Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber (*)
Fundación Pueblos del Sur
Especial para El Ciudadano
Mucho se debate sobre la procedencia del dinero o el financiamiento para dar una respuesta de solución a la crisis y los problemas económicos de la Argentina. Cuando se propone llevar a cabo un proyecto nacional, la respuesta inmediata es que no hay plata. La escasez del dinero aparece como el principal obstáculo para el desarrollo.
Sin embargo, la falta de un análisis preciso sobre el comercio exterior nos hace caer en una eterna discusión que se manifiesta como puja distributiva (impuestos, derechos de exportación, retenciones). Claro está que esas discusiones se deben dar en pos de lograr un país más justo, pero no debe ser utilizada para tapar u ocultar el conflicto principal.
Actualmente se encuentra naturalizado que el principal problema de la economía del país es la falta de dólares, y que debe solucionarse aumentando el nivel de exportaciones. Este diagnóstico es ampliamente aceptado y repetido, tanto por economistas liberales como keynesianos, a pesar de que la historia argentina ha demostrado la trampa que ello implica.
Cuando el liberalismo económico se profundiza en la política nacional, el monto de exportaciones era de 9.500 millones de dólares. Pasados 30 años de economía de mercado, aumentó a 62.000 millones de dólares. Esto es un aumento del 650% frente a una depreciación de la moneda estadounidense del 205%. Sin embargo, en el mismo período, la ocupación formal paso de 64% a 42% de la Población Económicamente Activa. Los resultados están a la vista: se observa un gran aumento del ingreso de divisas, junto con una drástica caída del trabajo.
Lejos de ser inocente, ese diagnóstico tiene como propuesta inmediata alentar el crecimiento de las exportaciones tradicionales, idea que prácticamente desconoce oposición. Aunque es cierto que de esta forma se obtiene mayor cantidad de divisas en lo inmediato, el efecto que genera en la demanda agregada provoca un aumento mayor en el monto de las importaciones, lo que nos inmerge nuevamente en la insuficiencia de divisas. Por eso, desde esta visión se intenta mantener calmo, deprimido, el consumo interno, a fin de alcanzar el superávit comercial, con el que finalmente se financia la fuga de divisas, que nunca son suficientes para apalancar un modelo nacional industrial de pleno empleo.
Ese es el camino que siempre se ajusta a los intereses de la oligarquía terrateniente y sus mandantes, las multinacionales del comercio exterior. Sus aparentes soluciones siempre terminan profundizando el problema de fondo: la falta de trabajo.
De ahí que la industrialización del país sea antagónica al capital multinacional. Ellos precisan que la Argentina mantenga una economía primarizada para beneficiarse del valor agregado de la producción. Ése es el verdadero conflicto geopolítico. De fondo, en cada disputa, está el trabajo, el único y verdadero generador de riqueza.
Por eso, un proyecto de industrialización por sustitución de importaciones es el camino correcto para independizarnos y elevar el nivel técnico y cultural del Pueblo a partir de la cultura del trabajo (que es la que permite todas las otras).
Los intentos de regulación a través de normas e impuestos son débiles e insuficientes. La inversión extranjera directa y el endeudamiento externo que impulsa el liberalismo son peores todavía. Por eso, es indispensable un Estado que se disponga a llevar adelante las medidas necesarias para administrar el ahorro nacional y el comercio exterior, herramientas indispensables para solucionar el problema de fondo.
Justamente, este 28 de mayo se cumplieron 74 años de la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (Iapi). Mucho se ha hablado acerca de esta herramienta fundamental del proyecto nacional de desarrollo encabezado por el presidente Juan Domingo Perón; sin embargo, todavía hay argentinos que desconocen su desempeño y relevancia, y otros que sólo han sabido criticar su peor momento.
El propio Celso Furtado dijo que el Iapi fue “el intento más amplio que se haya hecho jamás en América latina de poner las exportaciones bajo control del Estado”. Pero ese control estatal no estaba orientado sólo a lograr una redistribución sectorial y funcional del ingreso, sino a proteger los intereses nacionales administrando los recursos en términos del proyecto de desarrollo nacional que el gobierno explicitó con riguroso detalle y precisión en su primer y segundo Plan Quinquenal.
Esta defensa no sólo refiere al sector industrial, que revestía especial importancia en el modelo económico peronista, ya que el Iapi se propuso salir en defensa de los productores agropecuarios nacionales que eran perjudicados por el abuso de poder de los conglomerados exportadores (todos ellos extranjeros) que se quedaban con las grandes ganancias del comercio exterior.
Pero vale decir también que esta medida tenía una crucial relevancia geopolítica, ya que muchos países habían organizado la compra de productos primarios mediante organismos semejantes (el “Canadian Wheat Board”, en Canadá, el “Australian Wheat Board”, en Australia, o la “Commodity Credit Corporation” en Estados Unidos). La forma de defender el precio de los productos que vendía el país, era centralizando las ventas externas de estos productos, lo que, además, le permitía al Estado apropiarse de la renta que fugaban las corporaciones extranjeras, y utilizar las divisas de manera estratégica para a financiar con recursos propios un proyecto nacional de desarrollo industrial.
Los ejemplos del pasado no están para ser repetidos en el presente, sino para aprender de ellos; sobre todo porque la situación actual se acerca en muchos sentidos a la que se daba antes de la mencionada experiencia.
Recuperar la soberanía política, decidir qué entra y qué sale de nuestro territorio, es el primer paso para lograr la independencia económica. Entonces, sólo entonces, se podrá afirmar que la política, la soberanía nacional, el interés común, prevalecen sobre el afán de lucro y el mercado, para alcanzar un modelo nacional de desarrollo, con pleno empleo y justicia social.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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