Por Ari Lilajad, para el Destape
El gobierno del ex presidente Mauricio Macri otorgó fondos millonarios para el armado de un hotel boutique a Alejandro Paul Vandenbroele, arrepentido clave para la persecución judicial de Amado Boudou. El Destape accedió a documentos secretos donde queda al descubierto la maniobra y que demuestran la relación promiscua con algunos arrepentidos a través del Ministerio de Justicia durante el gobierno anterior para direccionar causas que interesaban a la mesa judicial macrista.
La Masia
El hotel boutique La Masía es el emprendimiento que el arrepentido Vandenbroele gestiona en Mendoza gracias a fondos que le proveyó el gobierno de Macri. “Ubicada en una exclusiva zona de Chacras de Coria y rodeada de viñedos y bodegas, La Masía Hotel Boutique ofrece lugares únicos, especialmente diseñados para que sus huéspedes vivan una experiencia diferente”, describe su página web.
La invitación es tentadora: “La Masía es una casona de campo con estilo romántico, con una decoración que fusiona el arte con el vino. Cuenta con seis habitaciones equipadas con aire acondicionado, calefacción y TV con cable. Tanto las habitaciones como el comedor y el living dan a un jardín de 3000mts el cual cuenta con una piscina de 14 metros y un jacuzzi”.
Que el armado de este negocio fue pagado con dinero que le dio el gobierno de Macri consta en el legajo de Vandenbroele como testigo protegido, al que accedió El Destape. El programa de Protección de Testigos, que funcionaba bajo la órbita del ministro de Justicia Germán Garavano, fue utilizado para presionar, direccionar y, como se revela en este caso, premiar a arrepentidos que cumplieran su tarea: apuntar a ex funcionarios K. En este caso, al ex vicepresidente Amado Boudou.
Para manejar el caso Vandenbroele, el director del programa Francisco Lagos designó a Carlos Linsalata. Su rol es clave. Se trata de un policía porteño que migró al Ministerio de Justicia y específicamente al programa de Protección de Testigos para encargarse del seguimiento de los arrepentidos que interesaban a Macri y su séquito de operadores judiciales. El 12 de diciembre de 2018 Linsalata fue reemplazado por Jorge Adamowicz. En el legajo de Vandenbroele también se consigna que en la negociación para que se arrepienta participó Gustavo Kollman, defensor oficial que fue parte de la operación Fotocopias de los Cuadernos Fénix.
El 24 de agosto de 2018 Linsalata envió una nota a sus superiores, que consta en la foja 515 del legajo al que accedió El Destape, donde pide $1.500.000 para un proyecto laboral para Vandenbroele. Da en el mail una información clave: “Cabe destacar que el día 07 de Agosto pasado fueron condenados a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el Ex Vicepresidente de la República Argentina el Sr. Amado Boudou”. Parece que era hora del pago por objetivo cumplido.
En el folio 644 del legajo de Vandenbroele consta que el 9 de junio de 2019 el titular del programa de Protección de Testigos, Lagos, le entregó $300.000 “como anticipo destinado a la instrumentación e implementación del proyecto de inversión (…) de un desarrollo turístico, identificado como una posada bajo el nombre ‘POSADA LA MASIA’”. El contrato de locación de La Masia, sin embargo, tiene fecha del 1 de enero de 2019, seis meses antes. Fue por 2 años, hasta el 31 de diciembre de 2020. Lo firmó el propio Vandenbroele y dejó un depósito de garantía de 1.500 dólares que no se detalla de donde salieron. Vandenbroele insite en varias notas al Gobierno que no tenía dinero para mantenerse, así que no deben haber salido de su bolsillo. En el legajo consta también un pago al dueño del inmueble por $60.000 con fecha del 28 de noviembre de 2018, o sea, antes incluso de la firma del contrato. Todo el legajo de Vandenbroele tiene este tipo de contradicciones temporales, indicador de que todo se hizo de manera irregular.
La idea de poner un hotel fue del propio Vandenbroele, que le propuso al gobierno de Macri que le aportara los fondos para poder armar ese negocio para mantenerse fuera de la asignación mensual que reciben los testigos protegidos. La inversión inicial que calculó y pidió Vandenbroele fue de $1.944.000. Incluía el contrato de alquiler por un año, la compra de muebles, reformas y refacciones y el desarrollo de la página web y el sistema de reservas de las habitaciones.
De los $300.000 que recibió de anticipo Vandenbroele gastó todo y más. En su primera rendición quedó con un rojo de $77.514. Debe haber recibido otra tanda de $300.000, que rindió a los pocos días, esta vez habiendo gastado solo $73.865.
