Crónica de una muerte anunciada. En el marco de la reunión de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, cuando discutía un aumento de la porción del impuesto a los Sellos que se destina al Fondo Compensador del transporte de pasajeros, el oficialismo esgrimió una carta que no parecía estar en los planes de nadie: incluyó en el proyecto del peronista Luis Rubeo un artículo extra, que consistía en una nueva modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, que desde 1985 establece cómo funcionan política, económica y socialmente todas las ciudades, pueblos, comunas y caseríos del territorio santafesino. En concreto, no se proponía cambiar el texto de la ley 2.756, sino agregarle un artículo –y además transitorio, para que rija únicamente por los próximos cuatro años– que cayó como una bomba: establecía que hasta el año 2020 fueran los intendentes los que determinaran la tarifa de boleto en cada uno de sus territorios. Pero cuando las voces en contra ya provenían hasta de los propios diputados oficialistas, finalmente el titular del bloque del Frente Progresista, el socialista Eduardo Di Pollina, ofreció borrar por completo el intento. Así, todo volvió a cauce normal y el transporte urbano de pasajeros de distintas ciudades de la provincia contará con más recursos, y seguirán siendo los cuerpos legislativos –salvo en Santa Fe, donde temporariamente las facultades fueron cedidas al intendente José Corral– los que determinen el precio del pasaje.
La iniciativa de cambiar la ley, con el acompañamiento de los diputados oficialistas Clara García y Joaquín Blanco (del Partido Socialista), Julián Galdeano y Fabián Palo Oliver (Unión Cívica Radical ambos), Verónica Benas (Pares) y otro radical, Edgardo Martino (Neo UCR) en la comisión de Presupuesto y Hacienda había comenzado a avanzar a paso acelerado en la tarde de ayer, con la idea de que se tratara en la sesión que comenzaría inmediatamente después. Y antes aún de que cumpliera el trámite legislativo, cuando el intento había tomado estado público, el Concejo Municipal de Rosario (ver aparte) aprobaba por 19 votos contra 9 –todos los bloques salvo los que integran el oficialismo– una declaración de repudio que era más de desprecio.
Después de la de Presupuesto, el proyecto para dotar de más fondos al transporte urbano con el “insert” entró y salió con despacho favorable en su paso por la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación general, también con mayoría del Frente Progresista.
Pero el viento a favor se terminó en el recinto. Al comenzar la discusión –y luego de tratar el pedido de autorización de endeudamiento, el tema principal de la jornada, la onda expansiva empezó a hacer mella en el propio oficialismo. Además del ex intendente Héctor Cavallero (Partido del Progreso Social), quien había intentado resistirlo ya en la comisión, y de Roy López Molina (PRO), ambos ex concejales rosarinos inmediatamente antes de ser diputados provinciales, se pronunciaron en contra en el recinto los socialistas Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), el demoprogresista de Firmat Gabriel Real y la diputada de Solidaridad e Igualdad Alicia Gutiérrez.
Sin plafond, las sumas y restas en la sesión hacían intuir una derrota por 23 votos a 22 para la idea, cuya autoría se atribuía –en off– a García y Galdeano. La posibilidad misma de un traspié político abría un camino que el oficialismo no arriesgó: se trataba de un golpe difícil en una Cámara cuya composición asigna 28 bancas en forma automática a la fuerza ganadora aunque sea por un voto y 22 en forma proporcional a los votos a las restantes.
Así las cosas, el “artículo 4º”, que fue el lugar que ocupó la iniciativa de unos en un proyecto de otros, quedó finalmente sin efecto. Y lo que se aprobó con alto consenso –44 votos a favor, ninguno en contra y una abstención– efectivamente dotará de más recursos al transporte: el 5 por ciento de lo que se recauda por Sellos se destinará al transporte urbano de toda la provincia, repartido en función de la cantidad de ómnibus de cada lugar –Rosario, por lógica es la ciudad que mayor flujo recibirá– y un 3 por ciento extra irá al transporte interurbano del Gran Rosario y del Gran Santa Fe.
Boasso se pasó de la raya
Está dicho que el tratamiento de la modificación de la ley orgánica de municipios en Diputados encendió los ánimos en el Concejo. Hubo discursos efusivos desde la oposición para rechazar ese proyecto, pero sin dudas el más eufórico fue Jorge Boasso, quien de las palabras pasó directamente a los hechos al escribir en su cuenta de Twitter: “Cuando aumente el boleto en Rosario reclamar a la diputada @ClaraGarcia_SF celu 341511…”.
Los concejales del oficialismo reaccionaron rápido y, en el recinto mismo, repudiaron este acto mediante el cual Boasso publicó el número del celular de la actual legisladora Clara García.
Lejos de arrepentirse, cuando fue advertido por Horacio Ghirardi, se plantó a los gritos: “¡¿Qué problema tiene la diputada de dar a conocer su número de teléfono?! ¡Al mío lo sabe todo el mundo, hace 25 años que tengo el mismo y lo conoce todo el mundo!”.
Al parecer, luego recapacitó el concejal radical y se dio cuenta de que había ido muy lejos. Entonces quitó de su cuenta de Twitter el mensaje de la polémica y buscó enmendar el error: “Mis disculpas @ClaraGarcia_SF”.
Ediles en un día de furia
“Entonces nosotros estamos al pedo”, gritó el concejal Jorge Boasso. Con ese repudio, por demás de elocuente, el edil dejó casi cerrado el debate, ya misilístico, de un proyecto de declaración difícil de ver: un desprecio de un cuerpo legislativo a un proyecto que avanzaba en otro.
“El Concejo Municipal de Rosario expresa su más enérgico rechazo al artículo 4 del proyecto de ley con despacho favorable de la comisión de Presupuesto actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades otorgando la potestad a los Departamentos Ejecutivos de modificar la tarifa y la modalidad de pago del transporte urbano de personas, delegando competencia y menoscabando atribuciones propias de los Concejos Municipales, conforme lo dispuesto en el inciso 35 del artículo 39 de la ley 2.756, en una actitud centralista y de claro avasallamiento contra las facultades autonómicas de nuestra ciudad”, dice el texto aprobado ayer. El artículo en cuestión refiere a las obligaciones y deberes de los Concejos y el inciso de marras confiere “establecer tarifas para automóviles, carruajes, tranvías, ómnibus, carros, camiones y demás vehículos que atiendan al servicio público de transportes de personas o mercaderías, pudiendo también fijar los recorridos y sitios de estacionamiento”.
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