Por Álvaro Arellano
En medio de la “tormenta” reconocida por el Ejecutivo y en pleno desembolso del préstamo acordado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, aparecen las primeras contraindicaciones. Entre los detalles asoman sugerencias con una clara intención de modificar parte de la matriz estatal.
Techo de paritarias en el sector público, eliminación de empleos no prioritarios, reducción del 15% de transferencias a empresas estatales y “amortización de activos del fondo de pensiones”, son algunos de los puntos que revisará el equipo económico de Cambiemos para seguir adelante con el acuerdo stand by.
Esa última recomendación, extraída textualmente, hace referencia al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), un patrimonio del Estado con carácter de fondo anticíclico, compuesto en parte por activos de empresas privadas. El hecho de que el FMI ponga el foco en este recurso, obliga a mirar por el retrovisor y ver cómo la Ley de Reparación Histórica votada en 2016, posibilitó este escenario donde el FGS podría prescindir de la rentabilidad de sus activos.
Con la estatización del sistema previsional, en el año 2007, aquellas acciones de empresas que formaban parte de las AFJP, pasaron a manos de la Administración Nacional de Seguridad Social. La Ansés necesita un equilibrio entre sus fondos (compuestos por aportes e impuestos) y las jubilaciones, ya que ante una crisis los aportantes se reducen, por lo que también baja la recaudación fiscal, pero la cantidad de jubilados se mantiene. Es así que el FGS, genera una rentabilidad constante a través de esas acciones de empresas que rinden en el mercado. De esta forma destina esa rentabilidad a incentivar la economía mediante programas (como Procrear, Progresar u obra pública) que generan más empleo y a su vez más aportantes al equilibrio entre fondos de Ansés y jubilaciones. Este esquema cíclico sostiene el sistema previsional y cuenta con los activos del FGS como pilar para continuar invirtiendo en seguridad social.
“Hacer desaparecer el fondo”
“Hoy muchos grupos importantes afines al gobierno están pidiendo la venta de las acciones que tienen dentro del FGS”, explicó la diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis. En su condición de presidenta en la comisión de personas mayores, y vocal en la Comisión de Seguridad social, aseguró que es “una gran preocupación el compromiso del gobierno con el FMI”, ya que desprenderse de ese paquete accionario, que a su criterio representa el capital más importante del FGS, “es en definitiva hacer desaparecer el fondo de garantía”. Este patrimonio se conforma en un 20% por esas acciones (de empresas como Telecom, Clarín, Macro o Galicia), que generan una rentabilidad constante para el Estado a medida que cotizan en el mercado.
Tundis se refirió a una “grave situación”, a partir de la sugerencia de amortizar fondos, ya que se terminarán “vendiendo las acciones para pagar reparaciones históricas y pensiones”. La ley de Reparación Histórica para jubilados y pensionados, propuso pagos mensuales a cambio de que el jubilado renuncie al juicio que le había iniciado al Estado por no haber cobrado lo que le correspondía. “Hoy hay un compromiso de utilizar el FGS para pagar reparaciones históricas, entonces se estaría hablando de la posibilidad de vender y no cumplir lo que dice la ley”, aseguró la diputada por el Frente Renovador.
La ley a la que hace referencia, establece que la franja de acciones nunca puede ser inferior al 5%, con lo cual no se podrían vender la totalidad de las acciones, e indica que ese fondo se puede vender sólo ante el hecho de una cesación de pago. “La preocupación es que si vos vendes lo que hay hoy, esa plata alcanza sólo para pagar un año de jubilaciones”, analizó, y a su vez reafirmó que el fondo debe guardar su carácter anticíclico , el cual “debe capitalizarse y mejorar”.
La ley de Reparación establecía pagar reparaciones con fondos provenientes del blanqueo de capitales que formó parte de esa “ley ómnibus”. Al respecto Tundis exigió: “Que nos digan en qué se utilizó ese dinero que era exclusivamente para pagar reparación histórica”, y cuestionó: “Lo que ingresó por blanqueo de capitales, o la venta de acciones del FGS, lo tenés para ese momento, no para sostenerlo en el tiempo”, como exige el pago mensual de reparaciones. De hecho aseguró que el sistema “no es sustentable” porque “no hay ingresos” para mantener lo que establece la ley sancionada en 2016. Y al respecto de la posible venta de activos sintetizó: “No es para justificar y pagar la reparación, sino para devolverle a las empresas que el estado ya no interfiera en el directorio de esas empresas”.
La génesis del problema
“Fue el principio del desguace del sistema de seguridad social, no estaríamos hoy acordando con el FMI la disolución del FGS si no hubiese habido ley de reparación histórica”, manifestó Miguel Fernández Pastor, abogado previsionalista y ex titular de la Ansés. Para Pastor, “lo que se impuso con la reparación es una ley caprichosa con un índice también caprichoso que no estaba amparado con ninguna decisión de la Justicia”, ya que explica ese índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) como “un 40% de los beneficios que realmente corresponden”, de manera que hay un 60% que esos jubilados no están percibiendo en esos casos, y por ende el cobro es menor de lo que corresponde.
Lo que genera una ligera problemática, según el ex titular de Ansés, es lo que trae en paralelo dicha ley, como “la posibilidad de vender el FGS”, algo que considera probable “a partir de las exigencias del FMI”. El fondo está compuesto en un 20% aproximadamente por acciones de empresas privadas (como Telecom, Clarín, Macro o Galicia) que rinden en el mercado y le generan rentabilidad constante al FGS. “Eso fluctúa producto de la devaluación, y a su vez las acciones suben y bajan”, explicó en relación a lo que ingresa al Estado. Así mismo precisó: “El fondo en el año 2015 tenía alrededor de 66 mil millones de dólares, ese fondo se incrementó con 11mil millones de dólares provenientes del blanqueo, pero hoy, no supera los 42mil millones de dólares, se esfumaron caso 30mil millones de dólares, producto del mal manejo y de la devaluación”.
Ese mal manejo, lo endilga a una mala operatoria con Lebac, y a una maniobra de “defraudación”, donde según explicó, se crearon financieras con el fin de comprar fondos comunes de inversión. “En vez de eso lo que hacían era comprar Lebac, y se le pagó a esas financieras que lo único que hacían era operar para el FGS cobrando un 6% de comisión, cuando el Banco Nación podía hacer lo mismo sin cobrar un solo peso”, analizó. Y por último insistió con no soslayar la ley de reparación histórica, a la que consideró la génesis del problema, ya que “le da fundamentos a todo lo posterior”, con “una serie de índices alocados y abre la puerta a que se puedan vender los activos del FGS, algo que estaba prohibido hacer antes de esta esa ley”, concluyó.
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