En el legajo consta que el 20 de enero de 2019 Vandenbroele le pagó $280.000 a la decoradora de interiores Carolina Ramal en concepto de “Mobiliario, decoración y elementos artísticos”. El 17 de febrero de le pagó otros $240.000 por el diseño, asesoría, restauración mobiliario, imagen gráfica y dirección de obra. Todo antes de recibir formalmente los fondos públicos. O Vandenbroele tenía dinero o aparte de lo que figura en los papeles recibió aún más fondos por fuera incluso del sistema ya de por sí irregular.
Según la documentación de su legajo, en agosto de 2019 Vandenbroele recibió más fondos. Le dieron $40.000 el 7 de agosto y otros $300.000 el 16. En el acta de esta última entrega consta que ya le habían dado un total de $600.000. El 9 de octubre le entregaron $200.000 más.
Según la carpeta que presentó Vandenbroele y que consta en su legajo, apuntaba clientes de alto nivel adquisitivo, con un precio promedio de ·$3.300 la habitación y que el punto de equilibro del negocio sería una ocupación de 35 habitaciones al mes. Hoy, una habitación simple cuesta 67 dólares la noche, unos $4.200 al dólar oficial. “Esto sin contar con el ingreso para quien gestiona el negocio”, aclaraba, en referencia a él mismo. “El negocio de La Masía es llevado a cabo por Alejandro Vandenbroele a su nombre”, dice el proyecto.
La idea de armar este negocio surgió a finales de 2018. Vandenbroele se lo comentó por teléfono a Linsalata, su control del programa de Protección de Testigos, y luego le escribió un mail el 5 de diciembre de 2018 donde le dio más detalles. En el mail, que consta en el folio 586 de su legajo, Vandenbroele le explicaba que quería armar este emprendimiento con un matrimonio amigo (que finalmente no apareció) y que el dinero para la inversión lo aportaría su familia, aunque finalmente fue con fondos públicos. Vandenbroele se preocupaba porque esto no se tomara como un abandono de otro proyecto previo para el cuál sí le había pedido fondos al gobierno de Macri. Ese proyecto anterior era el de un “Aeroparking VIP”, un estacionamiento frente al aeropuerto de Mendoza a mitad de precio del que está dentro de la terminal. Vandenbroele pedía una inversión inicial de $6.870.000. En los documentos a los que accedió El Destape no figura si esto prosperó. El hotel boutique, por el contrario, sí.
Desprotegidos
Vandenbroele ingresó al programa de Protección de Testigos el 13 de noviembre de 2017. Su legajo, al que accedió El Destape, parece mostrar que estaba todo coordinado entre el juez Ariel Lijo y el gobierno de Macri. Ese día, el juez Lijo pidió la incorporación provisoria de Vandenbroele al programa en “carácter de muy urgente”. La nota ingresó a las oficinas del programa de Protección de Testigos al día siguiente, el 14, según consta en el matasellos de ingreso al Ministerio de Justicia. Sin embargo, el acta de ingreso de Vandenbroele al programa tiene fecha del 13, o sea, antes de que llegue la nota del juez Lijo. La firma Guillermo Gresia, asesor legal del programa. Varios documentos posteriores también tienen fecha del 13. Burocracia de anticipación o expedientes postdatados.
El programa de Protección de Testigos, valga la redundancia, cuida a aquellos testigos cuyo testimonio puede poner en riesgo sus vidas. Entre las medidas que toman esta la relocalización de los testigos y su reinserción social. Mientras tanto, les asigna a los testigos protegidos un ingreso mensual para sus gastos. En el caso de Vandenbroele fue relocalizado en Mendoza, en el barrio privado Vistalba, Chacras de Coria. El costo inicial de la relocalización fue de $580.000, autorizados el 27 de febrero de 2018 por Lagos. Al mes ya habían autorizado $680.000. En teoría debía ser una ubicación secreta pero era vox populi. El propio Vandenbroele dio cuenta de esto en un mail del 20 de mayo de 2019 con el asunto “Periodista de Radio Mitre” donde le dijo a Adamowicz que había aparecido una periodista de ese medio en la puerta de su casa. “Una tal Ninci, rubia de unos 40 años aprox., no es Mercedes Ninci”, la describió.
Vandenbroele recibió una asistencia mensual que, según él, nunca le alcanzaba. En su legajo se ve que tuvo una relación de tire y afloje con el programa de Protección de Testigos. En 2018 recibía $60.000 mensuales y él reportaba gastos por $90.000. En su legajo constan varios mails de Vandenbroele a Linsalata donde le reclama más dinero. Con el tiempo se lo subieron a $75.000.
