El PJ amplió la denuncia contra el gobierno por la contratación directa del nuevo operador de la autopista Santa Fe-Rosario. Diputados de todos los bloques presentaron ayer por la mañana ante la Fiscalía elementos de prueba. “Al aceptar la Justicia la denuncia penal, se está presuponiendo que estamos ante un posible hecho de corrupción”, razonó el diputado provincial Jorge Lagna. El oficialismo reafirmó que no hubo corrupción y que la decisión de concesionar en forma directa la explotación de la autopista respondió a una necesidad del contexto (ver recuadro).
Los diputados opositores aseguraron ante la fiscal que la notificación a la empresa Supercemento –que formó, junto a Edeca SA, la UTE llamada Consorcio Vial SA y fue beneficiada por el gobierno con la contratación directa– fue realizada en un domicilio ubicado en la localidad de Landeta. “O sea, a 800 kilómetros del domicilio legal de la mencionada empresa”, graficó el presidente del bloque kirchnerista, Luis Rubeo. También hizo notar: “En el domicilio de la notificación funciona una empresa que no se denomina Supercemento sino Super Cemento, que se dedica a la fabricación de comederos y bebederos para cerdos”.
Después de la visita a Tribunales, los presidentes de todos los bloques de diputados justicialistas dieron más detalles sobre la denuncia en una conferencia de prensa celebrada en la Legislatura. Indicaron que hay “una veintena de irregularidades” en el expediente en el que constan las actuaciones por las cuales la provincia adjudicó la explotación de la autopista a las empresas Supercemento y Edeca. Los legisladores remarcaron que esas irregularidades están explicitadas en el dictamen del Tribunal de Cuentas emitido la semana pasada, en el que se “observa legalmente” la contratación de Consorcio Vial SA.
Los legisladores del PJ también le indicaron a la fiscal que en el expediente hay actas de las empresas Edeca y Supercemento en las que se hace mención a la adjudicación y que tienen fecha anterior al acto administrativo por el cual se formalizó la contratación. Según Rubeo: “Es un expediente armado a posteriori para justificar la decisión política de beneficiar a estas empresas y que por ese motivo está cargado de irregularidades. La Justicia deberá determinar si fueron hechas con la intención de direccionar la concesión hacia las empresas mencionadas”.
El jefe del bloque kirchnerista insistió en sus exigencias al gobernador Hermes Binner: “Que declare la nulidad de todo lo actuado, ordene que la provincia se haga cargo del mantenimiento de la autopista y que inicie un nuevo trámite de concesión, transparente y dentro de la ley”. El reutemista Lagna fue más lejos en su insinuación: “Al aceptar la Justicia la denuncia penal y darle curso, se está presuponiendo que estamos ante un posible hecho de corrupción, tras la contundente y unánime observación legal del Tribunal de Cuentas”.
La diputada Alejandra Vucasovich, reutemista también, señaló: “Nos encontramos ante un hecho gravísimo donde existe la posibilidad de la comisión de un ilícito; es por eso que junto con la denuncia nos presentamos para acercar toda la documentación y para aportar a la Justicia los elementos necesarios que estén a nuestro alcance e insistiremos todos los días para que esto se esclarezca como corresponde”.
En la conferencia coincidieron diputados de todos los bloques del PJ: Enrique Marín, Ricardo Peirone, Gerardo Rico, Rosario Cristiani y Rubeo –Frente para la Victoria–, el kirchnerista Oscar Urruty –Partido Progreso Social–, los reutemistas Adrián Simil, Alberto Monti, Lagna y Vucasovich, la obeidista Silvina Frana y el líder de la CGT santafesina Alberto Cejas, del bloque unipersonal Movimiento Obrero.
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