El paquete de reformas al Código Contravencional promovido por Mauricio Macri, que contempla la prohibición de los denominados “trapitos” y “limpiavidrios” y pena a encapuchados en las manifestaciones callejeras, ingresó a la Legislatura porteña para su tratamiento.
Según informaron fuentes parlamentarias, pasadas las 14, el jefe de Gobierno de la Ciudad presentó el proyectos de modificación, pero también sumó dos leyes para permitir a los agentes de la Policía Metropolitana el uso de armas electrónicas de incapacitación motora no letales -como las Táser X-26- y también para la creación del registro de ADN para violadores y otros delitos.
Las iniciativas, que despertaron resistencia por parte del arco opositor de la Legislatura, será discutidas desde la semana próxima en las comisiones de Seguridad, que preside el macrista Martín Borrelli; de Justicia, que maneja Gerardo Ingaramo, del PRO, y la de Asuntos Constitucionales, que conduce Martín Ocampo, también de la bancada oficialista.
El en caso de la prohibición de los “trapitos” y “limpiavidrios”, el texto del Ejecutivo argumenta la necesidad de los cambios en “poner sanción a determinadas conductas que no permiten a los ciudadanos el pleno disfrute y libre desarrollo de actividades cotidianas en el espacio público”.
Para ello, define, a los cuidacoches como “personas que ofrecen el cuidado del vehículo a cambio de una retribución monetaria, que en una gran cantidad de oportunidades va acompañada de una actitud amenazante para con los conductores” en el marco de “espectáculos masivos, como partidos de fútbol, grandes recitales o en zonas gastronómicas como Las Cañitas y Palermo”.
Al respecto, destaca que “la ley vigente establece, como deber de los vecinos realizar la denuncia, contar con testigos que hayan presenciado el hecho y además probar que hubo exigencia por parte del trapito”, por lo que impulsa la prohibición de la actividad en cuestión y penas de arresto de uno a cinco días.
En el caso de los “limpiavidrios”, el texto puesto para su análisis relata la situación que se da “cuando los que viajan en automóvil y paran en una esquina se ven abordados por grupos de 3 o 4 personas que intentan limpiar el vidrio sin pedirlo, lo que genera una tirantez, que en muchos casos se traduce en una práctica abusiva y violenta, por demás reprochable en un Estado de Derecho”.
Según sostiene, “el accionar de esas personas acentúan la sensación que en el espacio o vía pública todo vale, generando temor, sobre todo en personas mayores y madres con chicos pequeños, facilitando las situaciones de arrebato”.
La batería de proyectos también incluyó la propuesta de “sancionar con dureza” a quienes “durante el desarrollo de marchas, manifestaciones públicas, cubren sus rostros con capuchas o pañuelos, además de portar palos, bastones, fierros o cadenas con el sólo objeto de evitar ser identificados”.
También plantea penas a “la portación de ganzúas y elementos para forzar cerraduras” dado que considera a esos elementos como “las herramientas esenciales a la hora de llevar adelante el ingreso ilegal y violento a las casas y vehículos”.
Por último, dispone dos cambios normativos vinculados con la sanción a la alteración de la tranquilidad pública provocada por actitudes “de persecución o vigilancia de los movimientos en viviendas o comercios” y a quienes ensucien bienes públicos o privados, a través de pintadas o graffitis.
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