El gobernador Miguel Lifschitz remitió a la Legislatura el pedido de aval para el Pacto Fiscal firmado el 16 de noviembre con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. El proyecto del Ejecutivo fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado, donde comenzará a ser estudiado. La Legislatura debe avalar el acuerdo; si no ocurre, Lifschitz adelantó que “generaría asimetrías desventajosas” para la provincia de Santa Fe.
El proyecto solicita la ratificación por parte de la Legislatura del Consenso o Pacto Fiscal en vistas de “la necesidad de avanzar con una serie de iniciativas anunciadas bajo el rótulo de reformas, planteando que las mismas resultan imprescindibles para progresar en soluciones definitivas a problemas económicos e institucionales estructurales”, según fundamentó el propio Lifschitz.
Por ahora, los presidentes de ambas cámaras se han mostrado cautelosos al respecto y pidieron tiempo para analizar el tema a fondo. Incluso el gobernador admitió, en medio del debate por la reforma previsional, que al momento de firmar el acuerdo con el presidente no se conocían en detalle los alcances de las reformas. No obstante, remitió el pedido de aval, que ingresó por el Senado.
Entre sus argumentos, el mandatario santafesino explicó que el aval es imprescindible para “lograr la convergencia de determinadas variables fiscales que no sólo dependen del nivel federal de gobierno sino que involucran al desempeño de los niveles de gobierno, subnacionales”, por ejemplo: la readecuación tributaria para poner en armonía los distintos esquemas impositivos provinciales.
Entre otros puntos, Lifschitz consiguió acordar con Macri una garantía de que no disminuirán los recursos recibidos desde el Estado Nacional; la coparticipación del impuesto que se aplique a partir de la Ley de Revalúo Impositivo; la certeza de que la Caja de Jubilaciones de la provincia no será transferida a la Nación, y el compromiso de acordar antes del 31 de marzo de 2018 el monto y la forma de pago de la deuda que mantiene la Nación con Santa Fe por descuentos sobre la coparticipación.
Diferencias en la Legislatura
En la Legislatura persisten las diferencias respecto del criterio de Lifschitz. En las últimas semanas, los presidentes de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti y del Senado Carlos Fascendini recibieron a representantes del Movimiento Obrero Santafesino –que reúne a sindicatos de toda la provincia tanto del sector público como privado–, quienes plantearon su desacuerdo con el eventual aval legislativo al pacto firmado por la provincia de Santa Fe con el gobierno nacional.
El propio Bonfatti señaló, después de aquellos encuentros, que el aval legislativo al Pacto Fiscal deberá esperar hasta el año próximo y que la idea es abrir un canal de diálogo con los gremios para analizar en profundidad el impacto de las reformas.
Este miércoles, en diálogo con LT10, Bonfatti se mostró implacable: “Esto no es un consenso fiscal, es una coerción a los gobernadores”. En línea con las definiciones de Lifschitz, el titular de la Cámara de Diputados señaló que “si los gobernadores no firmaban el pacto perdían el Fondo Sojero, la posibilidad del reconocimiento de la deuda por la Caja de Jubilaciones y el reparto de 80 mil millones de pesos de compensación. ¿Cómo hacer en las provincias para que siga funcionando normalmente el Estado? Esto ha sido una imposición y una coerción a los gobernadores para que lo firmen”.