A principios de 2018 Vandenbroele escribió vario mails reclamando dinero. El 20 de marzo Lagos autorizó $200.000 para cubrir esos reclamos. El 2 de mayo de 2019 Vandenbroele pidió que le incrementen la asignación “para poder paliar en algo los efectos de la inflación”.
El caso tiene varias curiosidades. Por un lado, los reclamos de dinero de Vandenbroele en general los vinculaba a gastos de su hija y de la cuota alimentaria para su ex esposa Laura Muñoz. Por otro, no se explica su relocalización en Mendoza, donde vivía su ex esposa Muñoz, quien lo había denunciado. El legajo del arrepentido incluye una nota de Juan Rebollo, coordinador operativo del programa de Protección de Testigos, donde cuenta que el 5 de agosto de 2019 Muñoz lo llamó para decirle que Vandenbroele le llevó a su hija en común en “estado de ebriedad manejando su automóvil” y le dijo que no era la primera que vez que sucedía eso. Parece un testigo más premiado que protegido.
La causa
La estrategia de la persecución judicial en el caso Ciccone tuvo dos ejes, el ataque a Boudou y la protección de los personajes a los que conducía la pista del dinero: los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Para lograr esto, el juez Lijo dividió el expediente. La parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio, resuelto por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez; la que salpicaba a Moneta y Brito la guardó en un cajón. Moneta falleció impune y a Brito el juez le dictó una falta te mérito.
Vandenbroele acordó con el juez Lijo su colaboración como arrepentido en la segunda. La primera, la que apuntaba a Boudou, ya estaba en instancia de juicio donde la propia ley del Arrepentido impide que se sumara como tal. Pero le encontraron la vuelta: lo hicieron declarar en el juicio el 10 de abril de 2018, cuando ya llevaba varios meses bajo el ala del programa de Protección de Testigos. Por ese motivo su abogado pidió que declarara primero y que Boudou saliera de la sala. Vandenbroele no declaró ahí como arrepentido pero se sobreentiende. Y, de hecho, los propios jueces dijeron que su testimonio sería “valorado para atenuar las penas que corresponderá aplicársele por los hechos que los acusadores les han atribuido”. En otro pasaje de la sentencia los jueces también explican que “todo lo que tiene que ver con los probables inversores que supuestamente inyectaron fondos para el emprendimiento criminal, no forma parte del objeto procesal traído a juicio”. La declaración de Vandenbroele fue criticada por los abogados de buena parte de lo imputados en la causa, pero los reclamos fueron descartados por los jueces.
A la situación de Vandenbroele hay que acoplar el rol del juez Bertuzzi, que mientras juzgaba a Boudou negociaba su pase a la Cámara Federal de Comodoro Py, dispuesto por Macri pocos días antes de que firmaran la sentencia contra el ex presidente. Bertuzzi sigue en ese lugar, a tiro de decreto del presidente Alberto Fernández que, en campaña, criticó ese traslado irregular.
En la sentencia contra Boudou queda claro que los jueces le dieron “carácter confesorio” a la declaración de Vandenbroele. En la sentencia consta: “como a nadie escapa, casi 8 años después, Alejandro Paul Vandenbroele, al prestar declaración en el debate quebró el pacto de silencio, confesó su participación en los hechos y brindó un relato pormenorizado sobre algunos sucesos relevantes de la causa, en los que tomó parte o pudo conocer de diversas maneras”. Los jueces también dicen que la de Vandenbroele fue una “clara y sincera confesión”, que respecto a las denuncias contra Boudou y los demás imputados, “al momento de prestar declaración, Vandenbroele vertió un genuino relato confesorio” que “ha contribuido a acreditarlos en parte y a sustentar las imputaciones que, la Fiscalía y las querellas”.
Incluso la jueza López Iñiguez, cuyo voto tuvo diferencias con los de los jueces Costabel y Bertuzzi, describe “la confesión de Alejandro Vandenbroele (como) hilo conductor ineludible, en muchos aspectos, de los hechos aquí probados” y le da a “esta confesión un peso significativo y un rol central en la explicación de los hechos” y afirma que “la prueba (sobretodo la documental) se ordena armónicamente alrededor de su versión”.
“Yo no tengo duda que había un negocio y un arreglo económico entre los Brito y Boudou y Núñez Carmona, pero desconozco sus términos”, declaró Vandenbroele. Boudou terminó condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Vandenbroele la sacó barata: 2 años de prisión en suspenso y obligación de hacer tareas comunitarias.
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