La camarista Georgina Depetris resolvió ayer terminar con el aislamiento al que fue sometido Diego “Panadero” Ochoa por cuestiones de seguridad. Así lo decidió tras una audiencia donde se ventiló el rechazo en primera instancia a un habeas corpus presentado por la defensa de quien fuera el mandamás de la barra de Newell’s. El traslado de una comisaría a una cárcel se generó algunos días después del crimen de Maximiliano La Roca, un veinteañero que se hizo cargo de la barra leprosa aunque la jefatura le duró solo algunas horas al ser ultimado el 28 de junio. Depetris bifurcó su decisión: sin bien confirmó el traslado a un penal refirió que el alojamiento en una celda de aislamiento donde el Panadero no cuenta con prestaciones básicas agravó sus condiciones de detención. La vocal ordenó que en un término de 48 horas se dispongan las medidas necesarias para que Ochoa acceda a las mismas condiciones de detención que el resto de los internos, lo que implicará la remisión a un pabellón común de la cárcel de Piñero.
Dos días después del crimen de La Roca en Pellegrini al 5300, quien acababa de compartir una cena en los parrilleros de Newell’s, desde el Ministerio de Seguridad presentaron al juez de Sentencia José Luis Mascali –ante quien tramitan las causas que enfrenta Ochoa, la tentativa de homicidio y el posterior crimen de Maximiliano Rodríguez y el asesinato de Roberto “Pimpi” Caminos– un pedido de traslado de Ochoa a las cárceles de Piñero o Coronda. El magistrado rechazó la solicitud el jueves 30 de junio y al día siguiente el Panadero fue sometido a una requisa en la comisaría 32ª, donde se encontraba alojado. Su abogado defensor, Ignacio Carbone, sostuvo que la medida fue negativa, por lo que no pudo utilizarse como excusa para trasladarlo. Pero igual el sábado fue derivado a Piñero.
Desde ese día se encuentra en una celda de aislamiento sin agua caliente, calefacción ni acceso a ningún tipo de recreación o medicamentos, donde la alimentación que le suministran en oportunidades se la comen los perros que andan en el lugar y se queda sin alimento, todo ello según su defensa, la que recalcó que Ochoa no puede estar allí por tiempo indeterminado.
Ante ello, el defensor planteó un habeas corpus que fue rechazado por Mascali, ante lo que solicitó habilitación de feria ante la Cámara Penal y ayer tuvo lugar una audiencia oral que fue presidida por la magistrada Depetris. El abogado Carbone solicitó retrotraer la situación de su cliente a su lugar de detención anterior y aclaró que Ochoa no fue sancionado disciplinariamente para estar en un buzón (como se denominada a las celdas de aislamiento) y no corresponde la aplicación de un protocolo de protección a personas en situación de vulnerabilidad.
Crímenes en el paravalanchas
El fiscal Guillermo Corbella detalló que la decisión de trasladar a Ochoa fue del Ministerio de Seguridad, “por cuestiones de seguridad y espacio”; añadió que, si bien no se profundizó sobre esta cuestión, los últimos hechos de sangre que se produjeron en torno de la barra brava de Newell’s pueden haber influido en la decisión. Corbella sostuvo que hay información que maneja el Ministerio, que los actores judiciales desconocen, y no resulta llamativo que pidan autorización a dos días del crimen de La Roca, quien tuvo vinculación con Ochoa, afirmó.
El fiscal se refirió a una investigación penal en la que La Roca fue condenado mediante un juicio abreviado. Afirmó que en dicha investigación existen escuchas entre La Roca y Ochoa donde el primero le pide ayuda y otras cuestiones, detalló y ubicó al joven recientemente asesinado en la segunda línea del Panadero. A lo que sumó el crimen de Matías “Cuatrerito” Franchetti, asesinado el 7 de junio en la puerta del club, al que describió como un hombre que reclamaba la conducción de la barra ante la detención de Ochoa, quien está preso desde agosto de 2013.
El fiscal agregó: “Creo que este marco determina el riesgo que corría Ochoa. Posiblemente se puede haber pensado que la muerte de La Roca es un vuelto por el homicidio del Cuatrerito”. Y acto seguido solicitó la confirmación del rechazo al habeas corpus y pidió informes a las autoridades penitenciarias para conocer si subsisten estas condiciones.
A su turno dijo Ochoa: “Parece que me quieren sentenciar a muerte dentro de un buzón de castigo. No he hecho nada para estar allí”. Y luego de contar las condiciones en las que vive a diario en la pequeña celda donde fue alojado afirmó que no tiene temores ni problemas en compartir celda con otros internos.
Finalmente Depetris resolvió. Sostuvo que no hay duda de que la autoridad penitenciaria tiene que decidir el alojamiento de un interno sin perjuicio de la comunicación a las autoridades judiciales, por lo que confirmó el traslado.
Aunque respecto de la situación de aislamiento entendió que las actuales condiciones de detención vulneran todas las normativas y convenciones internacionales: “No me parece humano que esté en una celda que mide algunos centímetros más que su altura”. Refirió la jueza que la aplicación del protocolo de resguardo es sólo voluntario y aclaró que si el Estado considera que hay un peligro deberá arbitrar las medidas necesarias, pero ello no incluye el aislamiento, por lo que revocó la condición de detención actual e intimó al Ministerio de Seguridad para que en el término de 48 horas la detención se Ochoa se equipare a las condiciones de detención del resto de los internos.
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