El legislador porteño por Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, presentó un proyecto que promueve la demolición del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, situado en la avenida 9 de julio 1900, en la ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa lleva el nombre de Ley de mejora de circulación de la avenida de 9 Julio y su objetivo es demoler el inmueble, inaugurado en 1936, para la ampliación de una de las arterias principales de la Ciudad, según informó Noticias Argentinas.
“Tiene las paradas de subte de las líneas A, B, C y D, es atravesada por el metrobús de punta a punta y el sector donde se emplaza el edificio se convirtió en el epicentro de protestas, piquetes y acampes por parte de movimientos y organizaciones sociales, con más de 600 movilizaciones en lo que va de 2022”, argumentan desde el espacio.
En diálogo con Noticias Argentinas, García Moritán explicó: “En este momento de la Argentina, que tenemos que trabajar sobre un nuevo registro moral, sería un gesto de unidad sacarnos de encima ese edificio que entorpece el tránsito. Ojalá nos acompañe hasta la izquierda”.
“Este es el único edificio que dificulta el tránsito en la principal avenida que tiene nuestra ciudad. El número de autos circulante ha aumentado considerablemente y en ese punto hay centenares de protestas por año contra el Gobierno Nacional. Inclusive hay una ley Nacional de este Gobierno, de capitales alternas, que busca relocalizar en otras provincias sedes del sector público nacional”, sostuvo en los fundamentos.
Mientras que desde su cuenta de Twitter apuntó contra el Gobierno y las organizaciones piqueteras: “Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan más la vida a los demás”. También acompaña este proyecto la otra integrante del espacio de Ricardo López Murphy en la Legislatura, Marina Kienast.
Según indica el texto, el terreno demolido sería destinado a la ampliación de la 9 de julio para el “mejoramiento del tránsito”. Para eso, el Poder Ejecutivo debería solicitarle al Banco de la ciudad de Buenos Aires la tasación de los bienes dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de ley, en el caso de que llegue a tratarse en la Legislatura. Sobre los gastos que ocasionara el cumplimiento de la ley se imputarían a través de reasignaciones de partidas correspondientes al año en curso.
Comentarios