que solicite la revocación del auto de archivo con el objeto de proseguir la investigación de los hechos, recusando con causa al juez interviniente por haber emitido opinión y ofreciendo las pruebas pertinentes que viabilicen la solicitud. En fecha 10 de diciembre de 2009 la fiscal (Graciela Parma) presenta escrito solicitando la revocación del archivo y la reapertura de la instrucción. En fecha 14 de diciembre de 2009 el juez de Instrucción de la 8ª Nominación (Patrizi) se excusa de seguir entendiendo en la causa. En fecha 1º de febrero de 2010 el juez de Instrucción de 2ª Nominación, donde se radicó la causa, resuelve desestimar el pedido de revocatoria de la resolución del 28 de julio de 2009 (el archivo del caso)”.

Hasta ahí el racconto de Bassó sobre las instrucciones que dio a la fiscal Parma. Un día después de que quedara firme el archivo de la causa, es decir el 2 de febrero, la fiscal volvió a apelar. Dos días más tarde se concedió el recurso y se elevaron los autos. Una semana después, el 9 de febrero, Bassó le dio instrucciones por escrito al fiscal de Cámaras para que “mantenga el recurso de apelación interpuesto por la fiscal (Parma) contra la resolución que desestimara el pedido de desarchivo de las actuaciones”. Y le recordó que, si la orden “le resultaba de difícil cumplimiento en razón de haber ya adoptado postura”, siempre tenía a mano la posibilidad de pedir su apartamiento de la investigación.

“Como se podrá advertir –continúa el procurador de la Corte– la respuesta sobre el papel que jugué está ampliamente explicitada y se espera que quien aparece tan preocupado (en alusión a Superti) se dé por enterado”. Además, Bassó le reprochó al ministro de Justicia no haber utilizado los canales habituales de averiguación de trámites y causas y haber planteado, en cambio, la cuestión en los medios.

Las declaraciones de Superti fueron el martes pasado, cuando presentó, junto al gobernador Hermes Binner, el proyecto de ley que pretende cambiar el actual sistema de justicia comunal por el denominado régimen de “justicia comunitaria para las pequeñas causas”. En ese marco, el gobernador había criticado a sus antecesores por los nombramientos de los jueces antes llamados “de Paz”. Binner dijo que el nuevo sistema de designación denota que en la provincia hay “un cambio en la forma de gobernar”.

“Estamos construyendo una nueva cultura: la cultura de la independencia de los tres poderes”, agregó el gobernador en esa ocasión y reflotó de ese modo su enfrentamiento con la corporación judicial, que a fines del año pasado había alcanzado su pináculo luego de los sucesivos cruces entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la provincia. “Se están viendo los cambios. Antes, ante la arbitrariedad no pasaba nada; hoy, ante la arbitrariedad están pasando cosas que abrigan la esperanza de una justicia mejor”, añadió Binner, quien citó las investigaciones contra Saurín y contra el ex ministro de la Corte Rodolfo Vigo –por las irregularidades en su jubilación– como ejemplos de esos cambios. “Que un miembro de la Corte Suprema recurra a una trampa para obtener una jubilación es una cuestión que no podemos aceptar. Un juez que trampea la luz, que roba energía eléctrica, no puede quedar sin justicia. Y peor aún es aquel juez que le dice que no tiene culpas”, había dicho el gobernador, para resumir: “Son dos casos graves, de distinta índole pero graves. Se trata de jueces que, se supone, no pueden desconocer la ley. Sería importante que, lo antes posible, se puedan expedir los organismos correspondientes”.

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