El juicio oral y público por la desaparición de Paula Perassi comenzará el jueves 21 de marzo. Así lo resolvió este martes la Oficina de Gestión Judicial de San Lorenzo. De esta manera, se cumplió con lo resuelto el pasado 8 de noviembre por el camarista penal Carlos Carbone, quien exigió que el juicio comience antes de finalizar el mes de marzo.
El tribunal a cargo del debate estará integrado en la presidencia por Griselda Strólogo (jueza penal de San Lorenzo, ciudad en la que se produjeron los hechos que se juzgarán) y por los vocales Mariel Minetti (jueza penal de Casilda) y Álvaro Campos (juez penal de Cañada de Gómez).
Las audiencias se realizarán en el Centro de Justicia Penal de Rosario y comenzarán, todas las jornadas que dure el juicio, a las 8.30.
En noviembre se llevó adelante la audiencia de apelación en la que la defensa del principal acusado, el empresario Gabriel Strumia, reclamó su libertad ya que lleva más de 3 años en prisión preventiva. El juez de Cámara Carbone no hizo lugar a esa medida, prorrogó la prisión por 6 meses y puso como condición que el juicio oral no traspase ese lapso.
Paula Perassi desapareció hace más de siete años en San Lorenzo. La hipótesis de la Fiscalía es que la mujer tenía una relación extramatrimonial con Gabriel Strumia, quedó embarazada, fue secuestrada y falleció cuando fue obligada a abortar. Su cuerpo nunca apareció.
El caso
Strumia está acusado de “aborto sin consentimiento seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada”, imputación que comparte con su esposa Roxana Michl, su empleado Antonio Díaz y la partera Mirta Rusñisky. En la causa hay cinco policías implicados: Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli, y los dos ex jefes de la fuerza Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol. Todos ellos están imputados de encubrimiento del crimen e incumplimiento de sus deberes. También, de los delitos de sustracción, destrucción de pruebas y falsedad ideológica de instrumento público.
Paula salió de su casa en San Lorenzo el domingo 18 de septiembre de 2011, después de recibir una llamada telefónica, y nunca regresó. Tenía entonces 34 años, estaba casada –en los papeles, aunque estaba separada de hecho de su marido, con el cual sin embargo seguía compartiendo vivienda– y era mamá dos varones de dos y seis años. La investigación develó que la mujer mantenía una relación sentimental con Strumia, un empresario del transporte de la ciudad de Puerto General San Martín, de 41 años, y que estaba cursando las primeras semanas de un embarazo fruto de este vínculo.
La investigación consiguió determinar, para la Fiscalía, que a Paula se la privó de su libertad, fue obligada a abortar y murió en medio del procedimiento. Esto derivó en una cadena de complicidades y participaciones para hacer desaparecer su cuerpo.
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