Es posible que Barack Obama pague un costo político por oponerse a la ley de Arizona sobre la inmigración ilegal, cuando faltan cuatro meses para las elecciones legislativas de noviembre. Pero también es probable que aquellos votantes hispanos que le dieron su voto, porque pensaban que Obama podía liderar ciertos cambios en un país construido por inmigrantes, se sientan satisfechos y esperanzados, ya que el presidente se opuso a una de las banderas del conservadurismo.
La ley de Arizona, considerada una norma racista porque en algunos de sus postulados dice que una persona puede ser detenida por parecer un inmigrante ilegal (o sea, por tener “cara de ilegal”), fue bloqueada esta semana en sus artículos principales por la jueza federal, Susan Bolton.
Sin embargo, el problema es mucho más grave que lo que ocurre en Arizona, donde existen unos 400.000 inmigrantes ilegales, ya que varios estados de la Unión analizan dictar leyes similares.
El conflicto afecta a unas 12 millones de personas, en su mayoría provenientes de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Filipinas, India y Corea del Sur, entre otros países.
“La victoria de Obama en Arizona no hará que la tensión desaparezca. El presidente necesita tomarse un breve respiro y recordar lo que él y otros presidentes desde Ronald Reagan han tratado de lograr” sobre la política migratoria, dice Edgard Schumacher-Matos, en una nota del diario The Washington Post.
El analista señala que cerca del 5 por ciento de la fuerza de la nación se compone de inmigrantes no autorizados y advierte que una gran parte de la agricultura, la construcción y la industria de los hospitales correrían el riesgo de colapsar si los trabajadores fueran deportados a sus respectivos países.
Lo que parece cierto es que el gobierno federal, que debe controlar la inmigración según la Constitución, afronta un problema especial en Arizona, donde la ley de la gobernadora republicana Jane Brewer tiene un respaldo del 60 por ciento de la población de ese Estado, según encuestas de la prensa norteamericana.
Esta mujer es una de las líderes del movimiento conservador Tea Party, que encabeza la ex candidata a la vicepresidencia republicana, la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin.
Brewer, de 66 años, presentó esta semana una apelación para revocar la decisión de la jueza Bolton de bloquear los artículos más polémicos de la ley de Arizona, entre ellos uno que criminaliza la inmigración ilegal.
“También he pedido al noveno circuito (un tribunal judicial) que acelere el proceso de los informes y su dictamen, ya que el Congreso y el presidente (Barack Obama) una vez más no actuaron”, dijo la gobernadora.
Sin duda, el debate sobre la inmigración ilegal se convirtió en uno de los temas que apasionarán a los estadounidenses en las elecciones legislativas, en las que los demócratas lucharán para mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado.
Obama sabe que la inmigración ilegal será uno de los temas más importantes de los comicios, por eso ordenó desplegar a partir de hoy 1.200 soldados en la frontera de Arizona con México. La apelación presentada por Brewer, quien gobierna Arizona desde enero de 2009 cuando reemplazó a Janet Napolitano -que se convirtió en la Secretaria de Seguridad Pública de Obama-, representa el inicio de una larga batalla judicial que finalmente definirá el Tribunal Supremo.
En medio de la polémica, Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, aseguró que continuará deteniendo a los inmigrantes ilegales, a pesar de la decisión de la jueza Bolton de bloquear los aspectos más polémicos de dicha ley.
Arpaio, de 78 años, un hijo de inmigrantes italianos al que llaman “el sheriff más duro del oeste”, es tan popular entre los republicanos de Arizona que hasta se venden remeras con su cara de vaquero endemoniado, llaveros y todo tipo de souvenirs.
Este funcionario de Maricopa, que ocupa ese cargo desde 1992 y que fue reelecto en cuatro oportunidades, es un fiel defensor de la gobernadora Brewer, quien suele conducir un automóvil BMW de color blanco, descapotable, mientras escucha al grupo sueco ABBA.
Al igual que Obama, Brewer también pagará un precio político por la ley de Arizona, ya que apuesta a lograr un mandato completo en las elecciones de noviembre.
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