Edición Impresa, Política

Saga mortal

Lucha de poderes: la Justicia contraataca

Luego de las fuertes críticas que realizaron el los ministros provinciales de Seguridad, Pullaro, y de Justicia, Silberstein, a los jueces, el Colegio de Magistrados emitió un duro comunicado como respuesta.


Luego de las recientes críticas de los ministros provinciales de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y de Justicia, Ricardo Silberstein, a los jueces, el Poder Judicial de Santa Fe recogió ayer el guante y emitió un duro comunicado.

Tras una semana negra en la saga criminal que sufre Rosario, el ministro Pullaro enfrentó este viernes las cámaras y reconoció que en la provincia “hay una violencia inusitada que nos está golpeando fuertemente”, al tiempo que criticó al Poder Judicial. “Ninguno de los que tenemos responsabilidad en seguridad nos podemos hacer los  boludos. El jueves hubo seis condenas, pero también seis prisiones domiciliarias, y se reiteraron delitos por parte de gente que debía estar en prisión”, bramó Pullaro.

También el viernes, el ministro Silberstein cuestionó la interpretación que los jueces hacen sobre las leyes y estimó que “falta sentido común” en el momento de dictar sentencias. Además, recomendó a los magistrados que “escuchen a la sociedad y apliquen duras penas cuando corresponde”.

La respuesta a los dichos de ambos funcionarios llegó ayer por medio de un duro comunicado. “El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe hace saber su honda preocupación frente a la reiteración de ataques infundados dirigidos contra integrantes del Poder Judicial provenientes de los ministros de Seguridad y de Justicia del Poder Ejecutivo provincial”, comenzó el texto difundido a la prensa. “Ello se ha reflejado en las declaraciones que recientemente han vertido en los medios de comunicación en cuanto pretenden endilgar responsabilidades directas a los magistrados judiciales sobre episodios de violencia e inseguridad ocurridos en estos días, distorsionando datos sobre los procesos judiciales a los que aluden”, prosiguió.

A la hora de criticar a los jueces, Pullaro había puesto como ejemplo el de “una persona que fue condenada a 13 años por un homicidio calificado y agravado por el vínculo, estaba en la calle y volvió a matar”, en alusión al caso de Andrés Soza Bernard, quien mató a su novia en 2008 y en 2010 fue condenado a 13 años, pero desde 2015 gozó de libertad condicional y ahora está imputado de ser el autor intelectual del homicidio de Fabricio Zulatto. Los magistrados señalaron al respecto: “En cuanto a la causa en la que se dispuso imponer una pena de 13 años de prisión a un imputado por la comisión del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cabe destacar que dicha sanción resultó ser la máxima que podía aplicar la magistrada de acuerdo a la legislación vigente en aquel momento y lo solicitado por el fiscal”.

“Y, en el supuesto de la concesión de la libertad condicional a ese mismo imputado condenado a 13 años de prisión, la jueza de Ejecución penal se ajustó plenamente al cumplimiento estricto de preceptos legales establecidos en la Ley de Ejecución Penal 24.660 y sus modificatorias”, abundó el texto.

Asimismo, el Colegio expresó “su solidaridad con las magistradas en cuestión”, y señaló que “el recurso de brindar información parcial y equivocada en el espacio público sobre los procesos judiciales, como también la difusión de acusaciones carentes de fundamento técnico no hacen más que generar una grave afectación a la credibilidad de las instituciones democráticas y, principalmente, a la independencia del Poder Judicial, pilares fundamentales para el sostenimiento del sistema democrático y republicano de gobierno”.

Los magistrados subrayaron que “no pueden los mencionados ministros eludir que la fijación de la política de seguridad pública no constituye un cometido propio del Poder Judicial sino que es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo de la provincia”. Y remataron: “Creemos imprescindible remarcar que es a través del trabajo coordinado y el permanente diálogo interinstitucional como deben buscarse las soluciones para los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad. Y este Colegio ha dado acabadas muestras de su predisposición en tal sentido, no estando, empero, dispuesto a tolerar que se pretenda desde el poder político hacer responsables a los magistrados por cuestiones que les son ajenas”.

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